Un régimen “de facto”

Apenas una semana antes, entre reuniones y secretas y presiones de los lobbystas de Roggio, Ibarra había ejecutado un silencioso “putch” sobre la Legislatura, para obligar a los diputados de la ex Alianza a ratificar el veto a la ley de subtes. Unas horas después, esa misma Legislatura se proclamó a sí misma una mera oficina de registro, cuando los bloques del oficialismo y del PJ resolvieron que, de ahora en más, las sesiones sólo serán públicas “por invitación”, a razón de dos personas por diputado. “Esto no es un Cabildo”, bramaban los campeones de la “democracia participativa” para justificar su decisión. La Legislatura pasaba, así, a ser una oficina pública, al estilo de la “Comisión de Asesoramiento Legislativo” que funcionaba en el Congreso Nacional bajo la dictadura de Videla.

La razón de esta brutal restricción era muy clara: la Alianza y el PJ se habían puesto de acuerdo para mandar a “archivo” la ley de subtes. Los oficialistas votarían el “pase a comisión” y el PJ el “rechazo al veto”, sabiendo que no reuniría los votos necesarios para ratificar la ley. Es habitual, en el trámite parlamentario, que cuando una ley no reúne el consenso para su sanción permanezca “reservada”, con el objetivo de evitar una votación desfavorable. En este caso, no fue así: el PJ y la Alianza se juramentaron en “despacharla” este jueves, y apurar de una vez el trago amargo que había llevado a centenares de obreros a la Legislatura. Semejante contubernio sólo podría llevarse adelante “en privado”, para preservar al “recinto” de la justa indignación de los trabajadores.

Para salirse con la suya, no vacilaron en violar groseramente la constitución de la Ciudad, que establece el carácter público de todas las sesiones legislativas. Esto explica que, cuando se iniciaba la sesión, tres jueces resolvieran dejar sin efecto la decisión de la Legislatura y ordenar el ingreso irrestricto del público. Una jueza, inclusive, concurrió hasta la sesión para hacer cumplir de inmediato esa disposición. Pero los radicales, frepasistas, justicialistas y la Ucedé se apartaron por un momento del trámite de la ley de subtes para votar una resolución… desacatando el fallo judicial. En forma simultánea – y probablemente sincronizada – se desataba una brutal provocación policial contra los centenares de manifestantes que, en la puerta de la Legislatura, pretendían ejercer su derecho a asistir a la sesión.

La ficción de la división de poderes y de las garantías constitucionales se acababa de derrumbar de un plumazo: para impedir una conquista obrera, los “progres” no vacilaron en erigirse en régimen de facto, desconocer a la Justicia, desatar un conflicto de poderes y apalear a los trabajadores.

Qué es lo que está en juego

A comienzos de año, Ibarra desconoció la obligación de sancionar una ley de presupuesto y dispuso una “emergencia económica” que le otorgó superpoderes para manipular los recursos de la Ciudad. Los sucesos de esta semana han extendido la “emergencia” a un plano político más general: enterraron la ley de subtes de la mano de la Gendarmería, y pasando con una aplanadora por encima de la Legislatura y de la Justicia. Es que se jugaba, en definitiva, la conquista más preciada que los capitalistas le arrancaron a la clase obrera en la década menemista: la “flexibilidad laboral”, que extendió los horarios de trabajo, intensificó las jornadas y condujo a la degradación del salario y a la desocupación en masa. Los Roggio y los Macri, los capitalistas del turismo y del juego que Ibarra pretende “atraer”, exigen la preservación de esa degradación laboral que diariamente se cobra la vida y la salud de guardas y choferes del subte, pero también de albañiles, motoqueros y pasantes telefónicos, entre otros.

La lucha del subte salió a enfrentar esta degradación. Si desenmascaró hasta el hueso el carácter procapitalista del régimen político en la Ciudad – y en particular a los que se declaran progresistas – fue por su profundidad. El Cuerpo de Delegados fue demoliendo, una por una, las primeras resistencias legislativas. Apeló a la movilización sobre todos los poderes, organizó a la mujer trabajadora, acudió al paro general y a los piquetes, desnudó la pasividad mortal de la burocracia pretendidamente combativa de la Uta de Palacios. La imagen de Carlos Pérez en hombros de sus compañeros, convocando al paro de las cinco líneas en la tarde del jueves pasado – y difundida por la televisión a todo el país – es en este sentido un mensaje claro: la clase obrera ocupada, castigada por la miseria salarial, el desconocimiento de los convenios y los despidos, se ha subido al carro del Argentinazo. Para cobrarse, uno por uno, todos los agravios impuestos por un régimen político y social hecho pedazos. Por eso, el jueves 24 sólo concluyó el ensayo general de una lucha que terminará imponiendo las seis horas.