Sindicales
1/7/2025
La Justicia declara inconstitucional el DNU antihuelga, pero sigue la ofensiva antiobrera
El gobierno busca allanar el camino de una nueva reforma laboral contra los trabajadores.
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Paro general.
La Justicia nacional falló recientemente contra el decreto antihuelga de Javier Milei, declarando su inconstitucionalidad, en los marcos de una ofensiva generalizada del gobierno y las patronales contra los trabajadores. No hay que confundirse: lo actuado por la Justicia contra un decreto manifiestamente inconstitucional no impide que el gobierno acelere su política de imponer una reforma laboral antiobrera y suprimir derechos constitucionales, como lo hace a diario con su política represiva y de espionaje contra los trabajadores, incluso con el favor de la burocracia sindical colaboracionista.
El fallo de la jueza de primera instancia, Moira Fullana, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, con motivo de la presentación realizada por la CGT, decreto que extendía arbitraria y antojadizamente las actividades consideradas como servicios esenciales, anulando el ejercicio del derecho a huelga, e incorporaba la figura de “servicios trascendentales” con la misma intención, incluyendo a la casi totalidad de actividades laborales.
El decreto de Milei pone de manifiesto la voluntad del gobierno de atar de pies y manos a los trabajadores, en un cuadro donde intentan imponer una reforma laboral que profundice lo incorporado con la Ley Bases, suprimiendo más derechos y conquistas obreras y flexibilizando las condiciones laborales.
La respuesta de la CGT, ante estas circunstancias, ha sido más que tibia, pretendiendo celebrar una victoria en los estrados judiciales, cuando la reforma laboral avanza de hecho en los lugares de trabajo, con la Ley Bases y con el Acuerdo de Mayo, que el gobierno revivió a los solos fines de avanzar más contra los trabajadores.
Posiblemente este fallo sea utilizado por la CGT para respaldar sus política colaboracionista, que se ha caracterizado por negociar con el gobierno las reformas estructurales que pretenden las patronales –como la incorporación de los Fondos de Cese Laboral-, aislar los procesos de lucha como la huelga de los obreros metalúrgicos de Tierra del Fuego o directamente oponiéndose a los conflictos gremiales por salario y condiciones laborales.
El fallo de la Justicia tampoco implica ninguna garantía de fondo en defensa del derecho constitucional de huelga, sino que es en extremo formal, ya que sanciona la modalidad empleada por el Ejecutivo para alcanzar su propósito, destacando que al no haber “pronunciamiento tanto de la Comisión Bicameral como de las Cámaras del Congreso Nacional” se afianza el criterio de la “prohibición de emitir disposiciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional” del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional.
Esta situación deja planteada que la lucha contra la ofensiva patronal y antiobrera del gobierno es ahora y no en las elecciones de 2027 o en los estrados judiciales, donde avanza gran parte de la batería de resoluciones y decretos gubernamentales contra la población trabajadora.
El gobierno busca afianzar las condiciones, por todos los medios, para descargar el ajuste sobre los trabajadores y evitar cualquier respuesta colectiva que amenace con su política y su orientación patronal. Los trabajadores debemos organizarnos para enfrentar y echar a este gobierno ajustador, derrotando a Milei y su reforma laboral antiobrera.
