El gobierno dice haber escuchado el “mensaje de las urnas” y que está tomando las disposiciones para revertir la derrota que sufrió en las Paso. Hasta ahora todo indica que está lejos de eso.

Por empezar el ministro de Economía, Guzmán, fue confirmado. Lo cual es una ratificación implícita del ajuste que provocó los resultados electorales que quieren revertir. Por eso este sigue su curso y, más aún, se profundiza. Un estudio de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) señala que en lo que va de 2021 se ahorraron más de 190 mil millones de pesos en jubilaciones y pensiones. Según el Indec el 80% de los ingresos (que recibe casi el 59% de la población) está por debajo de la línea de pobreza. En el caso de los “no asalariados” (jubilados, beneficiarios de programas sociales, cuentapropistas, etc.) el promedio es de $38.236, en el de los asalariados es de $ 47.232. Como se ve la defraudación, hartazgo y bronca de quienes esperaban se cumpliera la promesa de revertir el mazazo de Macri al bolsillo popular están mucho más que fundamentados.

Sin embargo las medidas “semianunciadas” están en las antípodas de las que hay que tomar para revertir este saqueo. Para los jubilados con la mínima se plantea un bono de $ 6.000 por única vez. En los otros rubros la cuestión no cambia. El apuro por dar buenas noticias llevó a adelantar la reunión para fijar un nuevo salario mínimo: terminaron pariendo 33.000 pesos para marzo, es decir, por debajo de la línea de indigencia. De reabrir las paritarias, ni palabra. La IFE cada vez parece más lejos y más restringida en cuanto a quiénes la recibirán y en cuanto al monto.

Toyota: FMI recargado, ajuste más reforma laboral

La tardanza en concretar estas migajas es una indicación clara de que el ajuste no se abandona. Esta es una condición que el FMI viene imponiendo para poder llegar a un acuerdo que postergue pagos de la deuda y libere al país y a los capitalistas locales para salir a endeudarse al exterior. El gobierno dio prueba de esta necesidad cuando en el proyecto de presupuesto 2022 se plantea tomar deuda por 12.000 mil millones de dólares para cubrir necesidades financieras. En el presupuesto no se incluyen las cuotas de U$S 18 mil millones que habría que pagar al FMI, es decir, se descuenta un acuerdo sin que estén claras las condiciones del mismo, lo cual no es un acto de coraje sino de predisposición a ceder a los requerimientos.

A pesar del apriete que implica sostener la reducción del déficit fiscal el gobierno ha sido rápido en resolver reclamos capitalistas como es la eliminación de las retenciones a las exportaciones de servicios, beneficiando a los “unicornios” Mercado Libre, Globant, Argencom, Laboratorios Bagó, PWC, Ualá, entre otras, se trata de las grandes empresas del segundo complejo exportador y donde se destacan las de la llamada “economía del conocimiento”.

Con la misma velocidad el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, recompuso relaciones con la Mesa de Enlace de los sojeros, habilitó la exportación de carnes a China y la reducción de retenciones. El nuevo jefe de Gabinete, el antiderechos Manzur, festejó la medida señalando que “con la liberación de exportaciones de carne, se refuerzan políticas que cuidan el empleo”. El marco del anuncio a la famosa “Mesa de Enlace” del capital agrario, con medio gabinete y varios gobernadores, escenificó el desplazamiento del centro de gravedad del poder real del gobierno peronista hacia el viejo PJ y sus alianzas con las oligarquías provinciales.

Pero la señal más clara es el avance que se da con el acuerdo de reforma en el régimen laboral de los trabajadores de la empresa Toyota que fundamentalmente consiste en alterar la jornada laboral, y sobre todo el descanso del fin de semana, autorizando a la patronal a obligar a los trabajadores a concurrir los sábados a cambio de un franco semanal y una suma fija (que la inflación se hará cargo de depreciar en poco tiempo). Las implicancias del caso Toyota son de enorme importancia para todos los trabajadores, independientemente de las particularidades del mismo. Responde a un reclamo de toda la clase capitalista y del propio Fondo Monetario. El objetivo es proceder a modificar convenios para una mayor explotación absoluta. Aunque la reforma es presentada como necesaria para lograr mayores inversiones “productivas” en el país, lo cierto es que Toyota (y la clase capitalista de conjunto) no pasa de usar la capacidad instalada, y sacarle a esta el mayor provecho a costa de los laburantes.

El otro dato clave de Toyota es que los representantes del Smata están prontos a aprobarla. Es decir, la burocracia sindical, que dice oponerse a una “ley de reforma laboral”, en realidad se postula para implementarla gremio por gremio, lugar por lugar, como amerite la situación. Kulfas, a la cabeza del operativo. Este gabinete, posderrota electoral, cuenta con el apoyo explícito de la burocracia sindical que tiene una relación estrecha con Manzur, reforzada en una reciente reunión con Daer, uno de los gordos que ocupa la CGT, y en otra con Cavalieri y Moyano realizada por Julián Domínguez. Es una alianza contra los trabajadores y a favor de los reclamos de los capitalistas y el FMI, la burocracia actúa como garante de su ejecución.

