Con la consigna “La precarización laboral mata”, la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral realizó el sábado 17/4 su primera actividad pública en un encuentro virtual emitido en vivo.
En el encuentro, coordinado por Jorge Hospital, miembro de la mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, los familiares presentes fueron denunciando las muertes, verdaderos asesinatos laborales, todos con un denominador común: la precarización laboral, el trabajo tercerizado y en negro, y la complicidad del Estado en la impunidad de las patronales.

Gabriela Sánchez, de “Ningún Hundimiento Más”, de Mar del Plata, relató la tragedia de los trabajadores que mueren en las embarcaciones pesqueras al cumplirse 46 meses del hundimiento de El Repunte. “Nos enfrentamos a industrias poderosísimas, para ellos la vida del trabajador no vale. La vida sí vale y ellos son los responsables”.

Nidia, hija de Miguel Olmedo, vigilador de Murata, denunció que con 64 años fue enviado al Barrio 31 en el pico de contagios y murió por Covid-19. “No respetaron ni el DNU presidencial, lo obligaron a trabajar bajo amenaza y sin elementos de protección ni protocolos”. Igual que Juan Campos que, a pesar de sus antecedentes cardíacos conocidos por Murata, fue enviado al mismo puesto de trabajo. Contagiado, no recibió atención médica inmediata, responsabilidad de la patronal y la ART. Su pareja Marisa Lute denunció al gerente de Recursos Humanos Yamil González, responsable del despido de 7 compañeros por pedir barbijos y alcohol en gel. A pesar de acumular varias muertes, Murata goza de impunidad y contratos millonarios con el GCBA. Aportante trucha a las campañas macristas, ahora sus dueños y familiares fueron vacunados VIP en el Hospital Argerich.

Las muertes por Covid-19 relatadas ratificaron la importancia de la campaña de firmas por la intervención del Estado en el laboratorio Mabxience del empresario Hugo Sigman, para que las vacunas que por millones se producen allí y se exportan, sean dirigidas a la vacunación masiva de la población trabajadora. Campaña votada en el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista, del que participó la agrupación.

Sebastián Bulacio relató la muerte en 2019 de su padre, obrero de la construcción en la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza, al caerse el andamio en el que trabajaba por la premura de Macri en inaugurar la obra en campaña electoral. Dijo: “la única forma de que se termine esta precarización laboral es lo que estamos haciendo hoy, juntándonos los familiares y ser una sola voz para pedir justicia. Invito a más familiares a que se sumen porque no están solos, para terminar con la precarización laboral”.

https://fb.watch/51RW1LuEU6/

Patricia Orellana, desde Tucumán, denunció que su hermano Enzo, trabajador tercerizado y en negro de la firma de los hermanos Ruiz Naranjo, fue presionado bajo amenaza de despido para subir a una vieja antena de más de 30 metros sin andamio, ni cable de vida, ni grúa, atado con un cinturón a la misma antena que se desmoronó con su peso provocándole la muerte. Detrás de Ruiz Naranjo, está Galindo, poderoso empresario de la obra pública. “Esto no fue un accidente, es un asesinato laboral. Los trabajadores no tenemos importancia para el empleador que sólo le importa cargar los bolsillos. Sin embargo nosotros somos los que movemos este país. ¡Basta de precarización laboral! ¡Basta de muertes obreras!”

Leonardo Dellagiovana falleció en octubre al caer desde 12 metros cuando reparaba un techo en la fabrica de envases plásticos Sealed Air de Quilmes. Estaba tercerizado en negro y sin elementos de seguridad. Su hermano Diego denunció que esta multinacional apretó a los trabajadores que fueron testigos de esta muerte, que no es la primera y que en todos estos meses nadie dio respuesta alguna.

Desde Curuzú Cuatiá, Yamila, hermana de Joel Rodríguez, relató su fallecimiento al explotar una vieja caldera en el frigorífico de Duhalde y Cía., la cual no recibía mantenimiento desde hacía años. Hace tiempo una inspección técnica había dictaminado que no podía seguir activa, pero funcionaba precariamente restaurada, a pesar de las advertencias de los trabajadores. En esta localidad correntina se produjo una verdadera pueblada contra esta patronal vinculada por mil lazos al poder municipal y provincial.

Hebe Sosa se refirió a la muerte de su hijo, Matías Dimuro, que instalaba fibra óptica para Global Connect, tercerizada de la empresa Claro y falleció al caer de un poste luego de recibir una descarga eléctrica. Trabajaba sin los elementos de seguridad adecuados. Hebe, que viene realizando acciones de lucha sobre estas empresas junto al activismo telefónico, anunció para este viernes 23, a las 13hs, la realización de un acto a 6 meses de su muerte en las puertas de Global Connect.

Finalmente, la abogada Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) y el Partido Obrero, desarrolló el escenario de ajuste sobre la seguridad laboral. El Estado es uno de los mayores precarizadores y empleador en negro. Un Estado que accede a las presiones de los lobbies empresariales para liberalizar la presencia laboral sin controles ni protocolos.

En el circuito laboral formal, el régimen de ART vino modificándose para empeorarlo, con el objetivo de que las patronales eludan toda responsabilidad ante las muertes obreras. Con el kirchnerismo se eliminó la doble vía, obligando al trabajador o a su familia a ir a un juicio de resultado incierto o cobrar miserables sumas tarifadas por las ART. La consecuencia es que hay 700.000 accidentes laborales al año. No hay industria del juicio, hay industria del accidente laboral, ya que a las patronales les resulta más barato afrontar juicios o pagar la cuota a la ART que invertir en la seguridad de sus trabajadores.

Así el negocio de las ART es el más lucrativo de todas las categorías de seguros, con ganancias de 3.000 millones de pesos al año. Además hay 500 muertes registradas por enfermedades laborales. Mucho peor están los trabajadores en negro, les migrantes, sobre todo las mujeres, especialmente las que trabajan en casas particulares.

La complicidad de la burocracia de los sindicatos es gigantesca y contrasta con la reacción del Sindicato del Neumático (SUTNA), cuya conducción clasista organizó la paralización de la producción ante una muerte obrera.
Finalmente, saludó la organización de los familiares y reivindicó el programa que propone la creación de comisiones de seguridad e higiene electas por los trabajadores, protocolos obreros votados, que las patronales paguen con sus patrimonios personales los perjuicios ocasionados a los trabajadores y sus familias y que se estatice el sistema de ART con un directorio de trabajadores electos, entre otros puntos.