Sociedad
3/8/2025
CÓRDOBA
La responsabilidad del Estado en el crimen Brenda Torres
Tenía 21 años y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad por su adicción al “pipazo”. Su familia había pedido ayuda, pero nadie la asistió.
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Por el derecho a la salud mental.
Brenda Torres tenía 21 años y sufría de una fuerte adicción al “pipazo”, una droga que avanza en las barridas y consume a la persona en muy poco tiempo. La joven vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin ningún tipo de asistencia del Estado, a pesar de que su familia había solicitado ayuda para ella en varias oportunidades. Terminó asesinada, y su cuerpo fue encontrado por partes, en las afueras de la ciudad de Córdoba y en una casa donde vivían dos hombres de 38 y 53 años que están detenidos.
Cierre de los Centros de Salud Mental comunitarios
La provincia de Córdoba padece una grave crisis en salud mental y adicciones, a raíz del recorte presupuestario, que se traduce en el cierre de la mayoría de sus Centros de Salud Mental comunitarios. Mientras organismos internacionales recomiendan destinar el 10% del presupuesto sanitario a esta área, en Córdoba el porcentaje ha caído del 7,7% en 2015 al 4,98% actual, según datos del Colegio de Psicólogos de la provincia. Esta situación deja a miles de personas vulnerables sin acceso a una atención adecuada.
Los equipos comunitarios están conformados por psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras. Trabajan en barrios y localidades del interior, ofreciendo talleres, asambleas comunitarias y acompañamiento a pacientes en sus entornos, para que las personas sean atendidas lo más cerca posible de su vivienda y con una accesibilidad geográfica y cultural. La provincia contaba con 16 Centros de Salud Mental, solo algunos con sedes propias, pero tras los recortes, se redujeron a 3 grupos de trabajo. Esto incumple la normativa vigente, que exige la creación de dispositivos comunitarios como centros de día y talleres sociolaborales.
El cuadro se agrava por la insuficiente cantidad de psicólogos en los centros de salud municipales: la ciudad cuenta con solo 30 psicólogos para 100 centros de salud, lo que no puede compensar la falta de atención comunitaria. Sumado a esto, en la pandemia se cerró el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD), que pasó a depender del neuro provincial. Esto genera preocupación por el aumento de la demanda en hospitales ya saturados y un retroceso en la garantía de derechos. En diálogo con trabajadores del área, denuncian que el sistema sanitario “está sobrecargadísimo, hay un vaciamiento sistemático, y obviamente ni los hospitales en salud mental como el neuro, ni los hospitales polivalentes pueden atender a esa demanda”.
El gobierno no atiende las necesidades de la juventud
Brenda era una piba como tantas otras a quien el Estado le negó la atención que necesitaba, reduciendo a la nada sus perspectivas de vida. En un contexto donde la juventud tiene cada vez menos oportunidades, porque crece la desocupación afectando con mayor intensidad a las mujeres y lxs jóvenes de entre 18 y 24 años, que tienen más dificultades para acceder a trabajos formales. A su vez, los planes de subempleo que impulsa la provincia, como el PPP (Programa Primer Paso), no se llevan adelante porque el gobierno de Martín Llaryora subejecuta el presupuesto.
En la misma línea que Milei, Llaryora aplica el ajuste sobre las áreas más sensibles de la población. El crimen de Brenda se da en un marco concreto de vaciamiento de la salud mental y de falta de oportunidades para la juventud. Nadie escuchó a su familia y terminó, con 21 años, repartida en bolsas de consorcio. Por eso el Estado es responsable.
