La paritaria de los estatales nacionales fue un nuevo golpe para sus trabajadores: el 12% acordado entre UPCN y el gobierno constituye un nuevo salto en la licuación de los salarios. ATE, por su parte, rechazó el acuerdo y anunció medidas de fuerza para la próxima semana.

El acuerdo de UPCN

El 12%, que aplica sobre los sueldos de enero, fue presentado por UPCN como un aumento acumulativo (de junio de 2023 a febrero 2024) del 155,3%. El fraude es muy simple: si se considera para la comparación que el dato provisorio de la inflación esperada para este mes sería del 14% como indican algunas consultoras (Iprofesional, 20/2) la inflación acumulada en el mismo período (junio 2023 - febrero 2024) alcanzaría el 200,85%. Una pérdida en el salario de al menos el 45%.

La entrega de UP es aún más notoria cuando tradicionales sindicatos de la CGT, como la Fraternidad, Sanidad y Camioneros, plantean medidas de fuerza por ofertas salariales por debajo de la inflación, y en algunos casos superiores a las recibidas por los estatales, como el 15% de camioneros.

El rechazo de ATE

La novedad, sin embargo, fue el rechazo de ATE Nacional. El sindicato de la CTA venía acompañando todas las paritarias desde 2019 a la fecha, incluso la primera del gobierno de Milei.

A la salida de la reunión paritaria, Rodolfo Aguiar señalo ante los medios de comunicación que “con esta paritaria el gobierno empieza a planificar un recorte de los salarios de toda la administración pública”. El argumento se ajusta al relato construido por la conducción verde de ATE de que, hasta ahora, estaba bien aceptar los acuerdos (a la baja).

A su vez, señaló que la paritaria nacional estaba siendo observada por “los 24 gobernadores y 2.200 intendentes” y que “la Argentina no termina en la General Paz”. El dirigente de ATE recoge los argumentos de los gobernadores que piden ajuste “para los porteños”, cuando en realidad son los ejecutores del ajuste en las provincias.

Es un un intento burdo por igualar la causa de los estatales de todo el país con la de los gobernadores e intendentes, presentando a todos como víctimas del gobierno central. La realidad es bien distinta, cuando los gobernadores hicieron caer la Ley Ómnibus defendiendo el interés de las “economías regionales” y “el campo” (rechazando que se apliquen retenciones), mientras retrasan los pagos de salarios estatales o directamente lo hacen con cuasimonedas.

Un plan de lucha, desde abajo y con independencia de todos los gobiernos

Lo que se impone entre los estatales de todo el país es impulsar un verdadero plan de lucha. La “jornada nacional de lucha” ratificada ante los medios por Aguiar es más de lo mismo. Una medida a la carta para que “cada jurisdicción determine la forma”. El resultado de esta atomización es que no hay lucha ni contra Milei, ni contra los gobernadores e intendentes que descargan la crisis sobre los estatales.

La feroz licuación (según ATE Indec la pérdida ya se ubica en el 75%) no garantiza que en marzo no se produzcan nuevos despidos. La revisión de contratos (fueron renovados por 90 días en diciembre) y funciones hacen prever una nueva oleada de despidos masivos. La defensa de salarios y puestos de trabajo debe ser una lucha única en todo el Estado.

Una asamblea general de todo el gremio estatal puede ser el punto de partida para un paro de toda la administración pública, que paralice los vuelos (el control de los aeropuertos por la Anac), los controles fronterizos y de caminos (Senasa), del espectro radioeléctrico (Enacom), de la salud y de las escuelas (los auxiliares de todas las provincias), en unidad con la docencia de todos los niveles y todos los trabajadores estatales, puede ser un enorme golpe para el gobierno facho libertario.

El plenario de Tribuna Estatal del próximo sábado 24 discutirá la intervención en la jornada de lucha y en todo el proceso político que se abre en un marzo cargado de movilizaciones, cuando la agenda del paro general está nuevamente en primera plana.

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