Con un centenar de participantes en Zoom, y otro tanto siguiendo el evento por Facebook, se realizó la audiencia pública contra la impunidad de los abusos eclesiásticos, convocada por la diputada nacional del FIT, Romina Del Plá. La iniciativa fue impulsada a raíz de la denuncia contra el cura Raúl Sidders, quien como capellán del colegio San Vicente de Paul de La Plata perpetró violencias y abusos sobre niños y adolescentes durante casi 20 años. La actividad contó con la participación de “Rocío”, la denunciante, y de otros sobrevivientes y referentes de la lucha contra el encubrimiento en distintos puntos del país. Fue en el curso de la propia audiencia que se conoció el pedido de detención a este sacerdote, lo que fue celebrado como un triunfo de la organización.

Durante las casi tres horas que duró la audiencia se volcaron testimonios impactantes, profundas reflexiones sobre el poder de la Iglesia y su papel en el disciplinamiento social, y conclusiones de años de organización en esta lucha contra una impunidad que refleja la injerencia del clero sobre los distintos estamentos del Estado.

 

Romina Del Plá dio inicio a las intervenciones, saludando a Rocío y demás sobrevivientes por la valentía de superar el amedrentamiento. Comentó que desde la banca presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Seguridad dé cuenta de la situación de Sidders como capellán de Gendarmería Nacional, una información que la ministra Frederic aún no brinda a pesar incluso de la solicitud judicial. Destacó que fueron invitados a la audiencia todos los bloques políticos de la Cámara pero ninguno asistió, lo que patentiza los vínculos de las iglesias con el Estado, los cuales “inficionan todas las instituciones”. Denunció la protección estatal a los curas abusadores y manifestó que desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda acompaña a les denunciantes como parte elemental de la defensa de los derechos de protección a la niñez y la juventud, en la cual también encuadró la lucha por educación sexual laica y científica en las escuelas, por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado.

Luego tomó la palabra Juan Pablo Gallego, abogado copatrocinante de Rocío, quien también representó a las víctimas de Julio César Grassi y de Eduardo Lorenzo, entre muchos otros casos. Fue en base a la experiencia en esas “batallas legales” que contó cómo en el caso del cura Lorenzo -también de La Plata- se encontró que, más de 20 años después de la enorme repercusión que tuvo el juicio contra Grassi, se repetían los mismos ataques para impedir el avance de la causa judicial, incluidas amenazas a los testigos y las víctimas. Narró que en aquel momento se entrevistó con Jorge Bergoglio, entonces cardenal primado, quien expresó que se pondría disposición pero luego desplegó todo tipo operaciones de impunidad. Agregó que es el mismo accionar que se registra ahora en la causa Sidders, con las presiones del Arzobispado de La Plata, e incluyendo la confusa doble designación -estatal y eclesiástica- en Iguazú, a escasos kilómetros de la Triple Frontera.

Siguió Pía Garralda, también abogada patrocinante de Rocío y miembro de Apel, quien desarrolló los hechos que derivaron en la presentación judicial. Relató cuánto repercutió la publicación de Prensa Obrera con testimonios de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata, que expresaban las violencias y abusos de Sidders; y enumeró las respuestas intimidatorias del arzobispo platense Víctor Manuel “Tucho” Fernández. Valoró la organización y las acciones de lucha como claves para enfrentar a una institución con mucho poder, que funciona como un Estado dentro del Estado, como ejemplifican las presiones de que se valía el fallecido Lorenzo aprovechando sus vínculos con el poder político por sus funciones como capellán mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense. Denunció además la total ausencia de control estatal sobre las escuelas confesionales.

