29/09/2021

Nuevo mecanismo para construir edificios de lujo en CABA

La legislatura porteña votará dos proyectos para legitimar convenios urbanísticos perjudiciales para la ciudad.

En una ciudad donde la mayoría de sus habitantes alquilan y cuatrocientas mil personas viven en villas, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires genera “convenios urbanísticos” que permiten la construcción en altura, violando el código sancionado hace tres años.

El jueves 30 de septiembre los legisladores convertirán en ley 16 proyectos inmobiliarios de lujo, ya dictaminados en sus comisiones en un tratamiento exprés. Estos emprendimientos afectarán a doce barrios con la construcción de torres de hasta 85 metros de alto. Una de ellas estará en el Área de Protección Histórica (APH) y otras impactando sobre barrios tradicionales.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aduce que obtendrá 36 millones dólares en concepto de contraprestaciones, pero esta suma -en caso de hacerse efectiva- no compensa el impacto urbano y ambiental que estos edificios ocasionan en una ciudad afectada por el cambio climático, el fenómeno de isla de calor y la pérdida de patrimonio histórico.

Barrio histórico

El proyecto más extravagante es el que la empresa Nehuente va a construir junto al monasterio y la iglesia de Santa Catalina de Siena, Monumento Histórico Nacional ubicado dentro del APH N° 51 «Catedral al norte». Son 21 pisos que se elevarán en el entorno de un patrimonio histórico construido en 1745, una de la pocas edificaciones que quedan de la época de la colonia. Esta obra fue frenada en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a un amparo realizado por la organización Basta de Demoler, aduciendo peligros estructurales para el edificio histórico. Ahora la empresa modificó su proyecto y cedería media cuadra para un espacio público que tendría usos comerciales en el subsuelo, es decir una especie de shoping con patio de comidas soterrado.

En San Telmo se proyecta un edificio con plano límite de altura de 85,5 metros, cerca de treinta pisos, sobre la avenida Ingeniero Huergo entre Independencia y Estados Unidos. Este convenio permite además los usos que el Código Urbanístico cataloga como «alta mixtura de usos 4», es decir casi todo lo que se pueda imaginar: viviendas, oficinas, comercios, estacionamientos, e incluso servicios hoteleros.

Otros barrios impactados por torres y demás usos

Las futuras torres afectarán a doce barrios porteños: Belgrano, Boedo, Palermo, San Cristóbal, Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, San Telmo, Barracas y San Nicolás.

En San Cristóbal se pretende construir un edificio de 74 metros de altura, en San Juan al 2500. Y hay dos torres similares previstas en Avenida Corrientes, una en Almagro y otra en Villa Crespo. A su vez, en Belgrano, en Arcos 1865 y en 11 de setiembre 1535 se elevarían edificios. La vivienda de dos pisos ubicada en Lafinur 3126, en Palermo, será demolida para levantar 60 metros de altura de departamentos. Hay casos similares en el resto de los barrios.

Los 15 convenios ya fueron firmados por el gobierno porteño y las empresas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras. Ahora se legitimarán en el recinto de la Legislatura.

¿Qué hay que hacer en la ciudad?

Las movilizaciones, las bicicleteadas y la participación masiva  en las audiencias públicas marcan el camino de la organización para recuperar Costa Salguero, el predio de la ex Ciudad Deportiva e impedir que se lleven a cabo estos negocios inmobiliarios en una ciudad que necesita espacios verdes, viviendas sociales y, en general, servicios públicos para cubrir las necesidades de sus habitantes. Con esta perspectiva, los legisladores del Frente de Izquierda rechazarán esta ley en el recinto.

Se requiere que la ciudad tenga un código ambiental y un plan urbano-ambiental elaborado y controlado por las organizaciones civiles de la comunidad, las instituciones científicas y las personas que trabajan y habitan en el territorio.

Estas soluciones y otras se lograrán cuando la ciudad esté gobernada por representantes de los trabajadores y no por representantes de los “desarrollistas inmobiliarios” que aportan a las campañas electorales de los partidos políticos que nos gobiernan haciendo alternativamente de oficialismo y oposición.

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A su vez, prometió prorrogar el blanqueo de capitales para los desarrolladores inmobiliarios.