“¿Su moto valía más que la vida mi hijo?”, se pregunta desconsolada Johana Montoya, mamá de Bastián, el niño de diez años que fue asesinado por un agente de la Policía Bonaerense en la localidad de Wilde (Avellaneda), mientras le disparaba a quemarropa a dos pibes que, presumía, le iban a robar la moto. Para ese uniformado, y para el sinnúmero de colegas suyos que han actuado de la misma forma esgrimiendo “legítima defensa”, la respuesta es evidentemente sí. Dejar una huella de sangre sobre los cuerpos de la juventud de los barrios como señal de dominio es marca registrada de la institución policial.

El 10 de julio, como todos lo miércoles a la noche desde hacía dos años, Bastián Escalante Montoya salía del entrenamiento de fútbol en la Sociedad de Fomento Barrio de La Carne, acompañado de su madre. Él en bicicleta y ella a su lado caminando. Una rutina que para Bastián era más que eso, dado que “soñaba con la pelota, idolatraba a Messi, como todos los nenes de Argentina” recuerda Johana.

Se convirtió en un día fatídico cuando se toparon con Juan Alberto García Tonzo, un policía vestido de civil miembro de la Bonaerense, que se dispuso a vaciar el cargador de su nueve milímetros contra dos jóvenes (de 16 y 18 años) suponiendo que querían robarle la moto. Dos de esos disparos le dieron a Bastián, que en ese momento pedaleaba a toda velocidad para alejarse de los tiros. Desde allí fue trasladado al Hospital Presidente Perón y operado de urgencia, pero no logró sobrevivir.

Si bien Tonzo dijo en su declaración que se trató de un “enfrentamiento”, lo cierto es que las pericias demostraron que las únicas ocho vainas servidas encontradas en el lugar del hecho fueron disparadas por una sola arma, la que portaba el policía. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, bajo la carátula de “homicidio con arma de fuego en contexto de exceso en la legítima defensa”, cuando en realidad los presuntos ladrones ni siquiera llegaron a atacarlo; en los registros de las cámaras de seguridad se los ve huyendo a pie mientras el oficial les dispara por la espalda. La evidencia es categórica: él es el único autor de la balacera que terminó con la vida de Bastián.

La investigación la está llevando adelante el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que comparte jurisdicción con los de Avellaneda y Lanús. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima exige el cambio de carátula de la causa, dado que en las filmaciones se ve al policía disparando sin medir riesgos, “dominado por la ira”.

Otra vez un efectivo de la Bonaerense envuelto en un caso de gatillo fácil, y, nuevamente, sus compañeros de armas haciendo todo lo posible para encubrirlo. Los policías que se acercaron al lugar luego del asesinato no hicieron nada para preservar la escena del crimen; ante la inacción policial, los propios vecinos cerraron la calle donde el nene había resultado herido y marcaron con tiza el lugar donde cayeron los casquillos. Incluso, impidieron que uno de los patrulleros se llevara la moto de los supuestos motochorros y adulterara así parte de las pruebas. Al día siguiente, protagonizaron una movilización multitudinaria exigiendo justicia.

El accionar de Tonzo no es un hecho aislado sino que ilustra el modus operandi de las fuerzas represivas. No hubiese abierto fuego con tanta liviandad sino reinara la impunidad en los casos de gatillo fácil; así como tampoco se hubiese lanzado a fusilar por la espalda a dos jóvenes por intentar robarle sino existiese un sistema que nos enseña que la vida de los “pibes chorros” (o la de aquellos cuya imagen se ajusta a ese estereotipo) no vale nada; una deshumanización del otro que cala más hondo en quienes ofician de brazo armado de la clase dominante. Finalmente, Bastián seguiría vivo sino hubiera una institución policial entrenada para sembrar terror entre la juventud de los sectores más postergados.

El discurso punitivista de Bullrich y Milei, que reivindica los métodos de Bukele y pide mano dura para los delitos contra la propiedad (porque al crimen organizado lo premian con un blanqueo), no hace más que exacerbar el odio contra los eslabones más débiles de la cadena delictiva, del cual estaba embebido Tonzo a la hora de ensañarse con sus víctimas y provocar la muerte de un nene de diez años. Incluso, lo ocurrido desmiente a aquellos que sostienen que el problema de la inseguridad se resuelve con más presencia policial; queda demostrado que ese reforzamiento reviste un enorme peligro para la población en su conjunto.

De nuevo, una familia destruida por culpa de la “Maldita Policía”; nos sumamos al pedido de justicia.

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