Con el triunfo de Milei se abre un período de ofensiva directa contra las masas que ya comienza a sentirse en las fábricas. En las últimas semanas se sucedieron el cierre de una planta de SanCor en Santa Fe, ataques al salario de los trabajadores fuera de convenio de Toyota, retiros voluntarios en Renault y Mercedes Benz y despidos en Mirgor.

Mirgor, una de las principales fábricas electrónicas del país, ubicada en el parque industrial de Río Grande, Tierra del Fuego, anunció el despido de 450 operarios temporales en dos de sus plantas y suspensiones de diez días para el personal efectivo. La empresa aduce que le faltan insumos para producir debido al cepo importador, sin embargo, fue una de las beneficiadas del swap con China a la cual se le permitió saldar deuda comercial y pagar importaciones utilizando yuanes.

Uno de sus principales accionistas es Nicolás Caputo (primo del futuro ministro de Economía de Milei, Luis Caputo), empresario prebendario de la primera hora, quien, a través de las rebajas impositivas que los sucesivos gobiernos le han otorgado a la industria fueguina, sumado a las medidas arancelarias proteccionistas, ha podido conformar un conglomerado compuesto por 5 plantas que domina el mercado local de celulares y remarca precios a su antojo.

A pesar de la fortuna acumulada, los dueños de Mirgor no tienen ningún empacho en dejar a centenares de trabajadores en la calle, con la anuencia de los gobiernos saliente y electo. Por otra parte, la compañía es parte de un holding que incluye negocios en el exterior, y por lo tanto cuenta con dólares propios si quisiera pagar sus importaciones; pero no se van a perder de especular con la devaluación. Y por último, revela a una industria dependiente de los insumos importados porque es una armaduría de piezas provenientes del extranjero. Como vemos, los operarios pagan con su puesto de trabajo el parasitismo empresarial.

Por otra parte, también asistimos al cierre de la planta de SanCor en San Guillermo, provincia de Santa Fe, dedicada a la producción de quesos, dejando sin empleo a 50 trabajadores y adeudando salarios y aportes retenidos por la patronal que no fueron volcados a la obra social. Hace seis la empresa láctea pagaba sueldos con un descuento promedio del 25% y se calcula en $3 mil millones la suma que debe girar a la obra social.

Por su parte, las automotrices, a pesar de contar con un régimen de beneficios impositivos y gozar del dólar exportador concedido por Massa, vienen arremetiendo contra sus trabajadores. La multinacional Nissan Renault busca deshacerse de 450 operarios de su planta de Córdoba a través de la modalidad de retiros voluntarios, que no son otra cosa que despidos encubiertos. De la misma forma procedió la filial local de Mercedes Benz, ubicada en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

A su vez, Toyota ya le avisó al personal fuera de convenio que, a partir de ahora, no regirán para ellos los aumentos bimestrales pactados por el sindicato, sino que deberán negociar su salario de manera individual. Se trata de una reforma laboral en los hechos, precedida por la extensión de la jornada que ya había aplicado la empresa sobre todos los trabajadores, con el aval del gobierno y del Smata.

Estas compañías no pueden ampararse en ninguna crisis para justificar sus ataques antiobreros, dado que la producción de la industria automotriz argentina se encuentra en los niveles más altos de los últimos diez años. En ese sentido, la producción de los primeros ocho meses del 2023 aumentó 19,5% interanual, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

El próximo gobierno tiene la intención de recomponer la tasa de beneficio de los capitalistas a costa de una mayor explotación obrera, que incluye despidos, derrumbe salarial y flexibilización de las condiciones de trabajo. El escenario de estanflación anunciado por Milei oficiará de aliciente para que las patronales descarguen esa crisis sobre los trabajadores. La motosierra no es un mero recorte del gasto público, sino una reconfiguración económica que parte de barrer con las conquistas obreras.

Por lo tanto, debemos organizarnos en cada lugar de trabajo detrás de un programa que responda a los intereses de los laburantes: prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros de las empresas que cierren o despidan (para constatar si tienen la espalda suficiente para garantizar los puestos de trabajo), defensa de los convenios colectivos de trabajo, ocupación de toda fábrica que cierre o despida y aumentos salariales indexados a la inflación. Los trabajadores tenemos que intervenir en este escenario político.

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