El gobierno nacional no ha perdido ocasión, durante toda la pandemia, de anunciar o publicitar medidas de asistencia alimentaria a las familias necesitadas, en un cuadro de crecimiento exponencial de la pobreza. Sin embargo, desde Nación han disminuido casi a cero la provisión de alimentos a los comedores populares, poniendo en riesgo la alimentación de cientos de miles de familias.

Desde los comedores populares, organizados independientemente del Estado, denuncian que en lo que va del 2021 no han recibido ninguna entrega completa de los alimentos, que deben proveerse mensualmente desde Nación. La excepción sería una entrega parcial en el mes de febrero.

Sandra Becerra, dirigenta del Polo Obrero del distrito bonaerense de José C. Paz, denuncia que el comedor Mariano Ferreyra no está recibiendo alimentos por parte de Nación. “Hace cuatro meses que no mandan mercadería”, enfatiza. “Tenemos esto poquito del municipio, que conquistamos con la lucha, pero no alcanza (…) son más de 100 niños los que vienen al comedor”.

Resulta que gran parte de la asistencia alimentaria –si no es la mayoría- en los barrios necesitados se realiza a través de las organizaciones sociales y piqueteras. Recordemos que ni bien comenzó la pandemia, el gobierno tuvo que improvisar un montaje con menos de una decena de “dispositivos del ejército” para intentar mostrar alguna participación directa en la provisión de comida preparada, aprovechando la partida desplegar a las fuerzas represivas en los barrios pobres.

Ahora, cuando las necesidades populares aumentan, y se ponen de manifiesto con 19 millones de pobres y casi 5 millones de indigentes, el gobierno nacional se desentiende de la entrega de alimentos, imponiendo una demora criminal, que luego no es compensada en las próximas entregas: es decir que el ajuste también llegó a las partidas alimentarias, algo esencial para la supervivencia de las familias.

Noemí, del Polo Obrero de Guiñazú, provincia de Córdoba, nos comenta que desde diciembre dejó de funcionar el comedor que tenía en su casa, al cual acudían 180 personas, y apunta contra el desamparo estatal. “No tengo ni leche, ni comida para brindar”, lamenta.

Crisis y programas alimentarios

Este gobierno inauguró su gestión alimentaria con una crisis de sobreprecios, reconocida por el propio ministro Daniel Arroyo y utilizada para trasladar los problemas a las organizaciones y los comedores populares de todo el país.

Desde el Ejecutivo nacional justificaban la “demora” (no entrega) de alimentos en los abultados costos presentados por las empresas proveedoras del Estado, lo cual dio lugar a distintos reclamos de las organizaciones piqueteras, desde donde denunciaron la quita de alimentos en medio de la cuarentena y el aislamiento social.

María Medina, responsable del Polo Obrero de Almirante Brown, en la zona sur del Gran Buenos Aires, nuevamente pone de relieve que en los últimos meses la asistencia alimentaria proveniente de Nación y del municipio ha sido nula. Nos muestra el merendero del cual forma parte, mientras nos cuenta “esta es la mercadería que vino desde provincia (…) esto no nos alcanza para abastecer a las 300 familias que vienen a buscar su merienda, su almuerzo. Lamentablemente el gobierno está jugando con la necesidad de la gente, nosotros si hacemos el porcentaje para entregar a las familias se estarían llevando un puré de tomate, un fideo, polenta (…) no les alcanzaría para sobrellevar esta pandemia”.

El Estado parece no haber encausado nunca esta situación, siquiera apelando a la Ley de Abastecimiento o imponiendo precios de referencia para la compra y abastecimiento de los comedores populares. Más bien, lo ocurrido redundó en atrasos en las entregas de mercadería hasta llegar al punto tal de su discontinuidad.

Ante esta falta, desde el gobierno apuntaron a trasladar la crisis a las organizaciones, habilitando partidas presupuestarias para que sean estas las que adquieran la mercadería, directamente, de los proveedores. Lo que las organizaciones entendieron como un refuerzo alimentario, en medio de un salto de la demanda y las necesidades, para el gobierno representaba el desentendimiento de sus obligaciones.

