El 31 de julio Prensa Obrera publicó una nota con relatos de víctimas directas del accionar del cura Raúl Sidders en el colegio San Vicente de Paul de La Plata. Esta publicación abrió paso a nuevas denuncias, tanto por conductas inapropiadas como de abuso sexual. Una de las víctimas, “Rocio”, llevó a la Justicia su caso 20 días después, con el patrocinio de las abogadas Pía Garralda y Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel). Las compañeras cuentan con antecedentes de lucha contra este tipo de abusos, en particular en el caso del cura Eduardo Lorenzo, quien se suicidó horas antes de ser detenido en la sede de Cáritas La Plata, donde había sido trasladado como protegido por el Arzobispado de la ciudad.

Apenas diez días después de la radicación de la denuncia de “Rocío” en sede judicial las abogadas de la denunciante presentaron un pedido al fiscal interviniente en la causa, Álvaro Garganta, para que se libre un impedimento de salida del país contra el cura que se encuentra en Misiones, a kilómetros de la Triple Frontera, y para que el Arzobispado de La Plata entregue toda la información disponible en la sede del clero respecto a Sidders. Ambos requerimientos fueron otorgados por el fiscal.

Esta presentación se hizo con la incorporación como copatrocinante del abogado Juan Pablo Gallego, un reconocido especialista en casos de abuso sexual en general, y en particular quien encabezó la querella contra el cura Julio César Grassi, actuación que lo hizo conocido en nuestro país y en el mundo. Gallego es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derechos del Niño, Abuso Sexual Infantil, Políticas de Género, Criminal Law y Nuevas Tecnologías. También es consultor internacional, interviniendo en diferentes países y organismos internacionales en cuestiones relativas a los DD.HH., participante del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) y consultor de Unicef. Además, es autor de numerosos libros sobre la temática.

Su incorporación a la querella se da en el marco de una comprensión común con las abogadas de Apel, al respecto del poder que rodea a los abusadores que provienen de la Iglesia Católica. Una razón que exige unir esfuerzos en todos los terrenos, para conseguir no solo la reparación jurídica correspondiente por los delitos cometidos, sino también para que estas prácticas no se repitan en ninguna institución educativa ni religiosa. Esta comprensión incluye el análisis de la actuación de toda la institución, que ha sido sin excepciones de encubrimiento de los curas acusados, un encubrimiento que incluye a la más alta cúpula del Vaticano.

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El abogado Gallego fue también parte de la querella en el mencionado caso Eduardo Lorenzo, de la localidad platense de Gonnet, causa en la que solicitó -incluso luego de que el cura apareciera muerto- que se investigara el encubrimiento llevado adelante tanto por el exarzobispo de la diócesis, Héctor Aguer, como por el actual designado por el Papa Francisco, Víctor Manuel Fernández.

Gallego denunció por entonces que Lorenzo era “un depredador sexual y violador que estaba suelto en La Plata” y que la propia justicia del Estado no hacía nada para poner fin a decenas de años de sistemáticos abusos. El comunicado emitido por el arzobispo “Tucho” Fernández, y la misa que celebrara en nombre del abusador, asegurando que Lorenzo “se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento”, despertaron la indignación de decenas de víctimas, que respondieron duramente en un comunicado.

La causa de Julio César Grassi requirió una intervención del abogado durante 15 años. Entre el año 2002 -cuando en Telenoche Investiga se relataron los abusos a los que fueron sometidos diferentes niños y adolescentes en la Fundación Felices los Niños- y la actualidad, Grassi fue defendido por más de 20 abogados de la curia, por medios de comunicación, gobernantes de todos los colores políticos, y las víctimas fueron perseguidas, sometidas a aprietes y a daños físicos.

El entonces titular de la Iglesia Católica en el país, Jorge Bergoglio, encargó un libro al abogado penalista Marcelo Sancineti. En 2011, Juan Pablo Gallego denunció que “ese libro fue hecho llegar a los jueces de la Suprema Corte que hoy deben decidir sobre el caso Grassi, lo que constituye una maniobra de presión muy grave”, y sobre el autor caracterizó que “lo que dice en el libro tiene un muy escaso valor jurídico, a la vez que revela una ideología reaccionaria y ultramontana, hoy insostenible para cualquier jurista serio” (Página 12, 17/12/11). Hasta el día de hoy, a pesar de la condena judicial, el Papa Francisco y el Episcopado argentino sostienen el estatus sacerdotal del abusador.

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El cura Eduardo Lorenzo era confesor de Grassi. Ambos compartían ciertos modus operandis, como el de haber convertido sus dormitorios en lugares cercanos a los chicos, amplios y con aspecto de “habitaciones nupciales”, tal como Gallego denunció en varias oportunidades. Los dos tenían una fuerte participación en asuntos de Estado: los niños que estaban en la Fundación de Grassi estaban allí por orden judicial, lo que significa que el Estado tercerizaba la asistencia de los niños más vulnerables a manos de violadores, y lo sigue haciendo en todo el país. Eduardo Lorenzo fue asesor ministerial en la provincia de Buenos Aires y en Nación, fue capellán mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y jefe de una comunidad religiosa en la que abusó sin pausa durante 30 años. El informe psiquiátrico que detonó el pedido de captura señaló que poseía “rasgos psicopáticos, perversos, narcisistas y obsesivos”. Un informe casi calcado del que recibió oportunamente Grassi.

En ninguno de los casos se investigó el encubrimiento. El arzobispo “Fernández nombra a dos delegados suyos que piden a la fiscal Medina ser tomados como intervinientes en la causa -explicó Gallego a Prensa Obrera en diciembre de 2019-, la fiscal les permite el acceso, y lo que hicieron fue tomar conocimiento de quiénes iban a ser citados a declarar en el expediente penal para citarlos previamente en el expediente canónico de manera de indicarles que declararan favorablemente a los intereses de Lorenzo, o bien para intimar a las personas mediante llamados telefónicos o intercepciones personales. Esto está probado en la causa”. A pesar de ello, el requerimiento de investigar el encubrimiento no fue atendido. La alianza entre el Poder Judicial y la Iglesia permite a esta última eludir sus graves responsabilidades, y esto es lo que hace más necesario todavía unir fuerzas para combatir tanto poder.

Les abogades que defendemos causas populares contra la impunidad del Estado y de las instituciones poderosas como la Iglesia Católica haremos nuestra tarea apoyados en la organización y en la lucha sistemática de las víctimas, que han podido avanzar en las denuncias judiciales, y en la de aquellas víctimas y sobrevivientes que no lo pudieron hacer aún, junto a quienes luchan por estudiar y vivir libres de abusos, maltratos y disciplinamiento social en favor del poder político y económico de turno, que es la finalidad última de todo el accionar del clero y de la complicidad estatal.

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