Sindicales
7/7/2026
La Justicia rechazó las denuncias persecutorias contra los trabajadores del Garrahan
Otro revés para la persecución impulsada por el gobierno y las autoridades del hospital.
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la denuncia impulsada por las autoridades del Hospital Garrahan contra los trabajadores que protagonizaron el conflicto de 2025, estableciendo que las protestas no constituyeron delito alguno. Se trata de la tercera instancia judicial que desestima el intento oficial de criminalizar una lucha que enfrentó el vaciamiento del principal hospital pediátrico del país.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el fallo representa un nuevo revés para la ofensiva gubernamental contra quienes encabezaron más de seis meses de paros y movilizaciones en defensa del hospital. La lucha del Garrahan enfrentó el congelamiento salarial, la pérdida de personal por renuncias y jubilaciones no reemplazadas y el progresivo deterioro de la atención. La organización de los trabajadores logró quebrar la política oficial imponiendo un aumento salarial del 61%.
La respuesta del gobierno fue una represalia, por medio de las autoridades del hospital, las que abrieron sumarios contra dirigentes y activistas, acompañados por una denuncia penal basada en una de las movilizaciones realizadas contra los descuentos salariales. Esa maniobra acaba de recibir un nuevo rechazo judicial.
Lipcovich recordó además que fue el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció públicamente despidos, suspensiones y sanciones cuando el sumario ni siquiera había concluido, anticipando un resultado que nunca pudo sostenerse con pruebas. Ahora, con la Justicia descartando la existencia de delito, los trabajadores reclaman el cierre definitivo de unos expedientes disciplinarios que solo persiguen a quienes enfrentaron el ajuste sobre la salud pública.
Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE Garrahan, también denunció que la persecución continúa pese a la contundencia de los fallos judiciales. Mientras los sumarios siguen abiertos y persiste la amenaza de despidos y suspensiones, las autoridades mantienen los problemas de fondo: falta de incorporación de personal en áreas críticas, opacidad en el manejo de los recursos y una administración que continúa descargando el ajuste sobre trabajadores y pacientes.
El fallo de Casación constituye un golpe a la política de criminalización de la protesta impulsada por el gobierno. Pero la pelea no termina hasta hacer efectivo su cumplimiento, y el cierre inmediato y cese de toda represalia contra los trabajadores del Garrahan, como nuevo punto de apoyo para la defensa del hospital público.
