Los casos de abusos eclesiásticos en Catamarca representan una de las luchas contra la impunidad más importantes y sostenidas. Con las tres denuncias existentes en distintas etapas del proceso judicial, resulta importante hacer un recuento de las mismas y ver con qué fuerza contamos desde el movimiento popular para luchar contra el poder del Estado encubridor.

Los casos

La primera denuncia en la provincia que tiene a un miembro de la Iglesia Católica como responsable se realiza en el año 2014, en la ciudad de Andalgalá, contra el cura Renato Rasguido, quien será luego imputado por cuatro hechos de abuso, uno con acceso carnal. La víctima tenía en ese entonces 15 años y los abusos se llevaron adelante durante un viaje religioso a otra localidad. Rasguido no pisó la cárcel; fue protegido por el obispo Luis Urbanc y por el Estado. Hoy la causa está por tercera vez con pedido de elevación a juicio por el fiscal. Los recursos de la Iglesia son fastuosos para poder seguir dilatando la cuasa, pero poco a poco se van quedando sin instancias dilatorias.

En el 2015 se lleva adelante en la fiscalía de Belén la denuncia contra el cura Juan De Dios Gutiérrez, quien fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser miembro de un culto religioso. La víctima tenía en aquel momento 15 años y formaba parte del grupo de jóvenes que dirigía el pederasta. Por la repercusión que tuvo el caso, el cura fue encarcelado durante 36 días y luego liberado por el pago de una caución de $50.000; hoy está en libertad. La causa está elevada a juicio desde el 2018, y viene siendo dilatada con presentaciones de la defensa, con la clara intención de postergar lo más que pueda el comienzo del mismo.

En el 2019, en el marco del “Mirá como nos ponemos”, Ingrid denuncia después de 22 años al cura Moisés Pachado por abuso sexual. Los ultrajes fueron en el año 1997 en una pequeña localidad de Belén (Hualfin) donde el cura era párroco. El cura fue imputado por abuso sexual en contra de la menor de nueve años. En la última semana, la Cámara de la provincia tenía que definir si la causa prescribía o se continuaba con la investigación; las campañas y movilizaciones exigiendo la no prescripción generaron que la cámara suspendiera la audiencia y que la misma se postergara para el 9 de noviembre.

El ataque de la Iglesia a las víctimas

La Iglesia Católica en la provincia tiene un enorme poder sostenida tanto en la dominación que ejerce mediante el culto como en una enorme riqueza y una descomunal injerencia en el Estado. No solo tiene exenciones impositivas y subsidios, sino que interfiere en las condiciones de la educación, la salud y -como se hace evidente por el desarrollo de los casos de abuso- en el poder judicial.

Este poder se puso en juego en cada caso de abuso, donde la Iglesia monta un aparato de encubrimiento con varias patas. En los dos primeros casos, el operativo mediático encabezado por el obispo pidiendo que no se hable del tema. En lo judicial, colocando a abogados de renombre para defender a abusadores. Y en lo social, han impuesto una condena social a les que denunciaron: fogoneada por las autoridades eclesiásticas se llevaron adelante marchas y distintos eventos a favor de los abusadores, intentando quebrar a las víctimas. En el caso de Rasguido en Andalgalá fue evidente: el mismo obispado ofrecía dinero a la madre de la víctima para que levante la denuncia; después del rechazo de parte de la familia, el ataque contra ella fue constante durante años.

En el caso de Juan de Dios Gutiérrez, luego de ser liberado fue recibido en la ciudad de Belén con una caravana. El ataque constante a la víctima y a su familia les obligó a emigrar de esta ciudad. El propio obispo envió una carta intimidatoria a la madre de la víctima buscando justificar el abuso. Todos estos ataques fueron organizados y fogoneados por la institución, con el claro objetivo de hacer ceder a las víctimas garantizando la impunidad.

La denuncia contra Moisés Pachado se da en el marco de un avance del movimiento de mujeres y una mayor conciencia de lo que estos reclamos representan, como también el papel desdeñable que tiene la Iglesia contra la lucha por los derechos de las mujeres.

Una nueva etapa de la lucha

Este contexto da lugar a una nueva etapa donde la impunidad de los curas no se puede tapar detrás de las sotanas.

La lucha por la no prescripción de la causa de Moisés Pechado género una marcha en la ciudad de Belén, que representaría un comienzo de ruptura con el histórico dominio de la Iglesia sobre esta población.

Las causas de los curas abusadores en la provincia han dejado en evidencia que la Iglesia Católica no puede garantizar la seguridad dentro de sus paredes, dejando a los hijos de trabajadores que profesan este culto a la merced de pederastas vestidos de hombres de fe. Pero por otro lado, también han dejado en evidencia que al consumarse los abusos se pondrán del lado del abusador sin reparo, poniendo todos sus recursos para garantizar la impunidad.

La lucha en contra de los curas abusadores en la provincia es uno de los ejes políticos de la etapa, ya que se inscribe como parte de los intentos del Estado de garantizar la impunidad para los poderosos -en sintonía con el caso del intendente de Cambiemos Enrique Aybar, que ya hace un mes fue condenado a seis años de prisión y sigue en libertad, al igual que los tres curas abusadores.

El movimiento de mujeres está en condiciones de promover una ruptura de los trabajadores con el yugo eclesiástico, para lograr una salida popular en pos de la conquista de los derechos de las mujeres, moviendo junto a ello los cimientos de este aparato de contención de los reclamos de los sectores más humildes.