El juez de garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al pedido de detención del cura Raúl Anatoly Sidders, formulado por el fiscal Álvaro Garganta que investiga la denuncia por abuso sexual radicada por “Rocío”. La joven declaró en la causa las vejaciones que sufrió entre los 11 y los 14 años, cuando acudía al colegio San Vicente de Paul de La Plata -donde Sidders era capellán.

Se trata de un importantísimo avance en la lucha para derrotar el operativo de encubrimiento, que involucra en forma directa y pública a la jerarquía eclesiástica. El contundente cuadro probatorio de los delitos cometidos por Sidders refutó las versiones que difundieron el Arzobispado de La Plata y el Obispado de Iguazú (hacia donde el cura fue trasladado en mayo), acerca de la falsedad de las acusaciones. El clérigo no fue suspendido de sus funciones religiosas en ningún momento, y mantendría aún su cargo público como capellán de Gendarmería Nacional.

Rocío se anotició de la resolución del juez mientras participaba -junto a sus abogados, activistas y organizaciones que la acompañan- de una audiencia pública contra la impunidad de los abusos eclesiásticos, convocada por la diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Es todo un retrato de cómo se logró este importante paso adelante: en base al apoyo que recibió la denunciante de parte de organizaciones de mujeres y de sobrevivientes de abuso, y de la comunidad educativa del colegio. Eso le permitió superar los comunicados intimidatorios que difundieron las autoridades del establecimiento educativo con la firma del arzobispo platense Víctor “Tucho” Fernández.

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Como narró en la propia audiencia, Rocío comenzó a sufrir acosos desde muy pequeña, durante la confesión. Sidders insistía en incitarla a tener relaciones sexuales, sosteniendo que “el mandato de dios es que la mujer debe complacer al hombre”, y la sometió a situaciones de contacto físico. Más de una década después de los hechos, y luego de que trascendieran otras acusaciones públicas por el accionar del cura en el colegio San Vicente, Rocío pudo expresar lo que sufrió y tuvo el valor de hacerlo ante la Justicia. Esos años de silencio, afirma, deterioraron notoriamente su salud.

Fue a partir de que Prensa Obrera publicara relatos de exalumnos de la institución que, a pesar de los intentos de amedrentamiento, se destaparon decenas de testimonios difundidos en redes sociales acerca del maltrato, la discriminación, acoso y hasta abusos cometidos de parte del cura que estuvo casi 20 años al frente del colegio platense. Comenzó entonces un proceso de organización para reclamar que se investiguen estos hechos, que incluyó una carta abierta con la firma de más de 100 alumnos, exalumnos y familiares; además de afichadas y acciones callejeras como la realizada el pasado 19 de noviembre en el marco del día mundial contra los abusos en la infancia. “Sé que no fui la única que padeció acoso y abusos -dijo Rocío en la mencionada audiencia-, por más que hoy sea la única denunciante”.

La orden de detención es un paso fundamental, ya que tal como habían señalado los abogados patrocinantes, Pía Garralda y Juan Pablo Gallego, el traslado de Sidders a la ciudad ubicada a kilómetros de la Triple Frontera favorecía sus posibilidades de fuga. Con este impulso se redobla la pelea para que este cura abusador sea condenado, y se refuerza la lucha que tantas y tantos sobrevivientes libran a brazo partido contra la impunidad que es garantizada por la injerencia de la Iglesia sobre el Estado en sus distintos estamentos.

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