Sindicales
10/9/2024
Un régimen que busca ilegalizar el derecho a huelga
Intenta extender los servicios esenciales a diversas actividades y declarar otras como "trascendentales".
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Javier Milei.
En medio de los conflictos sindicales que empiezan aflorar como respuesta al ajuste del gobierno y las patronales sobre los trabajadores, legisladores oficialistas y afines impulsan distintos proyectos de ley para restringir y/o anular el derecho a huelga, con la extensión indiscriminada y discrecional del régimen de “servicios esenciales”, y otras artimañas del rubro, como la creación de la antojadiza figura de “servicios trascendentales”. Una orientación que busca ilegalizar la acción directa de los trabajadores para hacer pasar la reforma laboral antiobrera, pero que de ninguna manera suprime la lucha de clases.
Esta agenda reaccionaria es colocada a deliberación por diputados del Pro y La Libertad Avanza, con sendos proyectos que buscan subordinar la acción de los trabajadores a una legislación ilegal y arbitraria.
Para este propósito, los representantes políticos de las patronales se valen de los efectos de la huelga que en los últimos días a frustrado gran parte de la actividad aerocomercial, y las medidas de acción de las y los trabajadores docentes que, en distintas provincias y en todo el país, apelan a distintas modalidades de huelga contra la caída de los salarios y el deterioro de sus condiciones laborales.
En este punto existen distintos proyecto que buscan restringir y/o eliminar el derecho a huelga en la actividad aerocomercial, en transporte público y en el sistema educativo. En este último caso con un proyecto de ley reaccionario con media sanción en Diputados, que busca declarar la educación como servicio esencial, con guardias mínimas del 30%, y del 50% en caso de extenderse las medidas.
Otros proyectos directamente replican lo escrito en el mega DNU presidencial, actualmente suspendido por la Justicia, que extiende indiscriminadamente la declaración e servicios esenciales a diversas actividades (servicios sanitarios; transporte y distribución de medicamentos; producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; telecomunicaciones; aeronáutica comercial, etc.), con guardias mínimas del “75%”, e incorpora el concepto de “servicios trascendentales” donde casi entran todas las demás actividades, con guardias del 50% de la actividad.
Esta orientación busca anular el derecho a huelga, combinada con lo dispuesto recientemente en la Ley Bases, donde se criminaliza y judicializan distintas acciones de lucha de los trabajadores, todo bajo criterios discrecionales de las patronales y la Justicia burguesa.
La burocracia sindical y el peronismo asiste a este proceso regimentador como cómplices y colaboradores, en muchos casos incluso como medio para disciplinar a los trabajadores de sus propios gremios y justificar la inacción ante la ofensiva patronal y del gobierno. Pero también como una orientación política para que pasen las reformas antiobreras que la propia Cristina Kirchner salió a respaldar numerosas veces y recientemente en su carta pública.
La política oficial tiene un déficit claro en cuanto el movimiento obrero nunca “pidió permiso” para hacerse valer, por lo cual una legislación prohibitiva y represiva para nada suprimirá la lucha de clases, sino que tensará aún más cada uno de los conflictos. Menos aún en un contexto de caída salarial, con el gobierno queriendo imponer topes a las negociaciones paritarias y millones de trabajadores en la pobreza.
Estos debates y las tareas a seguir serán parte de la deliberación del plenario de la Coordinadora Sindical Clasista convocado para este sábado 14, desde las 10:30 hs, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029 (CABA), con parte importante del activismo sindical de todo el país.