Con este rumbo, el PJ-kirchnerismo lo que está dejando en claro es qué intereses son los que está dispuesto a defender, y quiere ofrecer su mejor capacidad para honrarlos cuando le quedan aun dos años en el gobierno y frente a una oposición que aparece aún lamiéndose las heridas que le provocó el fracaso de los cuatro años de su gobierno bajo Macri, uno de los motivos que empaña el haberse logrado imponer al oficialismo en provincias clave y territorios kirchneristas. En esencia ambos tienen al acuerdo con el FMI como centro. La importante abstención electoral es un desafío para ambos.

Una crisis que continúa

El gobierno golpeó a su base electoral progresista con un gabinete derechista dominado por elementos clericales, represores, antiderechos y sosteniendo al ministro clave, por ahora, para llegar a un acuerdo con el FMI. Este cambio de gabinete contó con el aval de todas las facciones de la coalición de gobierno, incluida la propia CFK que con un golpe palaciego precipitó los cambios. Sin embargo la crisis no logra apagarse. Alberto Fernández ha sido sacado de escena, Massa se ha guardado a la espera de que un fracaso en noviembre lo convierta en la pieza necesaria, y CFK obligó a Kicillof a entregar su gobierno a los barones del conurbano y refugiarse en un gabinete paralelo disfrazado de consejo de asesores. La foto de este copamiento fue la reunión de la nueva mesa de campaña: Manzur, Aníbal Fernández, Insaurralde, Massa, Kicillof, Máximo y Wado de Pedro.

Ya son muchos los que desde las filas del mismo oficialismo pronostican el fracaso de la tentativa propuesta. En estos días cobraron relieve las declaraciones del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que sin pelos en la lengua dijo que “no hay manera de revertir la derrota de las Paso”. Sujarchuk estaba ligado a La Cámpora, a pesar que no era de la mesa chica, y a CFK; sin embargo, dijo que ella y su hijo “se dieron cuenta de que si no se intentaba un cambio de timón, se venía una rebelión de intendentes en el Gran Buenos Aires”. Los heridos suman muchos y los recursos son pocos.

La crisis es alimentada no solo por el resultado electoral. El empantanamiento económico no se supera con la normalización como resultado de la casi inexistencia de las restricciones que impuso la pandemia. La incapacidad del gobierno de financiarse en dólares está clara por la ausencia del acuerdo con el FMI, en principio, pero también por las complicaciones que ofrece el cuadro internacional del cual la crisis del grupo inmobiliario chino Evergrande es una muestra. La “novedad” es que trastabilla la capacidad del endeudamiento en pesos, lo cual acelera la emisión y el aumento de las tasas de interés. El gobierno tiene comprometidas las reservas y con ello la posibilidad de frenar la devaluación que se viene profundizando. El supercepo no ha logrado detener la fuga de capitales que ha ido de la mano con un aumento de la brecha cambiaria. Frente a la caída de las reservas, el gobierno está apelando a pisar las importaciones, lo cual está paralizando la cadena de producción que enfrenta faltantes crecientes de insumos en la industria para desarrollar su actividad. Esto pone palos en la rueda a cualquier perspectiva de recuperación económica Entre tanto las expectativas inflacionarias son difíciles de desmontar y el 34% propuesto en el proyecto de presupuesto no es tomado seriamente por nadie.

Mientras esto sucede el presidente del Banco Central, Pesce, ha reconocido que “el país genera fuertes excedentes económicos: los residentes argentinos son dueños de activos extranjeros por unos 400.000 millones de dólares y habría otros 200 mil millones en el país fuera del circuito”, al mismo tiempo que afirmó que “el saldo positivo de la producción de riqueza son U$S 150 mil millones”. Lo cual no le impidió versear sobre mayor inversión extranjera, en nombre de la cual se plantea la reforma laboral (mayor explotación), la caída del salario (en dólares Argentina es el segundo país de América Latina con el salario más bajo), la reducción de los gastos corrientes (sociales, previsionales, educación, salud, etc.). Cuentas reveladoras de adónde se va el esfuerzo de los trabajadores del país, a los cuales solo les queda mayor pobreza y miseria.

A fortalecer y extender en el avance del FIT-U

El crecimiento que obtuvo el FIT-U en las últimas elecciones y sobre todo en los sectores más golpeados por la crisis es un motivo de preocupación en el “círculo rojo”, su evolución en términos políticos y organizativos es lo que “más duele a los dueños de poder”. Por eso desde el gobierno, e incluso desde algunos medios, se insiste en que parte de la reversión de la derrota se lograría “dando vuelta” votos de la izquierda. Tamaña hazaña para un gobierno que no renuncia al ajuste que le hizo perder las elecciones.

El Partido Obrero, sus organizaciones, y el Frente de Izquierda, vamos por los votos de ellos. Y lo hacemos organizando la lucha contra el ajuste en todos los terrenos, enfrentando a la derecha que anida en la oposición y en el oficialismo (hoy muy bien expresada en el gabinete); lo hacemos levantando el planteo de un salario equivalente a la canasta familiar de 100.000 pesos, del 82% para los jubilados, del seguro al desocupado, del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Lo hacemos defendiendo la lucha de las mujeres contra la violencia y por la real implementación de la IVE. Por la ESI, los reclamos de las diversidades y la separación de la Iglesia del Estado.

Lo hacemos rechazando los acuerdos con el FMI, y levantando el desconocimiento de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores para que el “excedente” del que habla el presidente del BCRA sea destinado a un proceso de industrialización, un plan de viviendas y una reestructuración en función de los intereses de la mayoría.

Lo hacemos en nuestra lucha por un gobierno de las y los trabajadores.