Rocío tomó luego la palabra para dar un testimonio desgarrador. Expresó que empezó a sufrir acoso desde los 10 años y que la tortura siguió hasta los 15, cuando por decisión propia dejó de ingresar al colegio. Contó que Sidders se aprovechaba de la confesión, que le hacía preguntas sobre su intimidad y la de su familia, y que se valía de lo que sabía acerca de su vida para manipularla. Llegó a intentar obligarla a tener relaciones sexuales con otro alumno, delante de él para que les enseñara. “Él me enseñó lo que es la masturbación, lo que es una felación”, afirmó Rocío, y luego narró situaciones en las que el cura ejerció contacto sexual cuando ella era una adolescente; “el mandato de dios es que la mujer debe complacer al hombre”, era la insistencia permanente de Sidders. También manifestó que el cura dictaba clases para aleccionar que los homosexuales irían al infierno, y decía que “las mujeres solo sirven para dormir, cagar y coger”.

“Lo tapé durante años”, agregó Rocío, y sostuvo que “el silencio me fue comiendo por dentro”, adjudicando sus graves problemas de salud (tanto psíquicos como corporales) a los abusos que padeció. “Hasta que Sidders no esté tras las rejas no voy a poder sanar”. También expresó que a los 12 años intentó suicidarse por primera vez, como intento de escapar de la aberrante situación. Denunció que tras ser prácticamente expulsada del San Vicente no era aceptada en ninguna escuela de La Plata, y debió terminar sus estudios en las afueras de la ciudad. “Tuve miedo. Siempre pensé que estaba sola, pero hoy sé que me creen”, concluyó.

Continuó en el uso de la palabra Julieta Añazco, una de las principales referentes de la lucha contra los abusos eclesiásticos en Argentina. Contó su historia, víctima cuando era niña del cura Héctor Ricardo Giménez, y que tomó conciencia de ello muchos años después, cuando nació su nieto. Allí comenzó su búsqueda, hasta que lo encontró dando misa. Además de la suya, explicó, este cura cuenta con otras tres denuncias penales radicadas en Magdalena, City Bell, y el barrio de Flores, a pesar de lo cual la causa fue archivada en dos oportunidades por declarar prescritos los delitos -una figura que definió que será objeto de las batallas por venir. “Finalmente logramos que el Vaticano lo declare culpable, y la condena fue conminarlo a 10 años de oración y penitencia en el Asilo Marín de La Plata, pudiendo salir a cobrar su sueldo”. Adjudicó al apoyo del movimiento de mujeres el haber podido denunciar y recorrer este proceso -que incluyó dos escraches a Giménez-, y contó su experiencia agrupando a otros sobrevivientes de la Argentina y vinculándose con experiencias de otras partes del mundo, que inspiraron el proceso de organización en nuestro país.

Luego el psiquiatra de sobrevivientes Enrique Stola introdujo que la vergüenza, el miedo y la culpa que siente una víctima de abuso es resultado de un disciplinamiento de los cuerpos mediante la sexualidad, sobre todo de las mujeres, y desarrolló que en el caso de la Iglesia el maltrato de los cuerpos es constitutivo de la institución. Denunció así a la Iglesia misma como una institución pedófila, y agregó que Grassi y hasta el genocida condenado Christian Von Wernich siguen siendo curas.

Vanina Biasi retomó la relación entre los abusos eclesiásticos y el rol de la Iglesia como pilar del disciplinamiento social, y denunció que el Estado se sirve por ello de estas instituciones. Apuntó que el clero controla la mitad del sistema educativo, y que el caso Sidders muestra que no hay ningún control estatal sobre esas escuelas. “En la provincia de Buenos Aires hay un millón y medio de chicos librados a la completa arbitrariedad de esta institución, mientras los gobiernos de turno miran para otro lado”, sentenció. Sostuvo que esos vínculos se refuerzan en particular en momentos de ajuste como este, y recalcó como un testimonio de ello la ausencia de todos los bloques políticos en la audiencia. Definió que es la base para la impunidad, como la que benefició a Justo José Ilarraz en Entre Ríos (cuya condena a 25 años fue apelada a la Corte) y a Gustavo Zanchetta en Salta (refugiado en el Vaticano). En contraste, adjudicó las crecientes denuncias al ascenso del movimiento de mujeres.

