La movilización de la CGT para celebrar el Día de la Lealtad peronista, convocada con la consigna “Desarrollo, Producción y Trabajo” fue, por su forma y contenido, una radiografía del proceso que está en marcha en la central y sus alcances.

Todas las columnas estuvieron fuertemente “encuadradas”, sin sectores independientes. A esto contribuyó la completa ausencia de toda reivindicación inmediata o sentida por los trabajadores. Fue de punta a punta una demostración de fuerza de los aparatos sindicales.

El documento, que sustituyó a los oradores, tuvo un fuerte tono oficialista, pero evitó un respaldo explícito al gobierno y al FdT. Tradujo la intención de conformar un “polo sindical” con juego propio dentro del entramado del peronismo y de reafirmar su rol en el diseño de la llamada Nueva Normalidad.

“Llegó la etapa de poner en marcha políticas que sienten las bases de la transformación económica y social”, dice el texto, que no tuvo siquiera un rechazo formal a la reforma laboral, que sí se incluyó en el comunicado del confederal del 22 de septiembre. En relación a las patronales solo se pide “un compromiso de responsabilidad social empresaria que le cabe a los sectores de mayor concentración económica”.

La reivindicación de “la alianza entre la producción y el trabajo” como instrumento para superar la crisis económica y social “heredada y agravada dramáticamente por la pandemia” y el llamado a “profundizar el diálogo social institucionalizado” se inscribe en la línea del pacto social o el acuerdo de diez puntos de Sergio Massa, que ya había reclamado la CGT en su primera visita a la Casa Rosada luego de la derrota del gobierno en las Paso.

La movilización fue también una puesta en escena de la unidad que se viene cocinando (no sin cortocircuitos), con vistas al congreso del 11 de noviembre.

Con evidentes desigualdades participaron “todos los sindicatos confederados”: además de “los gordos” y “los independientes”, que controlan la mesa chica, estuvieron el moyanismo, encabezado por Camioneros y el Semun (Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional), ahora socios en la conducción de la CATT, la Confederación del Transporte; las 62 del sector que lidera el taxista José Ibarra; el grupo de sindicatos que responde al gastronómico Luis Barrionuevo; los gremios del Movimiento de Acción Sindical y la Corriente Federal de Sergio Palazzo. La conferencia de prensa, que se hizo durante la marcha, estuvo protagonizada por los dos secretarios actuales, Héctor Daer y Carlos Acuña, más Hugo Moyano.

De la convocatoria fue excluida la CTA, pese a los esfuerzos por lograr un lugarcito. El desaire dejó claro que la mayoría de las fracciones de la burocracia a Hugo Yasky no quieren ni cruzárselo en la calle.

Un tratamiento diferente tuvo la Utep, el gremio de los trabajadores de la economía popular, integrada por los movimientos sociales afines al gobierno, que fue coconvocante de la movilización. El sitio que finalmente ocupe en la estructura de la CGT aún está por definirse, pero con seguridad no será en el Consejo Directivo, como se especulaba en algún momento. Se habla de un Observatorio Social u otro sello similar, que sirva para contenerla.

Los más de dos millones de afiliados de la Utep -con sus congresales– son un factor que puede desequilibrar todo el andamiaje de la central y, al mismo tiempo, una pieza clave para avanzar con la reconversión de los planes sociales en trabajo formal precarizado.

El plan Puente al Empleo, similar al plan Empalme del macrismo, que exime de aportes patronales y convierte el subsidio en parte del salario (es decir lo transfiere al empleador) es, junto a la modificación de los convenios colectivos, una viga maestra de la recuperación que impulsan el gobierno y las patronales.  Los convenios firmados con la Uocra y con gastronómicos se ampliarán por decreto a todas las actividades, como anunció Alberto Fernández en Idea.

La forma concreta de “la alianza entre la producción y el trabajo” que defiende la burocracia de la CGT es el convenio que el Smata acaba de suscribir con la patronal de Toyota, que vulnera derechos y destruye el salario, es decir, el sometimiento de los trabajadores a las patronales, bajo la tutela del Estado. En eso consiste precisamente “la lealtad a Perón y su doctrina”.

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