Un crecimiento de las ocupaciones de tierras, en gran parte del país, ha puesto de manifiesto nuevamente la cuestión de la lucha por la vivienda para cientos de miles de familias que no obtienen ninguna respuesta por parte del Estado. La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las condiciones de hacinamiento en las que habita la población trabajadora más pobre, alrededor de las principales urbes del país, siendo esta una de las principales causales de propagación del virus. Pero también ha generado las condiciones para un alza en las ocupaciones de terrenos, alentado por la inviabilidad de la supervivencia económica y por el colapso de la frágil estructura habitacional a la cual se encuentran sometidos millones de trabajadores.

Con epicentro en la provincia de Buenos Aires -principalmente alrededor de segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense y La Plata- y extendiéndose por Corrientes, Salta, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Chaco, la Patagonia y Córdoba, se multiplican las ocupaciones de terrenos, muchas de las cuales son desalojadas violentamente con operativos represivos ordenados por la Justicia e impulsado por las gobernaciones y los intendentes. Solo en la provincia de Buenos Aires se registran cinco ocupaciones de terrenos por semana (según el Ministerio de Seguridad).

El proceso más grande que se registra actualmente es el de la ocupación de terrenos en Guernica, localidad bonaerense del distrito de Presidente Perón, con más de 2.000 familias y 10.000 ocupantes. En La Plata se asiste a un reguero de ocupaciones en zonas periféricas, donde se cuentan al menos unas 22 tomas en el último periodo (La Nación, 1/8).

Las ocupaciones también se extienden por distintas localidades del distrito de La Matanza, Cañuelas, Pilar, Quilmes. En Florencio Varela acaban de reprimir una ocupación de 600 familias, con 11 detenidos, entre ellos el abogado de los vecinos. Hace pocas semanas, vecinos del Barrio Sacchi de Córdoba ocuparon unos terrenos ante la imposibilidad de seguir pagando los alquileres. Las autoridades del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) señalan que las ocupaciones de terreno se multiplican por el departamento de Ledesma, y que en Libertador General San Martín las tomas se extienden a los predios aledaños a los escasos lotes otorgados por la provincia. El municipio de Paraná (Entre Ríos) acaba de realizar 40 intimaciones a vecinos por la ocupación de terrenos fiscales.

Un derecho prohibido

El acceso a una vivienda propia, o a una parcela de tierra para poder edificar, es una de las pretensiones más elementales de todo ser humano. Implica la posibilidad de poder disponer de un espacio personal, construir una familia y habitar en un entorno sano y confortable. Sin embargo, se trata de un derecho vedado a la mayoría del pueblo trabajador, incluso a familias que cuentan con ingresos regulares y con un trabajo registrado.

Recientemente, un estudio de la Uade (Universidad Argentina de la Empresa) calculó que se necesitan 6,67 salarios para comprar un metro cuadrado de vivienda nueva en CABA, teniendo en cuenta la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privados: esto sería el equivalente a unos 200 salarios -con un valor superior a la canasta básica- para acceder a un modesto ambiente de 30 metros cuadrados. Estas mediciones son relativas y dependen tanto del poder adquisitivo de la persona como del lugar y valor de la vivienda, sin embargo reflejan lo que es una verdad para la mayoría de la población: comprar una vivienda es una cuestión imposible.

Para el caso de las familias desocupadas los números se vuelven una mera fantasía. Ni en todo lo que dura una vida podrían acceder a comprar una vivienda o un terreno donde edificar una casa que responda a mínimos requerimientos habitacionales. La mayoría de la población pobre vive hacinada en terrenos que comparte con sus familias; edificaciones verticales que se extienden hasta el límite de lo posible; o pagando alquileres por piezas y casillas precarias, en donde dejan los pocos ingresos que obtienen de changas o del cobro de algún programa social.

En estas condiciones, ocupar un terreno, exponiéndose a vivir meses en la intemperie y bajo el acecho de las fuerzas represivas, aparece como la única salida a una necesidad inmediata que se ha agravado con el crecimiento de la pobreza y con la agudización de la crisis por la pandemia.

Desalojos sí, viviendas no

Ante estas circunstancias la orientación del gobierno nacional, y de los gobernadores e intendentes, ha sido la de criminalizar a los trabajadores más vulnerables. Según la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, las ocupaciones están vinculadas a hechos delictivos –loteo y venta de los terrenos- y no ha necesidades populares. Pero los vecinos denuncian todo lo contrario; que es el Estado el que garantiza la entrega de los terrenos fiscales a los especuladores inmobiliarios para que estos realicen negocios con la construcción de countries y otros emprendimientos privados.

La solución que la ministra propone es implementar “programas que vengan a resolver la cuestión del crecimiento vegetativo de la población”; es decir, políticas de control de natalidad y poblacional, pero no de viviendas. La presentación del plan ProCrear no hace mella a esta cuestión ya que poco y nada tiene para dar respuestas a las demandas habitacionales de los sectores más pobres. Por su parte, el oficialista Juan Grabois (dirigente de la Ctep) ha salido a advertir sobre el tema de las ocupaciones pero para oponer como salida sur plan de “repoblamiento nacional”, para el cual no hay ningún recurso asignado, ni atisbo de que esto fuera a suceder. Menos aún bajo las condiciones de saqueo del pacto del gobierno con los acreedores de la deuda.

Para darle una salida satisfactoria al reclamo de cientos de miles de familias se debe proceder a un empadronamiento de todas las personas y familias sin vivienda, de la mano del establecimiento de un Banco de Tierras donde se ponga a disposición los terrenos ociosos, y sin uso, para los trabajadores. Hay que proceder de inmediato al bloqueo de ventas de terrenos fiscales y su utilización para proyectos de obra pública y viviendas destinados a las familias obreras. Un plan de obras públicas de estas características también debe servir para reactivar la industria de la construcción, con salarios bajo convenio y derechos laborales. Así como liquidar el negocio de los especuladores inmobiliarios que exprimen cada centavo del ahorro de los trabajadores para poder acceder a una vivienda propia. El crecimiento de las ocupaciones es un reflejo del hartazgo de la población trabajadora respecto a las condiciones a la que es sometida. Defendemos del derecho a la tierra y a la vivienda y rechazamos la política de la represión violenta y los desalojos como salida a la crisis habitacional que vive el país. Solo el Frente de Izquierda y el Partido Obrero levantan esta posición, junto al pueblo trabajador, organizando una salida independiente ante la crisis.