Hebe Sosa, madre de Matías Dimuro (26), joven muerto por una descarga eléctrica mientras trabajaba para una tercerizada de Claro, y fundadora de Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral, se ha sumado como candidata a la lista A1 del Frente de Izquierda Unidad para desarrollar una intensa campaña de denuncia de la complicidad del gobierno y de todos los partidos que gobernaron en las últimas décadas con los crímenes laborales y la precarización laboral que sufren los trabajadores.

Su candidatura es fruto de las conclusiones políticas alcanzadas por los familiares que constituyen la agrupación de Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral y constan en el programa que le dio origen. Sobre estas bases, los familiares superan los límites de la lucha individual por justicia en cada uno de los casos (que jamás van a abandonar) para abrazar la madre de todas las batallas contra el régimen que apaña y protege la sobreexplotación capitalista.

Esto se da en los tiempos de una negociación con el FMI que lleva adelante el gobierno de los Fernández (con apoyo de la oposición derechista y de la centroizquierda cooptada por los grandes bloques políticos patronales), que se consumará tras las elecciones, y que implicará el hipotecamiento económico del país y el compromiso de reformas estructurales, entre las cuales está una reforma laboral que quedó como objetivo trunco del macrismo.

Reforma laboral y crímenes laborales

En efecto, las jornadas de diciembre de 2017 bloquearon el objetivo de imponer una reforma laboral como la del Brasil de Temer, pactada días antes con el PJ y el triunvirato cegetista. Miles de trabajadores movilizados entendieron que la ley previsional era el preludio de la reforma laboral. El cacerolazo posterior enterró la posibilidad de avanzar con una ley reclamada por toda la patronal para arrasar con los derechos adquiridos por los trabajadores
en sus convenios colectivos.

A pesar de esta derrota la precarización siguió avanzando en los hechos con la complicidad de la burocracia sindical.

Desde que en 1996 comenzó a funcionar el régimen de las ART los “accidentes laborales” no dejaron de crecer. Se entregó a las compañías de seguros un negocio gigantesco liberando a las empresas de responsabilidad frente a las muertes y mutilaciones por una módica suma mensual. El Estado abandonó su función de inspección y policía en momentos que imponía una política de despidos y tercerización.

En 2012, el kirchnerismo anuló la “doble vía”, obligando al trabajador accidentado o a sus familiares en caso de fallecimiento a optar entre cobrar las miserables indemnizaciones previstas o ir a un juicio prolongado y de resultado incierto. En 2017 y 2019, se pusieron más trabas para retrasar los juicios y se modificó el cálculo de las indemnizaciones que cayeron a un 50% de su valor. Resultado: $25.000 millones de ahorro patronal en juicios no realizados.

Según la organización Basta de Asesinatos Laborales, antes de la pandemia (2019) se produjeron 534 muertes. La cifra es mayor ya que al menos 200 no fueron registradas por ser trabajadores en negro, quedando afuera de la estadística. Es el caso de Leonardo Dellagiovana (37), tercerizado en negro en la empresa Sealed Air de Quilmes, quien cayó de un techo en el que trabajaba sin elementos de seguridad. En Mar del Plata, la lucha de los familiares de los hundimientos del Rigel y El Repunte ha logrado imponer medidas de seguridad para los trabajadores embarcados.

Juventud precarizada

La mitad de los fallecidos son jóvenes, muchos realizaban tareas en su primer empleo sin recibir capacitación. Hace casi tres años, en la papelera Sein de Florencio Varela, falleció Brian “Mechi” Cantero (23), enviado sin protección ni conocimientos a engrasar una máquina que no estaba en condiciones. Este año, se produjo la muerte de Joel Rodríguez (23) al estallar una vieja caldera en un frigorífico de Curuzú Cuatiá. Una pueblada llevó al procesamiento de los responsables. En Tucumán, Enzo Orellana (33) cayó desde 30 metros al desmoronarse una vieja antena a la que se lo obligó a subir bajo amenaza de despido. “Chochi” Stauffer (23) murió en Papelera Berazategui, presionado a ingresar en una máquina procesadora de papel sin medidas de seguridad. Dos días después, Octavio Migueles (20) falleció intoxicado pintando dentro de un tanque, sin elementales medidas de protección. Durante la pandemia, al menos 20 jóvenes repartidores murieron en las calles.

Pandemia y precarización

Oficialmente, sólo el 3% de las muertes es causado por enfermedades laborales mientras a escala mundial es el 38%. Esto sucede porque en Argentina sólo son reconocidas como enfermedades laborales 44 mientras la OIT reconoce 106. Luego de disponer que las ART debían tomar al Covid 19 como enfermedad laboral, el gobierno decretó que fueran liberadas de receptar automáticamente las denuncias y la enfermedad ya no cuenta con la presunción de su carácter laboral.

En la pandemia, se precarizó incluso a gremios con convenios protectores de las condiciones de trabajo. Así los docentes fueron sometidos al teletrabajo sin dispositivos ni conexión, a la presencialidad sin condiciones y finalmente a la bimodalidad. El desguace de Aerolíneas Argentinas impuso una caída histórica en las condiciones de trabajo y salario. Sólo la organización obrera combativa logró imponer el cumplimiento de protocolos.
Las cifras oficiales no registran hasta qué punto la pandemia causa estragos entre los trabajadores, obligados a usar transporte público, precarizados o esenciales, sin protección sanitaria ni compensación; muchos siendo adultos mayores o con comorbilidades, forzados a trabajar por patronales que ignoraron los DNU de Alberto Fernández.

Un caso entre otros es el del vigilador de la empresa Murata Miguel Olmedo quien a los 64 años fue amenazado por acogerse a la licencia que le correspondía por su edad y enviado a la Villa 31 en castigo, en el peor momento del brote, falleciendo. Esta patronal del riñón del macrismo fue fundada por el espía Montenegro y su presidente es el ex comisario Raglewsky, exonerado por corrupción y encubrimiento de casos de gatillo fácil. Han hecho figurar a sus empleados como aportantes a la campaña de Macri, razones que llevaron al legislador Gabriel Solano a presentar un pedido de informes al ex vicejefe de gobierno  Diego Santilli en la Legislatura.

Un programa

La lucha contra la precarización y los crímenes laborales ha conocido enormes luchas del movimiento obrero. Entre ellas la que en 2010 libraron los tercerizados del Roca y que le costara la vida a nuestro compañero Mariano Ferreyra. Hoy continúa con los tercerizados de varios ferrocarriles. La muerte de David Ramallo en 2015 desató en la línea 60 una lucha de 40 días.

La campaña electoral será el terreno de una gran lucha por instalar la agenda obrera contra el trabajo en negro, la tercerización y la precarización laboral, y por la derogación de la ley de riesgos del trabajo y la restitución de la responsabilidad empresaria, así como por las comisiones de seguridad e higiene obreras electas en todas las empresas.

Para eso, contamos con los proyectos que el Partido Obrero, a través de sus diputados Romina Del Plá y Néstor Pitrola, presentaron en los últimos años y constituyen un programa de acción para los trabajadores, así como una herramienta para desenvolver una gran campaña que prepare una gran movilización de todos los familiares de víctimas al centro del poder político contra la precarización y los crímenes laborales.

https://prensaobrera.com/politicas/villa-recicla-los-recicladores-se-organizan/