El asesinato de Roberto Sabo, mientras trabajaba en su kiosco de Ramos Mejía, generó un enorme repudio de vecinos del distrito que derivó en dos movilizaciones, una primera a la comisaría el mismo día del asesinato y otra en la tarde noche de ayer que tuvo una enorme convocatoria.

En ambas movilizaciones los vecinos y familiares de la víctima denunciaron a la policía por liberar zonas para que los delitos se produzcan a plena luz del día sin ningún tipo de límite. La denuncia además se extendió al propio Berni que se dirigió a la comisaría el mismo día del asesinato para intentar capitalizar un reclamo de mano dura pero fue repudiado por los vecinos. Es lógico, Berni viene haciendo campaña con una supuesta baja de delitos cuando en rigor las cifras que muestran toman períodos en los que por la pandemia hubo una merma significativa en la circulación de personas.

Espinoza también fue un eje del repudio de los vecinos, durante toda la larga campaña electoral el intendente del FdT colocó a la seguridad como un tema central, lanzó lo que él mismo llamó “el mayor plan de seguridad de la historia” para el cual prevén la inversión de más de 1.500 millones de pesos que contemplan más de 2 mil cámaras y sobre todo pretenden saturar la calle con efectivos de distintas fuerzas, más de 500 de las fuerzas especiales UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) y más de 700 gendarmes ya fueron puestos en funciones lo cual no redundó en mayores niveles de control del delito.

Zonas liberadas, organización del delito y reforzamiento del aparato represivo para contener la crisis social del distrito

El entrelazamiento entre el poder político, judicial y la Bonaerense con las bandas ligadas al narcotráfico, el robo de autos y otros latrocinios es el sistema mafioso que organiza y dirige el delito a gran escala. Es habitual el descabezamiento periódico de comisarios ligados a diferentes negocios ilegales como ocurrió en reiteradas oportunidades en Virrey del Pino o como ocurrió con policías de la a la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza involucrados en una causa por tráfico de cocaína hace unos meses.

Ante esta realidad, que es vox populi en el distrito, la política de Kicillof es la de reforzar este andamiaje con los peores elementos. Hace unas semanas facultó al ministro de Seguridad, Sergio Berni, a reclutar oficiales retirados de la policía bonaerense para “patrullaje interno”. Según informa la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) serán las propias dependencias policiales -Asuntos Internos y la Superintendencia de la Policía Científica- las encargadas de presentar la información correspondiente sobre antecedentes penales “a fin de informar si el personal se encuentra imputado en el marco de causas administrativas en instrucción y/o pendiente de resolución”.

El rol de la Bonaerense como organizadora del delito, incluso utilizando y presionando a pibes de barrios humildes para robar para ellos, tiene en el caso de Luciano Arruga el emblema de la corrupción y la descomposición total. Luciano fue desaparecido y luego asesinado por negarse a robar para la policía de Lomas del Mirador.

Berni se le adelantó a Espert

La oposición patronal intervino luego del asesinato haciendo demagogia con un planteo reaccionario y de mayor represión. Espert llamó a dejar como un “queso gruyere” a los asaltantes, Randazzo y Santilli plantearon un endurecimiento de las penas que ya demostraron ser un completo fracaso. Santilli fue una deriva de impunidad pero fue más allá y planteó que Espinoza avala la toma de tierras lo cual constituye una señal muy fuerte en el sentido de un llamado a reprimir los extendidos procesos de demanda de tierra para vivir que hay en el distrito debido a la enorme crisis social producto de la quiebra del país del cual son responsables tanto Juntos por el Cambio como el FdT.

Con todo, más allá de que la oposición de derecha quiera llevar agua para su molino, la política que plantean ya la está implementado el FdT. Berni se jacta de haber abatido 150 personas en los dos años de gobierno y Espinoza, al igual que Kicillof en Guernica, viene de desalojar con una feroz represión hace tan solo una semana a 300 familias en el barrio 22 de Enero.

El reforzamiento del aparato represivo generó en la pandemia un ascenso brutal en los casos de gatillo fácil, uno de ellos el de Lucas Verón, un adolescente de González Catán que fue asesinado por un policía cuando salía a comprar a unas cuadras de su casa.

En la actual crisis social el conjunto de las fuerzas patronales, desde la derecha de Espert hasta el FdT utilizan estos episodios para reforzar los rasgos reaccionarios del estado con el objetivo de poder utilizarlos contra los trabajadores y sus demandas por tierra y vivienda, por salario y contra la reforma laboral que están exigiendo las patronales y el FMI.

La lucha contra la inseguridad debe iniciarse por el desmantelamiento del aparato mafioso de la Bonaerense y la elección popular de los jueces entre otras medidas. Rechazamos la baja de la edad de imputabilidad que da cuenta del cinismo de un régimen fondomonetarista donde 7 de cada 10 niñes son pobres y no comen regularmente.

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