A continuación Adrián Vitali, desde Córdoba, narró lo que él había padecido como cura, incluyendo formas de castigo físico para reprimir los deseos sexuales. Explicó que la Iglesia Católica incluso desarrolló una base filosófica para el desprecio de los cuerpos (separando de él al alma), y denunció que sobre ese principio el Vaticano solo recibe a las víctimas que han perdonado a su abusadores, no a aquellas que reclaman justicia. Estimó que en Argentina hay más de 600 curas abusadores, pero que solo una o dos de cada diez víctimas se atreve a denunciar. Apuntó que es necesario apoyarlas para que puedan hacerlo, porque “son las que pueden correr el velo de la impunidad”, y planteó que la legislación debería prohibir que se obligue a los niños a confesarse.

Marta Ungaro (hermana de Horacio, desaparecido en la Noche de los Lápices) y María Laura Bretal (exdetenida desaparecida) aportaron los fundamentos de su denuncia en el Inadi contra Sidders, por el programa que conducía en un canal local de cable, denominado “Ave María Purísima”. Contaron que decidieron realizar la presentación al ver que negaba al aire el genocidio de la última dictadura, denostaba a las organizaciones de derechos humanos y atacaba al movimiento de mujeres, ya que expresaba una visión que se impartía en un colegio subvencionado por el Estado. Cuando iban a denunciar se encontraron con que el canal alegaba no tener videos del programa porque habrían sido retirados por la curia, por lo que debieron grabar un programa cuando se transmitía. Lograron que el Inadi levante el programa, pero plantearon la pregunta de cuánto podría haberse evitado si la dirección de Educación hubiera atendido la cuestión cuando realizaron su presentación.

Siguió Diego Alonso, sobreviviente de abusos del cura Rubén Marchioni, al cual también definió por sus vínculos con los genocidas de la dictadura. Contó que el sacerdote lo manoseó cuando era niño e intentó tener relaciones sexuales, en una jornada de la que participaba con su grupo de scouts. También relató que se comunicó con León cuando se enteró que había denunciado a Eduardo Lorenzo, porque había sido él quien desestimó su denuncia hacia Marchioni, ya que era el capellán a cargo de los scouts de La Plata. Informó que se reunió con otros tres sobrevivientes de este cura, y que recurrirán a la Justicia.

Sergio Salinas, abogado de las víctimas del Instituto Provolo Mendoza, enfatizó que a pesar de haber logrado las condenas a Horacio Corbacho y Nicola Corradi a 45 y 42 años de cárcel, la Iglesia sigue encubriendo. Lo ejemplificó con la prescripción dictada para los crímenes cometidos en la sede del instituto en La Plata, y con el hecho de que a numerosas víctimas de abuso en el Provolo Mendoza se les niega el acceso a fotos que permitan identificar quiénes fueron sus abusadores. Destacó que recurrieron a diversas instancias internacionales para demostrar el modus operandi del encubrimiento eclesiástico, y denunció cómo se toparon con el concordato con la Santa Sede firmado bajo el gobierno de Onganía que otorga la potestad a la Iglesia de encubrir.

La impactante audiencia dejó planteada la necesidad de profundizar un camino de organización contra la impunidad eclesiástica y estatal, reagrupando a les sobrevivientes junto al movimiento de mujeres y diversidades para derrotar todos los operativos de encubrimiento. Como concluyó Romina Del Plá al cerrar la actividad, “es la punta de un ovillo gigantesco”, y expresó que cuando estas causas avanzan traen aparejadas nuevas denuncias de otros sobrevivientes que se animan a declarar. Es una lucha contra el Estado, remarcó, que ni siquiera cumple las leyes vigentes, como se ve en la ejecución 0 del presupuesto para educación sexual, mientras proliferan los convenios y subsidios estatales para el clero. Es otra de las peleas clave que se vienen, en el camino de la separación definitiva de la Iglesia del Estado.