Nahuel Sotelo, un diputado del ultraderechista Milei en la Legislatura de Buenos Aires, realizó un encuentro con trabajadores de reparto. El dato político es que para reunir a los repartidores la empresa Rappi les pagó un “incentivo” de $10.000 a cada uno de los asistentes. En otras palabras, compró a la gente para asistir a una actividad política. Los mal llamados libertarios reproducen las peores prácticas de la casta política contra la cual se llenan la boca.

La finalidad de la actividad fue oponerse al proyecto de ley de registración de los trabajadores de reparto, impulsado por el secretario general de “canillitas” y diputado provincial oficialista, Omar Plaíni, con el apoyo de la CGT. En concreto, fue para difundir la extorsión de las empresas, que amenazan con dejar de operar en la provincia si se aprueba esa norma. No porque sea una mejora real para quienes trabajan en las apps, pero sí dejaría una constancia formal que podría habilitar en el futuro demandas judiciales o regulaciones legales.

El hecho de que Rappi ponga plata para que saliera este encuentro muestra algo muy elemental. Detrás de la mentada “autonomía” del “trabajo independiente”, que algunos interesados defienden, hay una brutal subordinación a las patronales propia de cualquier relación de dependencia en la que una de las partes valoriza un enorme capital a costa de la otra, que solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer. Extorsionan a quienes necesitamos trabajar hora y horas para tratar de llegar a fin de mes.

La trastienda de una reunión con trabajadores armada por las empresas y la gente de Milei. El peor clientelismo https://t.co/8UVv7mEh43

— Guillermo Kane (@guillekane) April 26, 2023

Para eso, se apoyan además en que el proyecto del peronismo no ofrece ninguna mejora real en la situación de precariedad laboral. Los trabajadores de reparto tenemos que discutir de verdad la problemática que estamos atravesando, prestando atención a los intereses políticos que hay detrás. Para eso hay que correr el velo frente a una realidad de desprotección absoluta en el trabajo, que ha generado decenas de muertos porque los salarios no alcanzan.

La iniciativa del registro elaborada por Plaíni no plantea el reconocimiento de ninguno de los derechos laborales de los que hoy carecen los trabajadores del rubro, sino que solo instala un trámite obligatorio de registro anual, cuyas condiciones ni siquiera establece y deja en manos del Ejecutivo. El apoyo que recibió de los gordos de la CGT, cómplices de la catástrofe laboral actual, genera una desconfianza que es aprovechada por las empresas de apps que rechazan cualquier normativa por limitada que sea.

La única alternativa para conquistar derechos elementales como la estabilidad laboral, garantía salarial, un régimen de licencias y vacaciones pagas es con la organización colectiva. Nuestra Agrupación de Trabajadores de Reparto presentó hace mucho un programa de 15 puntos viables y muy claros, que hemos debatido largamente con los trabajadores en la calle y sumado adhesiones. Con esa base estamos armando un proyecto de ley junto con la bancada del diputado Guillermo Kane, del Frente de Izquierda, elaboración en la que -a diferencia de la reunión trucha armada por las empresas- llamamos a participar a los repartidores y a movilizarse por imponerla.

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