Durante el 2022 en Argentina, cinco personas fallecieron en basurales tras ser atropelladas por camiones o máquinas. Cuatro de ellas eran adultos menores de 40 años, que se encontraban recolectando residuos reciclables para vender, más un niño de apenas ocho años, que acompañaba a su madre mientras ella recuperaba materiales de la basura para poder sobrevivir.

Un destino trágico, propio del desamparo que envuelve a las aproximadamente 200.000 personas que trabajan en basurales en todo el país, en la más absoluta informalidad laboral, expuestos a todo tipo de lesiones y enfermedades. El Estado, en lugar de hacerse cargo del correcto tratamiento de los residuos urbanos, empleando trabajadores bajo convenio proporcionándoles los elementos de seguridad e higiene necesarios; delega esa tarea en recuperadores y recicladores precarizados, que se ganan la vida cirujeando materiales reutilizables, ya sea nucleados en cooperativas de trabajo que comercializan directamente con las industrias, o por cuenta propia vendiéndole lo recolectado al acopiador. Muchas veces, deben escoger entre llevar a sus hijos a revolver la basura con ellos o que queden solos en la calle.

El sol abrasador, la falta de agua y de baños, el olor penetrante, las bacterias y las enfermedades en la piel, los materiales cortantes y las constantes heridas, el contacto con ácidos u otros líquidos tóxicos, los bolsones de 100 kilos en la espalda y los dolores de huesos, el riesgo a ser atropellados -sobre todo porque colgarse al camión de basura te permite agarrar los objetos más valiosos antes que sean descargados- son las condiciones laborales que les toca soportar a quienes trabajan en los 5.000 basurales a cielo abierto de todo el país. El Estado no garantiza ni un par de guantes ni la más mínima protección a quienes recolectan los residuos reciclables. Tampoco genera trabajo genuino, obligando a los sectores más vulnerables a arriesgar su vida y la de su familia dentro de un basural para poder comer.

A cambio, los recuperadores reciben migajas: el kilo de papel blanco y de cartón se vende a $30, a $850 el kilo de bronce y a $1.100 el de cobre. Como vemos, esta actividad tan insalubre requiere de jornadas extenuantes para que el día de trabajo rinda. Sin embargo, esos ingresos de miseria coinciden -o incluso superan- a los salarios que pagan los empleadores en el sector informal, con lo que muchos trabajadores prefieren autoexplotarse antes estar bajo las órdenes de un patrón e igualmente seguir pasando hambre y continuar expuestos a accidentes laborales. Es el retrato de un mercado de trabajo signado por la precarización, donde más de la mitad de la población ocupada carece de derechos laborales y el ingreso promedio de los asalariados no registrados se ubica en los $45 mil -$20 mil por debajo de la línea de indigencia. Las responsabilidades de semejante catástrofe social hay que buscarlas en los políticos capitalistas, que se han sucedido en el poder hundiendo a los sectores populares.

Para no lamentar más muertes en basurales, es necesario que el Estado absorba toda la fuerza de trabajo que hoy se dedica a recuperar y reciclar residuos, tanto en las calles como en los basurales y los galpones de reciclado, los ponga en planta permanente con plenos derechos laborales y un salario igual a la canasta familiar, y, a su vez, garantice las condiciones de seguridad e higiene acordes y la tecnología disponible en función de alivianar esas tareas. Lo anterior requiere de la organización de los trabajadores del rubro bajo esa perspectiva.