Hace exactamente un año, más de dos mil familias decidieron avanzar y ocupar un terreno de 100 hectáreas abandonadas, dando inicio a la toma de tierras más grande del país que se haya realizado en las últimas décadas.

En plena crisis sanitaria y durante el auge de las restricciones impuestas por el gobierno nacional debido al Covid-19, miles de personas provenientes en su mayoría del sur del conurbano, agobiadas por la catastrófica situación económica y social, colocaron en el primer plano político la cuestión del derecho a la vivienda.

La rápida organización de los vecinos de la toma de Guernica fue clave para poder resolver cuestiones concretas y operativas de los cuatro nuevos barrios (La lucha, La Unión, 20 de Julio y San Martín) y para sortear de forma solidaria las inclemencias del duro invierno, pero principalmente, lo fue en términos de método: prontamente se impusieron las asambleas y la elección de delegados para poder enfrentar los ataques del gobierno y sus patotas, y mantener la firmeza del reclamo.

Durante los más de tres meses que duró la toma se pusieron en pie postas sanitarias, comedores populares, actividades de apoyo escolar, talleres de ESI, ayuda a mujeres en situación de violencia de género, jornadas de recreación para niñxs y diversas actividades culturales; así mismo, se llevaron adelante acciones de lucha como cortes de ruta, conferencias de prensa, movilizaciones y festivales artísticos; incluso se organizaron dos censos (con la participación del gobierno y de organismos de DD.HH) para dar cuenta de la cantidad de familias presentes en el territorio. Todas estas iniciativas tuvieron como fin expresar la problemática de la vivienda, el reclamo de tierra para vivir y ofrecer soluciones para la situación.

La toma recibió el apoyo activo de personalidades del mundo artístico, de agrupaciones y sindicatos combativos, de centros y agrupaciones de estudiantes de distintos niveles educativos, de organismos de DD.HH y de varias organizaciones políticas y sociales.

Lejos de querer solucionar el problema de la vivienda, los gobiernos de Blanca Cantero (intendenta de Pte. Perón) y de Axel Kicillof llevaron adelante una política de hostigamiento permanente hacia las familias alojadas en el predio. Su objetivo era desalojarlas para poder dar curso a un negocio inmobiliario con la empresa Bellaco S.A., desde donde se planificaba la construcción de un country. Fracasaron en sus intentos de aprietes, extorsión y disuasión, debido a la claridad que las miles de familias tenían del objetivo de la lucha, obtener un techo para vivir.

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Sin más recursos para quebrar la resistencia de los habitantes de la toma, el 29 de octubre del 2020, el gobierno finalmente avanzó con una dura represión comandada por Sergio Berni, quién desplegó más de 4.000 efectivos policiales dotados con gases lacrimógenos, balas de goma, motos y hasta camiones hidrantes, militarizando los barrios aledaños, destruyendo y quemando las pocas pertenencias de los ocupantes e hiriendo y deteniendo a decenas de vecinos y activistas que los apoyaban. El desalojo generó una profunda conmoción popular y dejó golpeado al propio gobierno del Frente de Todos con su base de simpatizantes.

Hoy, a un año del comienzo de la toma y a 10 meses del desalojo, las familias de Guernica siguen sin una respuesta concreta a su reclamo. Muchos viven “de prestado”, hacinados en la casa de un familiar o amigo. Otros alquilan sin tener margen para sostener sus necesidades básicas y varios otros continúan en la calle. El gobierno se limitó a dar una ayuda económica por única vez a un número limitado de personas, luego de que estas firmaran un acta que incluía el compromiso de otorgar una vivienda en los próximos 6 meses… hasta ahora no se ha entregado ni una.

Sin embargo las familias continúan organizadas en asambleas y sosteniendo su reclamo, exigiendo mesas de negociación con el gobierno para avanzar en una solución real del problema de todas las familias; por eso hoy se suman, junto a otras luchas por la tierra y la vivienda, a la jornada convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, levantando la bandera de “Tierra para vivir”.