Érica Olivera, del Polo Obrero de Córdoba, plantea que su merendero solo recibe del gobierno “algo de leche, azúcar”, pero sin embargo, para obtener  “la harina, para hacer tortas fritas para los chicos, desde la organización tenemos que hacer cosas para vender y recaudar porque no nos están dando”. Además, denuncia que en medio de una pandemia “no recibimos productos para la limpieza”. Allí, asisten más de 200 niños y la colaboración de las compañeras es a pulmón. “El gobierno se llena la boca de que está dando comida y no es así”, explica Érica.

A través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el gobierno nacional destina algunos fondos para que las organizaciones adquieran a precio de mercado lo que el Estado viene retaceando.

Se trata de una estafa mayúscula, porque los fondos son sensiblemente inferiores al valor de los productos descontinuados y porque el Estado cuenta con potestades y facultades a la hora de negociar o fijar precios que las organizaciones y comedores no poseen. En vez de obligar a las patronales proveedoras a cumplir con las entregas a los precios establecidos oficialmente, alimentan el negocio de los privados descentralizando las compras y la responsabilidad.

A diferencia de otros programas, la asistencia del PNUD se calcula por persona beneficiaria, los cuales vista la magnitud de las necesidades pueden acceder a uno o dos productos dentro de la acotada gama de aceite, fideos, lenteja, arroz, leche y tomate.

Existen otros convenios de asistencia a merenderos, los cuales no son ejecutables sino hasta cuando culmine el PNUD, y que presentan los mismos límites.

Por su parte, algunas jurisdicciones provinciales distribuyen alimentos, pero siempre en menor cuantía que Nación. La ciudad “más rica del país”, CABA, viene de recortar las partidas alimentarias en alrededor de un 30%, suprimiendo la variedad de productos y acentuando la crisis engendrada desde Nación.

Leidy, delegada del Polo Obrero de Villa Soldati, nos explica que hace cinco meses los comedores de Ciudad de Buenos Aires no reciben comida de Nación, y lo que llega del gobierno porteño es cada vez menos. “Nos han sacado el queso, que es lo fundamental para los chicos, la leche nos mandan muy poco, 23 sachets para más de 600 familias”, relata. “La carne, de vez en cuando, llega en mal estado (…) la verdura, hay días que llega bien y hay días que no”, de esta forma, la compañera retrata muy claramente hasta qué punto llega la desidia estatal.

En la provincia de Buenos Aires se entrega mercadería con un promedio de casi dos meses de “regularidad”. De unos 15 productos originarios, solo se entregan entre 6 y 7 de ellos, acentuando los más baratos y con más carencias nutricionales. Las cantidades son tan escuetas que muchas veces hay que esperar la mercadería de Nación (que no llega) para que valga la pena retirarla y distribuirla entre los comedores populares del Conurbano bonaerense y el interior.

Alejándose de CABA y PBA la situación va complicandose, llegando al caso de provincias como Santa Cruz, feudo de los Kirchner, donde la asistencia a los comedores populares, por parte de  provincia y de Nación, es prácticamente nula. Lo mismo ocurre en Tierra del Fuego, donde el costo de vida es aún más elevado debido a los costos logísticos, que el gobierno se niega a asumir.

Nicolás, de Caleta Olivia (Santa Cruz), denuncia que hace seis meses que no reciben mercadería y que durante todo el 2021 solo han recibido 70 bolsones de alimentos para unas 350 familias que se organizan con el Polo Obrero en dicho lugar. “Una provincia donde más de 40.000 personas han ingresado al IFE y hoy no tienen que darle a sus familias para comer”, denuncia Nicolás.

Que alimentos envía el Estado

La variedad de los alimentos que reciben los comedores de los barrios está muy por detrás de lo que el Indec considera adecuado para la alimentación de las familias. Mientras que los comedores populares “reciben” del Estado nacional tan solo 12 productos diferentes en promedio, la Canasta Básica Alimentaria que estipula el Indec está integrada por 19 productos, pero de distinta naturaleza.

Existe un contraste en torno a cuáles son los alimentos que llegan a los comedores, y cuáles están contemplados en la CBA. La asistencia estatal en los comedores solo incluye polenta, arvejas, aceite, lentejas, cacao, cereales, harina, leche, azúcar, choclo, fideos y arroz. Tanto el aceite como la leche se provee en mínimas cantidades.

Por su parte, la CBA está compuesta por los siguientes productos: pan, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, otras harinas, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, legumbres secas, hortalizas, frutas, carnes, menudencias (hígado por ejemplo), fiambres, huevos y leche. Como se ve, el valor nutricional de los alimentos que envía el Ministerio de Desarrollo Social dista mucho de ser el adecuado, para empezar, las carnes y las verduras están ausentes.

