Jorge Mario Bergoglio asumió la conducción del Vaticano prometiendo que iba a poner fin a los abusos eclesiásticos, en medio de la crisis que se llevó puesto a Benedicto XVI, relacionada en parte con la pederastia. En 10 años de papado, la situación no cambió un ápice. Francisco ha venido encubriendo curas abusadores, y los abusos sexuales persistieron.

Entre 2020 y 2021, la Iglesia italiana recibió 86 denuncias por casos de abuso, de los cuales más de la mitad eran recientes. La Iglesia de Estados Unidos recibió, entre 1950 y 2018, más de 20.000 denuncias por parte de menores que afirmaron ser víctimas de abusos. En Chile, más de 200 miembros de la Iglesia chilena fueron investigados por casos de agresión sexual; en su visita a ese país, en 2018, Francisco fue acusado de no haber tomado ninguna medida frente a los casos. Solo después de ese episodio aceptó la dimisión de (tan solo) siete obispos chilenos. Un informe del propio Vaticano, en el que seguramente la realidad esté tergiversada adrede, señaló que en 2018 la Iglesia recibía alrededor de 600 denuncias de abuso por año.

En febrero de 2019 tuvo lugar la cumbre sobre abusos en el Vaticano, convocada por Francisco, que resolvió que los casos se traten dentro de las paredes de la Iglesia y en el marco del derecho canónico, o sea, la continuidad de la impunidad. Ese mismo año, la directora, el comité editorial y las redactoras del suplemento femenino de L’Osservatore Romano, un periódico de la Ciudad del Vaticano, dimitieron de sus funciones denunciando la censura (el suplemento se hizo eco de denuncias de abuso sexual contra monjas dentro de la Iglesia católica) y regimentación de la Iglesia. En 2021, el Vaticano absolvió, en el primer juicio realizado en él, a dos curas abusadores.

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El encubrimiento de los curas abusadores es parte de una orientación política. El Vaticano los protege deliberadamente, a conciencia. Una investigación divulgada en febrero de 2022 por el diario italiano Domani sostuvo que el Vaticano siguió dando, bajo el gobierno de Francisco, instrucciones para evitar que trascendieran escándalos por pedofilia eclesiástica. En algunos casos, para protegerlos, la Iglesia traslada a los curas abusadores a otras diócesis o parroquias, en lugar de denunciarlos. En otros, se presiona a las víctimas para que mantengan los abusos en secreto. Esta política es funcional al sostenimiento de una opresión extremadamente violenta.

En Argentina, la política de Bergoglio con respecto a los abusos muestra claramente el carácter pederasta de la institución. Hace poco designó a Víctor Manuel “Tucho” Fernández en un puesto del Vaticano que está vinculado con la orientación de los establecimientos educativos que posee el clero por todo el mundo.

Fernández es conocido por haber defendido abiertamente a Raúl Sidders, quien fue denunciado por abusar de una menor de 11 años cuando se desempeñaba como capellán del Colegio San Vicente de Paúl de La Plata y por acosar a distintos estudiantes. Además, Fernández amenazó a Prensa Obrera con acciones legales por haber recogido los relatos de las víctimas de Sidders, que fueron fundamentales para que salgan a la luz los casos y se inicie un proceso de la lucha contra la impunidad.

A su vez, Bergoglio encubrió al exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien fue denunciado por abusar de seminaristas. En 2017, antes de que aparezcan las denuncias, Zanchetta abandonó Orán y partió para el Vaticano. En 2020 se conoció que fue restituido en sus funciones como empleado de un organismo que administra las propiedades inmobiliarias y financieras del Vaticano.

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En 2020, Francisco protegió al cura paranaense José Francisco Decuyper, a quien su sobrino denunció penalmente por abuso sexual. Sergio Decuyper, la víctima, contó que el Papa se comunicó con él para pedirle que no hiciera público el caso, a la vez que le dijo que su homosexualidad era una enfermedad.

El Papa también encubrió a un cura abusador de la ciudad de San Rafael, Mendoza. “Carlos Miguel Buela fue recluido por el papa Francisco a un Monasterio de San Isidro de Dueñas de Palencia (España) luego de que se lo acusara en repetidas ocasiones de abusar sexualmente de otros sacerdotes” (Infobae, 1/12).

A principios de marzo, Víctor Fernández, desde su lugar como arzobispo de La Plata, colocó a Federico Wechsung como segundo obispo auxiliar de la Arquidiócesis platense. Wechsung defendió, como lo hicieron Bergoglio y Fernández, al cura abusador Eduardo Lorenzo, a quien además definió como una “víctima de una enorme tensión y sufrimiento”.

Como se ve, la política de encubrimiento de los curas abusadores ha continuado bajo Francisco. La oposición de la Iglesia y del Papa a la ESI es consecuente con esa orientación; la curia está en contra de que los niños puedan identificar y denunciar abusos, y de que los jóvenes tengan acceso a los anticonceptivos. Es una política cuyo objetivo es, además, reforzar la regimentación y el sometimiento de las niñeces y la juventud.

Que gobiernos como el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner respalden políticamente a Bergoglio, y económicamente a las iglesias, es una afrenta contra el movimiento de mujeres y diversidades sexuales, y contra los movimientos que pelean contra la impunidad de los curas abusadores.

La lucha contra la impunidad de los curas abusadores, y por la aplicación efectiva de la ESI, debe ir de la mano de una pelea a fondo contra los gobiernos capitalistas que sostienen a esta institución reaccionaria.

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