“Ellos dicen que tenía droga, yo quisiera que filmen en la casa en donde supuestamente vivía el cabecilla narco porque así no vive un narco, con piso de tierra y sin techo” declaraba a los medios la concuñada de Fernando Gómez, el trabajador de frontera asesinado por la Gendarmería en el departamento salteño de Orán, cuyo crimen fue exhibido por Patricia Bullrich y Gustavo Sáenz como un trofeo de la “lucha contra el narcotráfico”.

Hace años el Estado viene amenazando la existencia de las poblaciones radicadas allí. Primero, fomentando el avance del monocultivo de caña de azúcar y de soja a fuerza de desmonte, eliminando fuentes de trabajo, y, ahora, apostando personal de Gendarmería en el marco del “Plan Güemes”, que, en lugar de impedir el tráfico de droga, bloquea el comercio fronterizo con el cual sobreviven más de ocho mil familias en Orán. Un plan de exterminio silencioso contra comunidades sumamente empobrecidas, que da como resultado este trágico episodio. Recordemos que, además de la muerte de Fernando, dos de sus compañeros se encuentran en terapia intensiva por las balas de los gendarmes.

Que los uniformados hayan disparado a sangre fría sobre un grupo de pasadores de hojas de coca habla de un absoluto desprecio sobre la vida de estos lugareños, fomentado desde el poder político. Semejante deshumanización se apoya en la narrativa racista de los gobiernos nacional y provincial, que buscan asociar el modo de vida de las identidades marrones y pobres con conductas delictivas. En este caso, emparentando la práctica ancestral del coqueo a un “negocio narco”.

Una estigmatización similar reciben los jóvenes que habitan los barrios precarios de las urbes, tildados automáticamente de “pibes chorros” y, por tanto, son blanco del sistemático hostigamiento policial. O bien, los pueblos originarios, catalogados de “terroristas” por Bullrich y compañía como pretexto para desalojarlos de sus tierras. De igual modo los luchadores del movimiento piquetero, a quienes el gobierno pretende mostrar como delincuentes que defraudan al Estado a fin de desarmar sus organizaciones combativas.

Incluso, los gobernantes se han valido de estos discursos de odio a la hora de justificar numerosos asesinatos al interior de esos colectivos a manos de las fuerzas represivas, como los incontables casos de gatillo fácil, los crímenes contra Rafael Nahuel y Santiago Maldonado (los cuales también tuvieron a Bullrich como principal responsable) o los que terminaron con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, entre tantos otros. En todas esas ocasiones se ha aludido a un supuesto “enfrentamiento” entre bandos para encubrir que se trataban de crímenes de Estado, como ahora lo hace Bullrich difundiendo la versión de que “en Orán-Aguas Blancas, narcos violentos atacaron a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio”, cuando lo cierto es que los efectivos dispararon con balas y los bagayeros solo arrojaron piedras para defenderse. No contentos con eso, más tarde reprimieron brutalmente a los vecinos de los barrios Libertad, Caballito y 200 Años cuando cortaban la ruta 50 reclamando que el cuerpo de Fernando fuera devuelto a su familia.

Principios discriminatorios impartidos desde el poder, puestos al servicio de dividir a la sociedad y distraerla sobre el verdadero origen de los problemas que la asedian. Mientras Gendarmería acribilla a un coquero y Bullrich respalda su actuación tuiteando “no pasa ni un gramo más de droga por nuestras fronteras”, los verdaderos narcos se dieron el lujo de legalizar su dinero malhabido por medio del blanqueo que habilitó el gobierno, siguen controlando los puertos privados de Santa Fe por donde ingresan los cargamentos de estupefacientes y gozan de total impunidad; por supuesto, viven en Nordelta rodeados de opulencia y no hacinados en un rancho con doce personas como lo hacía Fernando. Hay que avisarle a la ministra de Seguridad que la droga sigue pasando por la frontera sin inconvenientes y las coimas de su gobierno para comprar votos en el Congreso también, como lo demuestra el escándalo de Kueider.

Finalmente, el envalentonamiento represivo disfrazado de una supuesta cruzada contra el narcotráfico o bajo el emblema de la “seguridad” trae estas consecuencias irreversibles. Por eso es tan importante que el pueblo rechace la demagogia derechista del gobierno en torno a la Ley Antimafia, la baja de edad de punibilidad, el reciente decreto que repone a las Fuerzas Armadas en las tareas de represión interna o el mencionado Plan Güemes. El fin último de estas medidas es obtener licencia social para inundar las calles de policías, gendarmes, prefectos y milicos dispuestos a reprimir levantamientos populares que pongan en jaque el ajuste gubernamental.

Con el gobierno nacional y el gobernador de Salta -el massista devenido en libertario Gustavo Sáenz- celebrando los resultados del operativo, la Gendarmería tiene bandera blanca para seguir fusilando trabajadores de frontera impunemente. A partir de ahora, estos cruzarán de Aguas Blancas a Bermejo a comerciar atemorizados de morir en el intento. De aquí en más, atravesar el río en busca del sustento diario reviste para ellos la posibilidad de no regresar a sus casas.

Luchemos hasta conseguir justicia para Fernando, castigo a los culpables y reparación económica para sus tres hijos pequeños. Bullrich es un peligro público y tiene que ser removida de su cargo de manera urgente.

La diputada Vanina Biasi reclamó la destitución de Patricia Bullrich tras el asesinato del trabajador bagallero

Presentó un proyecto en el Congreso exigiendo su inmediata destitución. –

prensaobrera.com