Sociedad
31/10/2025
Apart Hotel Dubrovnik: a un año del derrumbe no hay novedades judiciales
Vigilia en las ruinas y marcha a la municipalidad de Villa Gesell.
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Hotel Dubrovnik.
Pasaron 365 días de la peor catástrofe que recuerde Villa Gesell en sus 94 años de existencia. La noche del 28 de octubre de 2024, más precisamente a las 0:25hs del día 29 se desmoronaron los diez pisos del Hotel Dubrovnik sepultando a trabajadores que realizaban trabajos en el edificio, a la expropietaria y a otros empleados, con el saldo de nueve muertos; y literalmente “partiendo a la mitad” al edificio contiguo, el Alfio I, donde se encontraban dos de las víctimas fatales.
“Poco antes el complejo había cambiado de manos. Lo había comprado Antonio Manuel Arcos Cortes, titular de Parada Liniers. Es uno de los últimos imputados junto a Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla, también miembros de esa firma, y las arquitectas Martha Ruth Pérez Schneider y María Laura Lagana, con distinta participación en las obras de mejoras que se estaban haciendo en el edificio”, (La Nación, 29/10).
La lista de imputados también contempla a Jorge Bonavita: arquitecto vinculado a la obra; Rubén Taquichiri, arquitecto o contratista involucrado en la obra; capataces y albañiles, de los que se imputó a cuatro de ellos por estrago culposo agravado, incluyendo a Celso Paco Pérez y su hijo Sergio Daniel. También se vinculó a la causa a Pablo Russo, Mariana Cortés y Mariana López, todos relacionados con la firma dueña del hotel (minuto g, 29/10).
Tal como señalamos oportunamente la municipalidad sostiene que en agosto de 2024 “se detectaron obras en curso sin autorización municipal, por lo que se labró un acta de paralización”. Posteriormente los propietarios solicitaron autorización para realizar “algunos trabajos en la planta baja (cambios de carpintería, revestimientos de pisos, pintura interior, cambio de revestimientos de baño u reemplazo de mesadas), los cuales fueron aprobados exclusivamente para esa área, en planta baja y no en altura. El 19 de septiembre se presentó un informe técnico sobre el estado del hueco para un ascensor (ese sector no colapso en el derrumbe) y el 27 de septiembre 2024 se solicitó permiso para construir un tabique del ascensor.
El 15 de octubre de 2024 el municipio notificó la necesidad de presentar formalmente toda documentación requerida para esa obra”. Y concluye: “Esta es la única obra (la del ascensor) en trámite con la municipalidad, que corresponde al sector delantero del edificio (no colapsado). No existe ningún permiso autorizado ni solicitud en trámite alguna para realizar trabajos en la parte trasera, donde se produjo el colapso (La Nación, 29/10/24). En el punto resulta crucial la declaración que uno de los trabajadores detenidos hiciera ante la fiscal de causa: “Fui notificado de la paralización de la obra en agosto, le dije al dueño y al arquitecto, pero me dijeron que siguiera con la obra: no paremos hasta que llegue una orden de arriba” (El Fundador, 31/10/24). Mencionó que los balcones “se podían caer” y que en algunas partes “había rajaduras” como también problemas en los revoques. Nosotros no somos culpables, siempre trabajamos bajo las órdenes del arquitecto y la arquitecta” (ibid). “Una obra que se estaba realizando en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal”, concluyen las autoridades municipales (Página 12, 29/10).
Sin embargo, la municipalidad después de emitir el acta de paralización de la obra no realizó inspección alguna para comprobar el estricto cumplimiento de la misma, por lo que las obras continuaron realizándose.
Hoy, después de un año del derrumbe los diez acusados entre propietarios, arquitectas y capataces de obra se encuentran en libertad. La causa a cargo ahora del fiscal Juan Pablo Calderón prevé la acusación de “estrago culposo agravado por muerte. En ese caso la pena en expectativa es de un mes a cinco años de prisión” (La Nación 29/10) Sin embargo, según lo declarado por el fiscal, las pericias que se aguardan podrían ser determinantes de. un cambio de carátula: “Podría, entre otras consecuencias y siempre según la conclusión de los expertos, ser aún más determinante para la acusación ya que existe chance que las fallas humanas en aquellas obras encuadre como un estrago doloso agravado por muerte. Y en ese caso, quienes lleguen a juicio bajo esos cargos, se exponen a condenas desde 8 hasta 20 años de prisión” (idem).
Las pericias que se aguardan las proveería el Inti y son relativas al estado general del edificio antes de las intervenciones a las que se sindican como causantes del evento: “Un peritaje realizado por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirmaría un buen estado de la estructura de hormigón que sostenía a esta torre de diez pisos y que tenía una antigüedad de casi 40 años” (La Nación, idem).
Más allá de las especulaciones, en la vigilia de anoche y durante la marcha de hoy, que acompañamos, el reclamo fue contundente: justicia sin más demora, y la decisión ratificada una y otra vez por parte de los familiares de las víctimas presentes, de enfrentar el poderío económico y los vínculos políticos de los capitalistas imputados.
El intendente municipal Barrera (Fuerza Patria), sus concejales, tanto como concejales de la oposición, nuevamente ausentes del acompañamiento de los familiares de las víctimas, lo que acentúa las dudas de sus compromisos con la especulación inmobiliaria que todas las fuerzas políticas patronales avalan. El nuevo POM (Plan de Ordenamiento Municipal) que se encuentra judicializado y es rechazado por las organizaciones ambientalistas y de expertos, es una prueba de ello.
El reclamo permanente de Silvana Perhauc -mamá de Nahuel una de las víctimas y lideresa del reclamo de justicia- para ser recibida por el intendente Barrera se repite mes a mes donde las marchas que parten del hotel siniestrado concluyen en la municipalidad local donde Silvana solicita, sin éxito, hablar con el jefe comunal. El destrato escala hasta la provocación, cuando como hoy, no se instrumentan medidas de seguridad vial para garantizar el desplazamiento de los marchantes, propiciándose escenas de tensión entre algunos conductores y los familiares que cortaban la céntrica avenida 3. Una muestra más de la impotencia y falta de empatía de un gobierno que parece transitar su ocaso.
Nuestra solidaridad con los familiares de Federico Ciocchini, María Josefa Bonazza (ambos se encontraban en el edificio Alfio, contiguo al Dubrovnik), María Rosa Stefanic, Nahuel Stefanic. Dana Desimone,Javier Fabián Gutiérrez, quién militara en una agrupación orientada por nuestro Partido en el aeropuerto de Ezeiza, Juan Ezequiel Matu, Matías Chaspman yMariano Troiano. Para ellos, como es el grito recurrente cada 29: justicia.
