Finalmente se realizó el anunció por el cual se otorgan, a cuenta de la próxima paritaria, los $3.320 de bolsillo para los estatales nacionales. La suma fija se desdobla en dos cuotas pero, a diferencia de los trabajadores privados se cobrarán en marzo y abril.

La medida alcanzaría sólo al 70% de los estatales nacionales, quienes perciben un salario por debajo de los 60 mil pesos mensuales brutos (48,5 mil pesos de bolsillo). A estas horas, sin embargo, no se conoce el Decreto. Según las informaciones de los medios los trabajadores que superen dicho tope con la primera cuota del 5% a cobrar en febrero (parte del acuerdo paritario firmado en junio de 2019) no recibirán la suma fija.

Las mismas fuentes sostienen que el tope de 60 mil pesos bruto deja afuera a 110 mil estatales nacionales (un 30% de los trabajadores). Sin embargo, esta cifra no incluye a los monotributistas, quienes no son alcanzados por la medida. Tampoco los judiciales y docentes universitarios. Para los estatales provinciales y municipales, no se fija ningún tipo de recomposición salarial: el gobierno nacional “invita” a gobernadores e intendentes a imitar la medida, en momentos en que los estatales provinciales, como en Santa Cruz, en Santa Fe y en Tucumán sufren distintos ataques al salario mediante la suspensión de las clausulas gatillo o el atraso en los pagos.

¿Por qué el tope?

Que el 70% de los estatales nacionales tenga salarios menores a los 48 mil pesos de bolsillo (por debajo de la Canasta Básica), habla de la miseria salarial que abunda en la administración pública: según los cálculos del observatorio de la CTA, los estatales nacionales perdieron el 35% del poder adquisitivo en los últimos 4 años, cifra que solamente fue superada por los textiles. La suma fija, lejos de representar una recomposición salarial, apenas compensa la reposición del IVA.

Las expectativas en que el gobierno nacional revertiría el ajuste sobre los estatales mediante una verdadera recomposición salarial y la reincorporación de los despedidos por la gestión de Macri han sido sacrificadas en función de dar garantías para el pago de la deuda. El gobierno nacional como patronal de los estatales se ha mostrado más ajustadora que las cámaras patronales de los privados.

Los sindicatos

Tanto Andres Rodríguez de UPCN, como Hugo “Cachorro” Godoy y Daniel Catalano de ATE han apoyado la medida. Rodríguez y Godoy han dejado trascender que sólo le plantearon al gobierno la eliminación del tope, Catalano manifestó que “lo importante no es los que quedan excluidos, sino que es una inyección de plata a los más postergados”, plantándose como el más obsecuente de los dirigentes.

Las direcciones de UPCN y ATE (vale tanto para la Verde como para la Verde y Blanca) se han integrado al gobierno apoyando el planteo del Pacto Social o directamente colocando funcionarios como el caso de Claudio Lozano en el Banco Nación. Han renunciado, desde el vamos, a tener una política independiente que permita luchar por la recomposición salarial.

Para enfrentar esta política que consolida el ataque a los salarios estatales, es necesaria la completa independencia de las organizaciones obreras respecto del gobierno: plenarios de delegados y activistas, asambleas en todos los lugares de trabajo, y un plan de lucha por la recomposición salarial y la reincorporación de todos los despedidos.