En una actividad organizada por la diputada Mabel Caparrós (Frente de Todos) se proyectó en el Congreso la película “Barcos de Papel” del director y marino mercante Fernando Duarte. Se encontraban familiares de víctimas de hundimientos de la flota pesquera y el ARA San Juan, representantes de los sindicatos de capitanes y conductores navales, la Organización MAR. Por el Frente de Izquierda se hicieron presentes el diputado Nicolás Del Caño y un asesor de la diputada Romina Del Plá.

Este documental relata la tragedia del 17 de junio de 2017 cuando el hundimiento del Repunte, barco pesquero de la flota marplatense, dejó dos sobrevivientes, tres muertos y siete desaparecidos en el mar.

El Repunte llegó al país, ya usado, en 1968. Era un barco pesquero de 32,6 metros de eslora perteneciente a la firma Ostramar S.A., y tenía asiento en Mar del Plata, donde estuvo inactivo tres años. Fue la llamada "fiebre del oro rojo", el furor por los langostinos, y el afán de lucro de los empresarios pesqueros por aprovechar esa demanda lo que puso a la embarcación otra vez en actividad. Era un barco "merlucero" pero se le agregaron dos tangones –brazos laterales sacados de otro buque, el Don Luciano- para poder incursionar en la pesca del langostino. La Prefectura no pudo explicar por qué no se lo había inspeccionado, ya que con esos cambios se modificaba su centro de gravedad.

Así se va conociendo la trama de intereses que ha provocado 51 hundimientos en los últimos 20 años, con una secuela de más de 130 tripulantes muertos o desaparecidos. Se muestra la precarización de los trabajadores pesqueros, extorsionados por la necesidad de trabajar, empujados a subirse a embarcaciones que son verdaderos “ataúdes flotantes”, autorizados por Prefectura sin inspeccionarlos, aún cuando se encuentran ostensiblemente deteriorados y viejos.

Se trata de un esquema de corrupción que tiene al lobby pesquero en el centro y a todas las instituciones del Estado como cómplices: Prefectura, Consejo Federal Pesquero, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. La Justicia Federal, por su parte, bloquea a través del juez Lleral los peritajes que permitirían deslindar las responsabilidades patronales.

El film recorre la enorme lucha de los familiares del Repunte que se han organizado en Ningún Hundimiento Más, acompañados por los del Rigel, hundido en 2018, el San Antonino en 2016 y también los del ARA San Juan. Una lucha que no se ha detenido en estos años cosechando la solidaridad del pueblo marplatense.

La tenacidad de los familiares ha tenido varios logros como la constitución en 2020 de un organismo técnico descentralizado, la Junta de Seguridad en el Transporte, que integrado por ingenieros navales, marinos experimentados y peritos, viene sacando a la luz la gravedad del estado de la flota pesquera y ha tomado resoluciones de alcance internacional sobre los botes salvavidas que fallaron a la hora de ser necesarios y reglamentado la obligación a las embarcaciones de proporcionar “trajes de abandono” (de supervivencia e inmersión) para toda la tripulación.

Sin embargo es muchísimo lo que aún resta por conquistar. La renovación de la flota es completamente urgente, así como la entrega inmediata de los Certificados de Presunción de muerte, negados por años, sin los cuales los familiares de las víctimas no pueden cobrar seguros, ni tramitar pensiones, ni gestionar sucesiones.

Luego de la proyección pudo escucharse el testimonio de Gabriela Sánchez en representación de los familiares del Repunte organizados en Ningún Hundimiento Más. Aquí sus conceptos principales.

“En junio se van a cumplir cinco años del hundimiento del Repunte. La causa penal todavía está en estado de Instrucción. Eso es una aberración jurídica y a los derechos humanos. Cada cosa que denunciamos en estos años le llevamos las pruebas al juez Lleral que siempre nos dio la espalda. Hizo como que se hacían las pericias para dejarnos tranquilas. En Mar del Plata nos llaman ‘las locas del Repunte’ porque estábamos molestando demasiado. La Justicia civil tampoco hizo nada, recién hace un mes que los últimos familiares recibieron el Certificado de Presunción de Fallecimiento. Todavía siguen algunos sin cobrar los seguros”.

