Con el contador corriendo hacia la fecha del desalojo, ordenado por el juez Rizo, a partir del 23 de septiembre, el gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof teme por las consecuencias de un operativo represivo a gran escala en la tierras de la ocupación de Guernica.

Tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como su ministro de Seguridad, Sergio Berni, han establecido un control y seguimiento riguroso de la toma, con patrullajes e informes permanentes y con el uso de un helicóptero para establecer un reconocimiento aéreo y poder calcular, a ciencia cierta, la magnitud de la ocupación.

Como antecedentes inmediatos de operativos similares se encuentran los desalojos de las ocupaciones de Ciudad Evita (La Matanza) y la zona de Las Chacritas (Esteban Echeverría). En ambos casos la policía bonaerense procedió con extrema violencia, con varios detenidos, heridos y con todo tipo de provocaciones y aprietes.

Vecinos de Las Chacritas denuncian que incluso fueron infiltrados por elementos ajenos a la ocupación. Mientras que en Ciudad Evita el desalojo se produjo en horas de la noche, contra toda indicación y protocolo en este materia.

Si bien el gobierno viene en una inocultable línea de criminalización de los ocupantes y desalojo de las tomas, la situación de Guernica se les presenta como una tarea inconmensurable que, por su magnitud, podría tener todo tipo de consecuencias políticas y sociales. Más si deja esto en manos de la “maldita” policía bonaerense, con su historial de brutalidad del cual ha hecho gala en los últimos meses de cuarentena.

Para aminorar daños, el gobierno provincial viene intentando persuadir a los ocupantes con una mesa de diálogo que no arroja ninguna solución, sino compromisos vacíos acompañados de un persistente recuerdo de la orden de desalojo.

Por otro lado, vienen cubriéndose las espaldas señalando que en los anteriores desalojos los ocupantes se habrían preparado con “armas caseras” y otros elementos para enfrentar los operativos represivos. Esto podría significar que se valgan de las teorías de la “legítima defensa” o del “fuego amigo” para responsabilizar a los propios ocupantes de cualquier estrago que se produzca.

Algunas fuentes periodísticas relatan que el desalojo se habría pospuesto por la crisis abierta por el motín policía, pero que ahora Berní y la jefatura de la Bonaerense trabajan en equipo para planificar el operativo represivo.

Según orden expresa del juez, el desalojo debería realizarse en horas del día y cuando no se presenten inconveniente climáticos. También se dispone de la presencia de personal sanitario. Se estaría indicando que las fuerzas represivas no asistan con armas de fuego, aunque esto no está garantizado. Vistas estas consideraciones, de efectuarse el operativo estaríamos ante una cacería a cielo abierto de miles de habitantes y sus familias. Nada que envidiarle a los ataques de grupos de choques montados a caballo, durante los primeros días de la ocupación.

Un antecedente que podría equipararse a las características de esta situación es el del desalojo del Parque Indoamericano en Villa Soldati, en el año 2010, cuando un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Macri y la Policía Federal del kirchnerismo terminaron con la vida de tres ocupantes y varios heridos.

Los vecinos y vecinas de la ocupación insisten en permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta concreta a sus justos reclamos, ya que manifiestan no tener otra alternativa o salida inmediata a sus necesidades habitacionales. Los supuestos propietarios tampoco han podido acreditar la fehaciente titularidad de esas tierras, lo que se muestra como una maniobra de corto alcance para justificar el desalojo de los ocupantes.

Durante los próximos días están previstas distintas actividades de la toma e incluso una movilización a Plaza de Mayo el próximo 21 convocando a todas las familias sin tierra y a todas las tomas.

https://prensaobrera.com/sociedad/la-toma-de-guernica-en-una-semana-decisiva/