Sindicales
2/10/2024
Trabajadoras y trabajadores misioneros enfrentan la criminalización de la protesta
El gobierno de la Renovación pasa factura de la gran lucha del mes de junio.
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Trabajadores Misiones.
Este lunes 30 de septiembre se iniciaron las declaraciones indagatorias de 12 compañerxs trabajadorxs de la salud, entre activos y jubilados, que participaron del acampe frente al Ministerio de Salud, reclamando aumento salarial, realizado en el mes de junio, en simultáneo con la lucha docente. Frente al juzgado número 6 a cargo del juez Ricardo Balor, gremios y organizaciones populares acompañamos a lxs compañerxs que fueron a prestar declaración indagatoria, que seguirán durante la semana.
Recordamos que por la lucha docente también se iniciaron causas a 12 trabajadrxs participantes de esa lucha por salario que conmovió al país. Aunque se suspendieron las declaraciones indagatorias del mes pasado, siguen aún con la restricción de acercarse a la legislatura, ya que han sido acusados por el mismo juzgado de tirar las vallas que rodeaban en ese momento a la cámara de representantes.
Además, han detenido a siete policías, integrantes del campamento frente al comando radioeléctrico, entre ellos al comisario retirado Amarilla, que oficiaba de vocero. El mismo está detenido en el penal de Cerro Azul, mientras que el resto están en la Comisaría Segunda de la ciudad de Posadas. Frente a esta comisaría están acampando mujeres, las esposas, hermanas, madres y familiares de estos policías detenidos, que los están asistiendo.
En simultáneo, en la última sesión de la Legislatura de Misiones fue aprobada la creación de una Fiscalía de Ciberdelito. Aunque en la argumentación plantean que sería para prevenir, por ejemplo, la captación de menores para las redes de trata o de pedofilia, o para prevenir estafas, se levantan voces planteando la absoluta desconfianza frente a esto, ya que en uno de sus artículos figura la creación de “ciber agentes encubiertos” y porque en nuestra provincia de Misiones la Justicia tiene vínculos muy estrechos con el Poder Ejecutivo.
Un ejemplo de esta política de vigilar redes es que hace un par de meses fue detenido un vecino de Garupá por publicar en Twitter declaraciones contra Rovira, o que los policías detenidos estas últimas semanas son acusados de haber participado en un grupo de WhatsApp que se habría planteado hacer determinadas acciones, por lo tanto la creación de una Fiscalía de Ciberdelito, en manos de un gobierno que tiene a más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza y que tiene el mayor número de policías por habitante -un agente policial cada 120 personas- y que le dio todas las posibilidades de fugarse al diputado pedófilo Kiczka, produce desconfianza y rechazo.
Necesitamos una lucha del conjunto de los gremios por sueldos y jubilaciones iguales a la canasta familiar y para ponerle fin a la criminalización de la protesta. En el reciente Encuentro de mujeres y disidencias de la Tierra Colorada, que sesionó en San Pedro, se repudió la criminalización de quienes luchan y se planteó que el primer derecho de las trabajadoras y trabajadores es el derecho a luchar, y que este miércoles tenemos que convertir a la marcha universitaria en un canal para todos nuestros reclamos.