Asistencia directa del Estado

El gobierno, responsable de haber permitido que la Canasta Básica Alimentaria tuviera un aumento del 45% en un año, pretende terciar las consecuencias de sus políticas hambreadoras con una asistencia estatal que está lejos de cubrir las necesidades de las familias.

La Tarjeta Alimentar tiene un acceso ultralimitado: solo pueden acceder a ella quienes perciban una Asignación Universal por Hijo y tengan hijos e hijas de hasta 6 años inclusive; las personas que cobran AUH y tienen hijos con alguna discapacidad sin límite de edad; y las embarazadas a partir de los tres meses que reciban Asignación por Embarazo. Actualmente, la  tarjeta llega a un millón y medio de beneficiarios en todo el país, mientras los últimos datos del Indec dan cuenta que en Argentina 4,7 millones de habitantes no llegan a alimentarse.

Por otra parte, las cifras que contempla la Tarjeta Alimentar son irrisorias: financia la compra de alimentos equivalente a $6.000 mensuales para quienes tienen un solo hijo; o a $9.000 en caso de que el hogar cuente con dos o más hijos. Estas sumas de miseria contrastan con el valor de la Canasta Básica Alimentaria fijado por el Indec para una familia tipo, que hoy se ubica en $24.575. Ya de por sí, la CBA estipulada para un adulto alcanza los $7.953, tomando en cuenta precios que “difícilmente” uno encuentre en las góndolas.

El gobierno se ha valido de este programa para justificar los recortes en el envío de alimentos a los comedores populares, cuando muchas de las licitaciones presentadas eran desistidas por los proveedores por no aceptar los Precios Máximos del Estado. Así, el gobierno transfiere el problema a las familias, quienes lejos están de reponer los mismos alimentos a los que accedían antes. Incluso el reciente “aumento” se ubica por debajo de lo que ha subido la CBA oficial y muy pisoteado por los precios reales de la calle.

A su turno, la Asignación Universal por Hijo general se halla en $4.017 mensual; la Ayuda Escolar Anual es de $3.115 en la mayoría de las zonas del país; y la Asignación por embarazo, que se cobra mensualmente, cuyo monto equivale a la AUH. Las actualizaciones en los importes de estos haberes se rigen por el aumento de las jubilaciones, las cuales se encuentran divorciadas del índice de inflación a partir de la nueva reforma jubilatoria.

La respuesta la hambre

Cansados de esta situación, y acuciados por el crecimiento de las necesidades populares, desde las organizaciones piqueteras vienen estructurando acciones e iniciativas que destacan por su masividad y por sus planteos reivindicativos y políticos.

El Frente de Lucha Piquetero es el que tomó la iniciativa, sector desde el cual se protagonizaron la mayor parte de las acciones contra el hambre y la miseria durante la cuarentena.

Con un Plenario Nacional Piquetero convocado el 26 de febrero en Parque Lezama (CABA), del cual participaron 3.000 delegados presenciales y otros 2.000 lo siguieron virtualmente, los participantes discutieron y elaboraron un programa de reivindicaciones, entre las que se destaca el reclamo de trabajo genuino, seguro universal al desocupado igual a la canasta básica ($58.000), provisión de alimentos a los comedores populares, vacunación de los trabajadores esenciales, etc.

También resolvieron un plan de acción con el cual ya protagonizaron distintas iniciativas y jornadas de lucha nacionales y con el que han acercado a la lucha común a otros sectores piqueteros, resultando en un crecimiento significativo de la movilización de los piqueteros independientes del gobierno.

La respuesta de los funcionarios del gobierno ante los reclamos de las organizaciones piqueteras es que el presupuesto se encuentra sometido a las negociaciones con el FMI, como ha sucedido recientemente en el Ministerio de Educación ante el reclamo de la juventud de becas y netbooks.

El recorte de las partidas alimentarias y el desentendimiento del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales y municipales, es parte de una política de ajuste más general, para garantizar los intereses del capital financiero. El camino del FMI lleva a la ruina de las familias obreras y al hambre en millones de personas.

Este jueves 8, las organizaciones piqueteras volverán a movilizarse en las calles para enfrentar esta situación y derrotar esta política hambreadora.

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