En el día de la fecha se está llevando adelante una audiencia en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón, donde Julio César Grassi, el sacerdote condenado por violación de menores, intentará obtener la liberación anticipada. Esto constituiría un enorme agravio a las víctimas, que tuvieron que soportar un largo proceso judicial hasta lograr la condena a su abusador, protegido hasta último momento por la cúpula de la Iglesia.

La pena de Grassi debería finalizar en mayo de 2028. Al respecto del pedido de reducirla, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego, sostuvo que “el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales”. Recordemos que el cura fue declarado culpable en 2009 por el delito de abuso sexual a dos menores que estaban a su cargo en la Fundación Felices los Niños, un hogar convivencial fundado por el cura donde vivían niños sin cuidados parentales. Cabe destacar que la Justicia solo tuvo en cuenta dos de las 17 acusaciones que pesaban en su contra. El sacerdote se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas para silenciarlas; por ejemplo, a un niño que había presenciado una escena de abuso en su oficina lo amenazó diciéndole “de lo que viste no le contés nada a nadie porque te echo de acá”.

Los hechos de abuso sexual contra niños y adolescentes ocurrieron en 1996 pero recién salieron a la luz en 2002 a través de una investigación periodística de Miriam Lewin en Telenoche Investiga. Sin embargo, el juicio no comenzó hasta 2008 y recién fue detenido en 2013. Desde entonces, Grassi se encuentra alojado en el penal bonaerense de Campana. En 2017, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires sentenció condena firme. En 2020 fue rechazada su solicitud de prisión domiciliaria durante la pandemia de coronavirus, y, en 2022, se le negó el beneficio del 2×1.

Como vemos, Grassi contó con al menos 17 años de total impunidad. Amparado por el poder político de turno, que subsidió con fondos millonarios a esa fundación, al punto donarle 65 hectáreas en el municipio de Hurlingham, entre ellas un bosque perteneciente al Instituto Forestal Nacional, por decisión del ministro Domingo Cavallo bajo la presidencia de Carlos Menem. El gobierno kirchnerista permitió que el manejo de dicha institución quedara en manos de los allegados a Grassi; recién en 2014 tuvo que intervenirla tras conocerse que se desviaban fondos de la fundación a la cárcel donde este sacerdote se encontraba preso.

Grassi no solo siguió en libertad y en contacto con los chicos durante cuatro años luego de ser condenado en primera instancia, sino que además los testimonios describen que, aún estando detenido, seguía digitando todo lo que ocurría allí. “Todavía nos acordamos de cuando los viernes, llegaba plata en sobres para pagar sueldos atrasados, a cuentagotas, de a 50 o 100 pesos. Aquel al que Grassi le bajaba el pulgar desde su celda no cobraba (…) Grassi les generó temor, incluso desde la cárcel, les decía que iba a volver, que iba a tomar la Fundación. Mucha gente había sido sometida por el miedo. Hubo gente buena que sabía lo que pasaba, pero no sabía cómo enfrentarlo” (TN, 05/04/2017). A su vez, los empleados del lugar afirman que el sacerdote se encargó de ocultar otros casos de abusos cometidos en centros dependientes de la fundación.

Incluso, sus principales cómplices nunca fueron juzgados. Como por ejemplo el director de la fundación, el expolicía bonaerense Juan Domingo Pérez (mano derecha de Grassi), que además contaba con denuncias de violencia de género por parte de su ex esposa; Fabián Amarilla (secretario del cura), quien confesó que había colaborado con Grassi en la instalación de cámaras ocultas para presionar a otros testigos y desvirtuar pruebas de la querella; e Iván Guex (compañero de seminario de Grassi) que fue testigo en el juicio y, según el abogado querellante, “se contradijo en numerosas oportunidades”.

La protección más escandalosa vino de parte de Jorge Bergoglio, actual “Papa Francisco”, quien, cuando le tocó presidir el Episcopado en 2008, financió al letrado Marcelo Sancinetti para que redactara un libro que condensaba la defensa jurídica del cura pedófilo, en función lograr que los jueces de la Suprema Corte bonaerense lo declararan inocente. En ese escrito, además, se hizo público material que se mantenía reservado en pos de preservar a las víctimas de abuso sexual. Por otra parte, al día de hoy Grassi no ha sido expulsado de la Iglesia Católica, sigue siendo sacerdote más no puede oficiar misas en público.

Finalmente, desde las altas esferas del poder eclesiástico se encubre a los curas abusadores a fin de perpetuar esa práctica aberrante que talla en la subjetividad de las infancias un mandato de sumisión. Los sucesivos gobiernos tercerizan la asistencia social en el clero, dejando a nuestros pibes a merced de esta cueva de pedófilos.

La lucha por justicia conquistó la condena de un sacerdote con fuertes lazos con el poder. Debemos rechazar su liberación anticipada y retomar la movilización callejera por la separación de las iglesias del Estado, cuya alianza es una afrenta constante contra mujeres y niños.

Nuevo golpe al gobierno: Diputados rechaza el DNU de los fondos reservados para la Side

La diputada Vanina Biasi, del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, reclamó que se trate ahora también el DNU 70/2023. –

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