Los pronunciamientos, comunicados y declaraciones respecto al avance del proceso judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están dando que hablar. Ahora, la CTA de los Trabajadores, que actualmente conduce Hugo Yasky, convoca a deliberaciones, manifestaciones y un “paro activo” por Cristina: todo lo que se rehúsan a hacer por los reclamos de los trabajadores contra el ajuste.

La obsecuencia de la conducción yaskista no podría ser mayor, ya que el comunicado difundido por la central omite precisar que es este gobierno el que desenvuelve el ajuste contra los trabajadores y el que impulsa las medidas que “vienen por nuestros derechos y conquistas históricas”.

La reacción de la dirección yaskista contrasta con lo ocurrido con los recortes al presupuesto de Educación, particularmente los 30 millones de pesos suprimidos del programa Conectar Igualdad, que dejan a miles de chicos sin acceso a la formación y a los contenidos escolares.

También con lo ocurrido recientemente con la determinación del salario mínimo, para lo que no convocaron ni a una radio abierta. La posición que manifestó públicamente Hugo Yasky, sin mandato alguno, era la de un aumento total del 90%… para empatarle a la inflación proyectada.

Aunque la propuesta de Yasky no movía el amperímetro del salario mínimo, manteniendo el statu quo de un ingreso de indigencia deprimido en los últimos años, la CTA de los Trabajadores se resignó al aumento de hambre del gobierno, 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación proyectada, limitándose a “abstenerse” en la votación del Consejo del Salario.

Este dato importa porque según un acuerdo firmado en 2016, entre el gobierno de Macri y Ctera, el piso de los sueldos iniciales de los docentes de todo el país debe estar un 20% por arriba del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El salario inicial docente quedaría en $61.000 en septiembre y $69.000 en noviembre, casi seguro en niveles de indigencia.

La arenga con la que ahora convocan a luchar contra la judicialización de la vicepresidenta es parte del operativo de encubrimiento de un gobierno comprometido hasta el fondo con el ajuste del FMI. La conclusión del comunicado difundido da la impresión de quien gobierna es el macrismo, y no el Frente de Todos. Se trata de una utilización de un proceso judicial parcial, que limita los alcances al kirchnerismo dejando indemne al macrismo, como argumento para alinearse al gobierno y plegarse a un operativo de polarización política.

Esta actitud también da cuenta de que la dirección actual de la CTA de los Trabajadores ha renunciado a la representación gremial, justamente, de los trabajadores; y solo responde a una defensa corporativa de un gobierno en decadencia.

Las centrales obreras deben romper con el pacto con el gobierno y el apoyo a su política antiobrera e intervenir en la crisis actual con los reclamos urgentes de los trabajadores, que plantean un salario mínimo que cubra la canasta básica de $112.000, recomposición general de los salarios, no al pacto con el FMI y al pago de la deuda externa, por empleo genuino en la obra pública y la industria y un plan económico de la clase obrera.