En el 2022 murieron cinco personas en basurales por culpa de la informalidad laboral que promueve el gobierno

Durante el 2022 en Argentina, cinco personas fallecieron en basurales tras ser atropelladas por camiones o máquinas. Cuatro de ellas eran adultos menores de 40 años, que se encontraban recolectando residuos reciclables para vender, más un niño de apenas ocho años, que acompañaba a su madre mientras ella recuperaba materiales de la basura para poder sobrevivir.

Un destino trágico, propio del desamparo que envuelve a las aproximadamente 200.000 personas que trabajan en basurales en todo el país, en la más absoluta informalidad laboral, expuestos a todo tipo de lesiones y enfermedades. El Estado, en lugar de hacerse cargo del correcto tratamiento de los residuos urbanos, empleando trabajadores bajo convenio proporcionándoles los elementos de seguridad e higiene necesarios; delega esa tarea en recuperadores y recicladores precarizados, que se ganan la vida cirujeando materiales reutilizables, ya sea nucleados en cooperativas de trabajo que comercializan directamente con las industrias, o por cuenta propia vendiéndole lo recolectado al acopiador. Muchas veces, deben escoger entre llevar a sus hijos a revolver la basura con ellos o que queden solos en la calle.

El sol abrasador, la falta de agua y de baños, el olor penetrante, las bacterias y las enfermedades en la piel, los materiales cortantes y las constantes heridas, el contacto con ácidos u otros líquidos tóxicos, los bolsones de 100 kilos en la espalda y los dolores de huesos, el riesgo a ser atropellados -sobre todo porque colgarse al camión de basura te permite agarrar los objetos más valiosos antes que sean descargados- son las condiciones laborales que les toca soportar a quienes trabajan en los 5.000 basurales a cielo abierto de todo el país. El Estado no garantiza ni un par de guantes ni la más mínima protección a quienes recolectan los residuos reciclables. Tampoco genera trabajo genuino, obligando a los sectores más vulnerables a arriesgar su vida y la de su familia dentro de un basural para poder comer.

A cambio, los recuperadores reciben migajas: el kilo de papel blanco y de cartón se vende a $30, a $850 el kilo de bronce y a $1.100 el de cobre. Como vemos, esta actividad tan insalubre requiere de jornadas extenuantes para que el día de trabajo rinda. Sin embargo, esos ingresos de miseria coinciden -o incluso superan- a los salarios que pagan los empleadores en el sector informal, con lo que muchos trabajadores prefieren autoexplotarse antes estar bajo las órdenes de un patrón e igualmente seguir pasando hambre y continuar expuestos a accidentes laborales. Es el retrato de un mercado de trabajo signado por la precarización, donde más de la mitad de la población ocupada carece de derechos laborales y el ingreso promedio de los asalariados no registrados se ubica en los $45 mil -$20 mil por debajo de la línea de indigencia. Las responsabilidades de semejante catástrofe social hay que buscarlas en los políticos capitalistas, que se han sucedido en el poder hundiendo a los sectores populares.

Para no lamentar más muertes en basurales, es necesario que el Estado absorba toda la fuerza de trabajo que hoy se dedica a recuperar y reciclar residuos, tanto en las calles como en los basurales y los galpones de reciclado, los ponga en planta permanente con plenos derechos laborales y un salario igual a la canasta familiar, y, a su vez, garantice las condiciones de seguridad e higiene acordes y la tecnología disponible en función de alivianar esas tareas. Lo anterior requiere de la organización de los trabajadores del rubro bajo esa perspectiva.

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