En el marco de los anuncios de la ofensiva antiobrera que prepara Javier Milei y la casi segura designación del abogado laboralista Omar Yasín para cubrir la Secretaría de Trabajo, vuelve a instalarse la eliminación de la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) como medio para suprimir masivamente derechos y conquistas laborales.

Yasín, de pasado en la gestión macrista de Jorge Triaca al frente del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) y parte del entorno de Patricia Bullrich, es el promotor de una medida drástica contra los trabajadores, que implica la caducidad a término de los CCT y la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo como “piso” regulatorio.

La ultraactividad de los convenios establece la continuidad de los CCT como regla ante el vencimiento del plazo pactado en los mismos, pudiendo ser revocables solamente por la vía de una nueva negociación colectiva suscripta por las partes.

Esta salvedad conlleva que en la actualidad se preserven derechos y conquistas obreras obtenidas por los trabajadores y sus sindicatos, que no han sido entregadas y/o renegociadas por la burocracia sindical, siendo ineludibles –aunque sea formalmente- por las patronales.

La propuesta de Yasín y compañía es invertir la naturaleza “proteccionista” de la ley, estableciendo la caducidad a término de los CCT, forzando a los trabajadores y sus organizaciones a renegociar permanentemente sus condiciones laborales para no tener que partir así del piso establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, donde quedan por fuera diversos derechos e institutos consagrados en las negociaciones y conquistas de cada gremio.

Cabe agregar que Javier Milei viene anunciado abiertamente su intención de asestarle un golpe duro a la normativa laboral, con la eliminación de las indemnizaciones por despidos injustificados –extendiendo el régimen de Fondo de Desempleo de la Construcción– y las multas y sanciones correspondientes a las irregularidades y despidos patronales.

La derogación de la ultraactividad de los convenios tiene su antecedente inmediato en la polémica Ley Banelco del gobierno de De la Rúa, que subsistió hasta los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y que implicaba una serie de reformas flexibilizadoras contra los trabajadores.

Un intento de avanzar en esta orientación supone un ataque contra los trabajadores, forzando la aceptación de cláusulas y términos perjudiciales para garantizar el sostén de algunos derechos amenazados por la caducidad: cada nueva negociación sería el punto de partida de una mayor flexibilización y precarización laboral.

Se pasaría de un régimen que supone la “progresividad” en la conquista de derechos a una regresividad dada por una renegociación permanente sin condiciones ni garantías mínimas de continuidad. Un esquema que propende a la adaptación de las condiciones laborales a las necesidades coyunturales del mercado, sin derecho alguno consagrado.

Milei se vale del “capital humano” fracasado del macrismo para intentar avanzar en reformas estructurales contra los trabajadores, algo que demanda la atención de los trabajadores para evitar, nuevamente, que esta avanzada prospere.

Una tarea que no puede confiarse a la burocracia sindical que pacta con las patronales y entrega a los trabajadores, sino en la organización independiente y la recuperación de los sindicatos para ponerlos al servicio de los intereses colectivos de los trabajadores.

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