El Frente de Todos buscó en el día de hoy ungirse con un barniz progresista, mostrándose partidario de tratar en Diputados la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que ya cuenta con media sanción en el Senado. Lo cierto es que no movió un dedo para reunir el quórum necesario y fue un espectador pasivo de cómo se levantaba la sesión tras la negativa de la derecha a sentarse en sus bancas, dejando el proyecto al borde de perder estado parlamentario.

Ocurre que permeó a ambos lados de la “grieta” el reclamo de las cámaras alimenticias, que no quieren bajo ningún punto de vista una ley que disuada a los consumidores de comprar alimentos no saludables. La oposición de Juntos por el Cambio se abrazó sin ambages a este lobby capitalista, no obstante, el oficialismo no es ajeno al mismo ya que ostenta como Jefe de Gabinete a Juan Manzur, un reconocido adversario de cualquier iniciativa que pueda llegar a afectar los intereses de la industria azucarera.

A su vez, es preciso señalar la impostura del bloque oficial, cuyos legisladores posan como los abanderados de la alimentación saludable, mientras su política al frente del gobierno no ha hecho más que incrementar los índices de malnutrición en el país. Así lo refleja un estudio publicado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), realizado entre diciembre 2020 y febrero 2021.

El informe da cuenta que el 42,1% de lxs niñxs y adolescentes entre 2 y 18 años presenta malnutrición. Dentro de ese porcentaje, el 32,2% tiene sobrepeso u obesidad y el 2,9% bajo peso. La malnutrición es del 32,4% en niñxs entre los 2 y los 6 años de edad, mientras que en 2019 era del 27,4%. En el caso de lxs niñxs entre 6 y 10 años, este indicador llega al 49,1%, 5,3 puntos más que en 2019. A su vez, en lxs jóvenes entre 10 y 18 años, la malnutrición llega al 46,4%, lo que significa un aumento del 6% en relación a 2019.

El déficit nutricional en los hogares aparece nítidamente si observamos los datos obtenidos en el 2020 a partir del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación (IFAL). De los hogares sin Tarjeta Alimentar, el 85% manifestó haber reducido el consumo de carnes, el 60% consumió menos cantidad de verduras, el 71% menos frutas y el 76% disminuyó el consumo de lácteos. Por otra parte, dentro de los hogares con Tarjeta Alimentar el 80% menguó el consumo de carnes, el 55% consumió menos verduras, el 65% redujo el consumo frutas y el 69% el de lácteos.

Asimismo, solo el 55% de los hogares relevados dijo que realizaba las cuatro comidas al día. El 26% solo tres, el 17% apenas dos y el 2% una sola. Este cuadro posiblemente no se haya revertido de un año a otro teniendo en cuenta que el consumo de alimentos cayó un 7% en el primer semestre 2021, en comparación al mismo período del 2020 (Ámbito, 6/10).

La realidad descripta está dada por el encarecimiento de los alimentos y la miseria salarial que recorre a las familias trabajadoras. El gobierno contribuye a forjar este escenario puesto que no toma ninguna medida de fondo para evitar que las empresas alimenticias incurran en sobreprecios, y, por otra parte, ha promovido paritarias a la baja en todo el movimiento obrero y sellado aumentos de indigencia del salario mínimo, el cual llegará a $33.000 recién en febrero 2022.

Así las cosas, el precio de los alimentos aumentó un 54,4% entre agosto 2020 y agosto 2021, superando la inflación general del período (del 51,4%). Por su parte, la Canasta Alimentaria tuvo un incremento interanual del 55,5% en agosto de este año. Las consultoras privadas adelantan que índice inflacionario de septiembre no bajará del 3%, siendo el precio de los alimentos su principal motor. Frente a esta situación, la única iniciativa que tiene en carpeta el gobierno es renovar en los próximos días el acuerdo de Precios Cuidados, un programa que se ha mostrado inocuo a la hora de contener la escalada inflacionaria.

Por lo tanto, las causas del déficit nutricional en Argentina hay que buscarlas en la brecha que existe entre los precios de los alimentos y los ingresos populares. Abismo que el gobierno y la oposición patronal se encargan de profundizar con sus políticas de ajuste y al servicio de la clase capitalista. Sin ir más lejos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner acaban de presentar un proyecto de ley que le ofrece un sinfín de beneficios a la agroindustria, reafirmando el dominio de un puñado de multinacionales que acaparan buena parte de la producción y comercialización de alimentos en el país, encargadas de trasladar el alza en los precios internacionales de las materias primas al mercado interno.

Desde el Frente de Izquierda Unidad reclamamos la inmediata aprobación de la Ley de Etiquetado, así como también exigimos la apertura de los libros bajo control obrero de toda la cadena comercial, a fin de evaluar los costos reales y evitar sobreprecios. A su turno, la lucha por una alimentación más sana debe ir acompañada del reclamo por un salario mínimo igual a la canasta familiar (hoy en $100.000) y por terminar con el monopolio capitalista de la producción de alimentos, empezando por la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior.

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