Sociedad
11/5/2026
Ante el reclamo de los sobrevivientes, la CIDH revisará el sobreseimiento al cura abusador Ilarraz
Fue condenado a 25 años de prisión por siete casos de abuso, pero la Corte Suprema dictaminó en julio de 2025 que los hechos habían prescrito.
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Basta de impunidad de los abusos eclesiásticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una petición presentada por los denunciantes del víctimas del cura Justo José Ilarraz para revisar su sobreseimiento. Ilarraz había sido condenado en 2018 a 25 años de prisión, por siete casos de abuso sexual a niños de entre 10 y 14 años cometidos entre 1985 y 1993 en un seminario de Paraná. Pero la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue anulada en julio de 2025 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo sobreseyó considerando que los delitos habían prescripto. Ahora, ante la insistencia de los denunciantes y las organizaciones de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, ese fallo será revisado por la CIDH. Un paso importante en la lucha contra la impunidad.
"Lo que se hizo fue denunciar al Estado, que a partir de ahora tiene tres meses de corrido para presentar una respuesta sobre los motivos que llevaron a sobreseer a Ilarraz", declaró el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que realizó la petición a la CIDH por parte de las víctimas. Se busca revertir el fallo de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que dieron lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa de Ilarraz planteando la prescripción de los hechos denunciados, cuando el Supremo Tribunal de Justicia entrerriano había confirmado la condena a partir de catalogarlos como de lesa humanidad.
"Un mecanismo estatal de denegación de justicia". Así es definido el recurso a la prescripción en el escrito presentado ante la Comisión Interamericana, ya que "el tiempo no puede operar como un dispositivo de clausura cuando el propio Estado conoce que la condición de niñez, el vínculo de autoridad del agresor y el entorno institucional cerrado tornaron objetivamente imposible o extremadamente difícil una denuncia temprana".
De hecho, las primeras denuncias contra Ilarraz fueron realizadas ya en 1994, pero el encubrimiento fue inmediato: la Iglesia lo trasladó primero a otra parroquia de Entre Ríos y luego a Roma. Años más tarde regresó a Argentina y fue enviado a Tucumán. Esa fue la conclusión de la llamada Justicia Canónica. Hasta que en 2017 siete personas llevaron sus denuncias a la sede judicial, iniciando el proceso que llevaría a la condena. Ese mismo año se conocieron más de 50 casos de abuso perpetrados por el cura Ilarraz, recolectadas por organizaciones de sobrevivientes.
Luego de aquel infame fallo de la Corte Suprema, "que hayan admitido nuestra apelación no deja de ser una buena noticia no solamente para las víctimas sobrevivientes de Ilarraz, sino para el conjunto de víctimas de Argentina que tras el fallo de la Corte vieron cómo otros juicios que estaban pendientes fueron cayendo por prescripción. Es un punta de lanza para para seguir al planteo que han hecho también mediante sus abogados las víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza" por la imprescriptibilidad de los abusos sufridos. Así lo valora Hernán Rausch, uno de los denunciantes del cura entrerriano. Por caso, solo una semana después del fallo que sobreseyó a Ilarraz fue escandalosamente suspendido el juicio que iba a afrontar el cura abusador Raúl Sidders por los abusos perpetrados cuando oficiaba de capellán en el colegio San Vicente de Paul de La Plata.
Como plantea la abogada de derechos humanos y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), Pía Garralda, la campaña por la imprescriptibilidad de las causas de abuso sexual es un paso elemental en la lucha por justicia. "Los y las abusadores están protegidos por una institución que tiene una jerarquía de Estado, como lo es la Iglesia Católica", sostiene, a la vez que "reconocerse víctima de estos delitos es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los abusos se producen en el seno de la propia familia o por personas que se encuentran al cuidado de les niñes como curas y monjas, haciendo recaer toda la responsabilidad sobre las víctimas menores de edad".
Garralda, quien además es abogada de la familia de Daniela Silva, denunciante de Sidders, explica que "les sobrevivientes de abuso eclesiástico además de enfrentar un sistema judicial revictimizante deben afrontar las amenazas y la intimidación por parte del clero, como ha ocurrido históricamente en los pocos casos que han salido a la luz, desde Grassi a Eduardo Lorenzo, quien llamaba personalmente a los testigos de la causa para amenazarlos, valiéndose de sus contactos por su rol de capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense".
Que la CIDH revise entonces el sobreseimiento es un acto de reparación básico. Es importante porque, como había argumentado en el proceso el juez de Casación Alejandro Cánepa, "las normas del derecho internacional de los derechos humanos, de mayor jerarquía a las normas de derecho interno, obligan a la Estado a investigar, juzgar y sancionar los hechos denunciados", más aún "habiéndosele impedido a las víctimas el acceso oportuno a la justicia y a una tutela judicial efectiva en función del silenciamiento que de los mismos hechos realizara la propia jerarquía de la Iglesia a la que pertenecía el autor, obligándoselos a guardar secreto de las denuncias que oportunamente realizaron en un juicio diocesano llevado adelante también en secreto y luego archivado sigilosamente".
Es un retrato del circuito de encubrimiento e impunidad que deben atravesar quienes luego de un tortuoso camino logran expresar lo que sufrieron por parte de quienes ofician como sus protectores, autoridades o guías espirituales. Esta revictimización fue descrita con crudeza por Hernán Rausch en ocasión del día mundial contra la violencia sexual hacia las infancias y adolescencias, el pasado 19 de noviembre, en una columna para Prensa Obrera en la que narra cuánto cuesta "romper la cárcel del miedo, concediendo voz al silencio impuesto", el "esfuerzo sobrehumano para poder desenterrar circunstancias olvidadas pero que seguían ahí sumergidas en historias aterradoras de vida; volver hacer carne y revivir para lograr primero romper nuestras propias pesadas cadenas de la culpa y el pánico generado por el impostor y sus secuaces".
El propio Hernán pondera hoy haber logrado con una lucha incansable esta aceptación de la Comisión Interamericana, "para hacer valer los derechos del niño y los derechos humanos en estas instancias tan importantes, donde se aprovechan de su vulnerabilidad". "Sabemos que los tiempos de la Justicia requieren paciencia pero no desocuparse. Estamos pendientes, pero con tranquilidad por lo que hemos hecho con un gran esfuerzo, no sólo para nuestra causa sino para toda la sociedad", agrega, resaltando que la verdad de los hechos denunciados fue probada por el tribunal que los juzgó e incluso por la revisión del juicio administrativo que llevó adelante la Iglesia Católica.
Su conclusión es destacable. "Aliento a las víctimas a mirar atrás como una historia pasada que no se puede revertir pero sí, según nuestra postura, nuestra intención, nuestro anhelo y nuestra fuerza, podemos cambiar de aquí adelante".
Abajo el sobreseimiento a Justo José Ilarraz. Basta de encubrimiento e impunidad de los abusos eclesiásticos. Por la imprescriptibilidad de las causas por abuso sexual infantil.
