Prensa Obrera entrevistó a Juan Pablo Gallego, abogado con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, que ofició como querellante de las víctimas de abuso sexual de los curas Julio César Grassi y Eduardo Lorenzo, entre otros casos que involucran a personeros del poder político y a importantes empresarios.

La entrevista estuvo marcada por las recientes denuncias de abuso contra el cura Raúl Sidders del colegio confesional San Vicente de Paul de La Plata, publicadas originalmente por nuestro medio, ante las cuales reaccionó el Arzobispado de La Plata, desacreditando los testimonios y buscando amedrentar a las víctimas, incluyendo el envío de una carta documento contra Prensa Obrera. Apelamos así a la vasta experiencia de Gallego al frente de la acusación contra otros personajes de peso, en procesos que sacaron a la luz la protección de la Iglesia Católica hacia los abusadores y el peso de ésta sobre la Justicia.

Juan Pablo comenzó contando su experiencia en la causa Grassi, que duró 15 años, en la que se probaron los crímenes cometidos por el cura en todas las instancias judiciales, contra un equipo de 25 abogados e incluso contra un operativo de presión sobre la Corte Suprema de Justicia. Este último consistió en la publicación del libro de Marcelo Sancinetti, financiado por la Conferencia Episcopal Argentina presidida por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, donde se aseguraba la inocencia de Grassi.

Luego se refirió al caso de Eduardo Lorenzo, de la ciudad de La Plata. Contó que cuando pidió que se desarchive la causa, que estaba parada hacía una década sin investigación, “se produjo una eclosión”. Describió las operaciones del arzobispo Víctor Manuel “Tucho” Fernández para frenar el avance de la causa: “la política ha sido tratar de que no se investigue”, sostuvo. Resaltó que luego de que Lorenzo apareciera muerto en la sede de Cáritas, cuando la orden para su detención estaba en la calle -una vez probados categóricamente los abusos cometidos por él-, Fernández lo despidió con una misa en su honor “como si fuera un héroe”. Lo mismo sucede ahora, planteó, en torno al ataque del mismo arzobispo hacia Prensa Obrera por haber hecho públicos los testimonios de las víctimas de Sidders. “Es un intento de matar al mensajero”, agregó, “de parte de quien se proclama mano derecha del Papa en nuestro país”.

“Lo que más me ha impactado en los casos de Lorenzo, Grassi, y quizás se repita ahora, es que en la medida que avancé en las investigaciones me dí cuenta que todos sabían que estos tipos hacían estas cosas”. Además, planteó que “si ahora tenemos un tercer caso (en referencia a Sidders) y se vuelve a actuar de esta manera, amedrentando y utilizando para ello los resortes del Estado, ¿por qué desde Roma no deciden correr al arzobispo Víctor Fernández, y mostrar que la Iglesia puede permitir que investigue la Justicia sin ataques a la prensa y a las víctimas?”. A su vez, en relación a los funcionarios judiciales, el abogado enfatizó que “si hay presiones tienen que ponerlas sobre la mesa, actuar con las pruebas y proteger a las víctimas para que cuenten su verdad”. En conclusión, planteó que la Iglesia debería abrir sus archivos y facilitar las investigaciones, en lugar de obstruirlas.

Consultado por el papel que juega la Justicia Canónica, sostuvo que debería haber sido derogada como se derogó el Código Militar en la vuelta a la democracia. “Podría servir como reglamento interno para evaluar fallas administrativas dentro de la institución, pero la comisión de delitos penales debe juzgarse por el Código Penal. Hoy en día se mantienen vigentes concordatos firmados desde el Vaticano con cada país para impedir que se juzgue a los sacerdotes o poder controlar las investigaciones. Bien podría decir un arzobispo como Fernández que se ampara en el concordato firmado por Argentina en el año 1969. En aquel libro de Sancietti, se preguntaba ‘¿por qué motivo la justicia divina debería ser tratada por la justicia terrenal?’, es un problema serio”. Finalmente, sentenció que mientras no se deroguen los concordatos y continúe rigiendo una justicia religiosa “todo tipo de suspicacias seguirán ocurriendo”.

Por último, Gallego reflexionó que existe “una ideología por la cual la Justicia actúa protegiendo a los abusadores cuando pertenecen a la clase alta”. Ejemplificó con otro caso en el que oficia en la actualidad y que tuvo amplia repercusión mediática. Es el de Leandro Martínez, un importante empresario, que fue filmado mientras abusaba de su sobrina menor de edad y que permanece prófugo desde enero “sin que nadie lo busque”. Contrapuso la inacción ante este prófugo con pedido de captura de Interpol, con el accionar policial ante casos como el de Facundo Castro. “¿Con qué criterio no buscan a una persona que se ha probado que es pedófilo? No me imagino a un juez o a un cardenal haciendo esfuerzos para impedir que un ladrón de manzanas sea detenido. ¿Por qué esta doble vara?”. Todo un testimonio del carácter de clase de la Justicia.

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