Dirigiéndose a la diputada Caparrós, Gabriela agradeció y manifestó que “es la primera vez que puedo hablar con un funcionario de este gobierno. Para mi es importante porque pensé que iba a ser distinto, pero realmente no fue”. “Nosotros buscamos justicia y que cambien las cosas. Esa justicia que algún día llegará, no nos va a devolver la vida de nuestros familiares, pero va a darle un sentido a lo que no tiene sentido: la muerte de un trabajador por una tragedia evitable”.

“Yo soy de las que piensan que tenemos que seguir luchando, una lucha tremendamente desigual”, afirmó Gabriela, y relató el encuentro con Macri en 2018, quien venía a reunirse con los empresarios pesqueros, para pedirle que acompañe el proyecto presentado por Pino Solanas en el que se establecía un plazo de cinco años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tuvieran una antigüedad superior a los 35 años. Allí estaban también los familiares del Rigel, San Antonino y del ARA San Juan (a estos últimos no los recibió). Macri se comprometió a sacar un DNU y hasta difundió que les dio un reto a los armadores. Pero el decreto resultó una burla: puso un límite para las embarcaciones de 60 años y un plazo de 20 años para reemplazarlos. El DNU aún vigente permite usar los permisos de pesca propiedad del Estado como garantía de créditos para renovar los barcos.

Gabriela recordó la audiencia pública que en 2017 trató el tema en la Cámara de Diputados “por primera vez, y nosotros contamos 51 hundimientos en los últimos 20 años. Si se hubieran caído 51 aviones…”. La instancia había sido convocada desde la banca de Pablo López, diputado salteño del Partido Obrero.

“Esto tiene causas: primero porque es un monopolio, segundo porque los empresarios tienen funcionarios dentro del Consejo Federal Pesquero, pasan los gobiernos pero ellos siguen estando…como consejeros, como asesores y ahora como presidente”. “Es duro ver que hay un puñado de empresarios que se siguen enriqueciendo también cuando los barcos se hunden, porque ellos cobran los seguros en dólares, siguen manteniendo el permiso de pesca, les aumentan el cupo. Ahora, este año al Repunte, que hace 5 años está hundido le otorgaron 880 toneladas de merluza, que lo utiliza Caputo (su dueño). Y nosotras seguimos pidiendo certificados de presunción de fallecimiento… fíjense si no es una lucha tremendamente desigual… el lobby pesquero es una de las cosas que mejor funciona en la Argentina”.

Miguel Osorio, papá de Cristian, maquinista del Rigel, denunció el sistema perverso que durante años le niega los certificados de defunción a las familias, la violación de las reglamentaciones para reparaciones, utilizando parches, con chapas de menor grosor, para no reparar en dique seco, arreglos que no son inspeccionados como es obligación de Prefectura, que habilita permanentemente embarcaciones que no deberían salir. Luego son ellos mismos los que se ocupan de investigar los hundimientos. O sea que son juez y parte. No parece casualidad la negativa de Prefectura a salir al rescate inmediato de los náufragos por razones climáticas.

A la conmoción y la emoción que produjo el documental se sumaron estos y otros relatos de amigos de las víctimas. Una denuncia que involucra a todo un régimen social.

La actividad pesquera genera al Estado un ingreso anual de 2.000 millones de dólares y muchos más a empresarios que no dudan en mandar a la muerte a los trabajadores embarcados. Utilizan y depredan un recurso que no les pertenece a lo que se suman buques factoría que sobreexplotan la fauna ictícola legal e ilegalmente.

Como recurso estratégico fundamental queda planteada la necesidad de nacionalizar los recursos pesqueros para ponerlos bajo control de los trabajadores, única forma de terminar con los atropellos a la vida humana y al ecosistema marítimo amenazado.

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