Cerca de 50 trabajadores de la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) fueron despedidos este 30 de septiembre a través de la no renovación de contratos. Se trata de enfermeros, técnicos, farmacéuticos y médicos que fueron contratados bajo modalidades precarizantes al inicio de la pandemia para la pelea contra la misma. Esto se suma al despido de una residente días atrás, en ese caso a través del “bochazo” del examen anual.

Mientras las quejas sobre el terrorífico servicio que presta la Osep son vox populi, se recorta personal. Un despropósito que solo se entiende si se lo pone en el contexto del ajuste brutal que lleva adelante el gobierno contra la población trabajadora.

La Osep es en los hechos un apéndice del gobierno provincial, en la que los 300 mil afiliados cautivos no tienen ni voz ni voto en el manejo de la obra social. Los aportes son incluidos directamente como ingresos corrientes en el presupuesto provincial y no son destinados en su totalidad al funcionamiento de la obra social. Con el 6% de todos los salarios estatales de la provincia más los extras por afiliados indirectos, la Osep ha sido utilizada gobierno tras gobierno como una verdadera caja negra.

Estos despidos masivos sumados a las declaraciones de Alfredo Cornejo sobre la “reducción del empleo público” son una luz de alerta para los casi 3.000 trabajadores precarizados de la salud pública mendocina y, por lo tanto, para todos. Es la aplicación en los hechos de la reforma laboral y la eliminación de las indemnizaciones que exige el FMI, que promueven los voceros de Juntos por el Cambio y de las patronales, y que habilita sector por sector la burocracia sindical ligada al gobierno nacional.

Las y los trabajadores debemos fortalecer la organización independiente y antiburocrática para frenar el avance sobre las condiciones laborales que hemos conquistado a lo largo de un siglo con sudor y sangre. Esto debatiremos, entre otras cosas, en el plenario provincial de la Coordinadora Sindical Clasista del sábado 2 de octubre.