La crisis habitacional y de los alquileres sigue escalando sin un horizonte final a la vista. A pesar de que el índice de la Ley de Alquileres superó la barrera del 60% de aumento en agosto –por encima de la inflación-, los aumentos reales, que figuran en el mercado, promedian el 72,6%, según estimaciones del mercado.

Así surge de un informe elaborado por el sitio especializado ZonaProp, que sigue la evolución de los precios de alquiler ofertados en CABA, donde para el mes de agosto un monoambiente se ubicó en $57.500, dos ambientes en $69.700 y tres ambientes, con 70 m2, en $94.300.

El Índice para Contratos de Locación, que promedia la inflación y el Ripte, llegó a agosto por arriba del 60%, pero esto solo rige para los contratos registrados bajo la Ley de Alquileres, mientras que el mercado de alquileres está siendo atravesado por maniobras y mecanismos irregulares para eludirse de la normativa.

Desde diversas fuentes del sector inmobiliario señalan que la mayoría de las locaciones se rigen en los hechos por la vieja normativa, con contratos bianuales con aumentos semestrales y cláusulas leoninas, que se imponen ante la escasez de ofertas de inmuebles, bajo diversas modalidades contractuales o contratos no declarados, o como renovaciones con prórrogas de contratos preexistentes, atados a la vieja normativa.

A esto cabe añadirle que todos los meses caducan contratos de locaciones y que el relanzamiento de dichos inmuebles al mercado no está sujeto a ninguna regulación, lo que permite que los propietarios e inmobiliarias incorporen aumentos exorbitantes que los cubran de toda contingencia posible: devaluación, inflación, “expectativas de mercado” etc.

Un mercado dolarizado

Otro dato significativo es el impacto de la devaluación, en un mercado altamente dolarizado. Esto se debe a que los propietarios atan la expectativa de ganancias a la evolución del precio de las propiedades, que aunque se encuentre en los niveles más bajos de los últimos 12 años, se encuentra valuados en dólares.

A su vez, el dólar es una medida de referencia para evaluar la rentabilidad de alquilar o no una propiedad, lo que tiene particular incidencia en unidades más amplias y/o con más servicios, hasta locaciones más suntuosas. Según el medio Infobae (30/7) de las 5.800 propiedades publicadas en CABA el 70% está referenciada en dólares.

Mientras los inquilinos sufren por una devaluación que carcome su poder adquisitivo y los aleja cada vez más de alquileres inalcanzables, una porción de los propietarios, los “Hipotecados Uva”, ven acrecentarse aceleradamente sus cuotas, llegando a niveles impagables. Se trata de un colectivo de más de 120.000 familias, quienes han qudo como prisioneras de los bancos por intentar acceder al sueño de la vivienda propia.

La lucha por la vivienda

Esta crisis se manifiesta en todos los eslabones de la cadena social, pero golpea particularmente con fuerza en las familias obreras y pobres. Lo que ha quedado de relieve en la reciente acción del Polo Obrero en CABA por el derecho a la vivienda.

Allí, vecinos y vecinas de los barrios y villas más pobres de la ciudad más rica del país desarrollaron un programa que plantea la urbanización real de las villas, la construcción de viviendas con créditos accesibles para la población trabajadores y aumentos de los alquileres según el aumento de los salarios.

Como transición inmediata a estos reclamos, también plantearon un subsidio universal para inquilinos informales, para poder hacer frente al pago de los alquileres y no terminar en la calle. Lo que debe ir acompañado de impuestos progresivos a las propiedades ociosas y medidas para que los propietarios no absorban dicho subsidio con nuevos aumentos.

CABA es una ciudad donde avanza la privatización de tierras y la edificación de complejos habitacionales de lujo, como política que impulsa Larreta en asociación con el Frente de Todos en la legislatura porteña.

Necesitamos una respuesta urgente: de las 55.000 mil viviendas que el gobierno nacional prometió construir solo se realizaron 780. Mientras que en el Congreso de la Nación se discuten dos proyectos de reforma de la Ley de Alquileres que solo benefician a los propietarios y al negocio inmobiliario, por medio de exenciones y/o beneficios impositivos o una mayor liberalización del mercado.

La crisis habitacional y de vivienda es un síntoma de la crisis económica y social de fondo, que solo será superada con una recomposición general de los salarios, un plan de obras públicas con la creación de cientos de miles de viviendas, un banco de tierras ociosas y fiscales, impuestos a los grandes terratenientes y acceso universal al crédito hipotecarios para los trabajadores, con cuotas con un techo del 25% de los ingresos familiares.