Universidad
29/6/2025
¿Qué es el Sacau? La nueva reforma del sistema universitario que impulsan los rectores
El Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios es una reforma regresiva que privatiza y degrada la universidad.
Seguir
docente UNJu
Enfrentemos la reforma regresiva y privatista de Milei.
El Ministerio de Capital Humano anunció que se pondrá en marcha el llamado Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau). Fue a través de un comunicado oficial el 30 de abril.
Este proyecto fue elaborado y presentado en conjunto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) aprobado por Resolución Ministerial en noviembre de 2023 (RM 2598/23) bajo la presidencia de Alberto Fernández. El proyecto se modificó recientemente en un plenario del CIN y nuevamente fue aprobado (RM 556/25).
Aunque el proyecto se aprobó en 2023 su elaboración viene de mucho tiempo antes. La Comisión de Asuntos Académicos del (CIN), en un documento denominado “Orientaciones para la implementación del Sacau”, señala que se enmarca en la declaración “La Universidad Argentina: hacia el desarrollo económico y el progreso social” de 2021, donde empezaron el debate y elaboración. Es decir que desde hace cuatro años las autoridades lo están elaborando, pero al día de hoy estudiantes, docentes, investigadores y no docentes recién nos estamos enterando.
El Sacau establece un nuevo sistema de acreditación: a partir de ahora las carreras deberán expresarse en créditos y cargas horarias mínimas. Es decir, introduce una nueva unidad de medida para la acreditación de las materias y la obtención del título, lo que cambia estructuralmente el régimen de cursadas, formación, contenidos, titulación y funcionamiento de cátedras.
El documento "Informe Sacau" de la FHyCS UNJu se define lo siguiente: “El Sacau se presenta como una política educativa troncal que busca transformar los modos en que las universidades argentinas planifican, organizan y acreditan sus trayectos curriculares. Su núcleo diferenciador es la introducción de una nueva unidad de medida en el sistema universitario —el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE)— que pone en el centro de la discusión el tiempo total de trabajo del estudiante como principal criterio organizador del currículo”.
Y agrega: “El Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios introduce el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) como unidad de medida estandarizada, basada en el tiempo total de trabajo del estudiante requerido para alcanzar los resultados de aprendizaje definidos en el currículo. Un (1) CRE equivale entre 25 y 30 horas de trabajo académico total, incluyendo tanto las horas presenciales (clases teóricas, prácticas, seminarios, laboratorios, etc.) como las horas no presenciales (lecturas, elaboración de trabajos, estudio personal, participación en foros, prácticas supervisadas, etc.). El valor final del CRE es una decisión final de la institución, siempre y cuando oscile entre los valores mencionados con anterioridad.La carga horaria total se define como la suma de todas las actividades necesarias para el logro de los objetivos formativos, y no únicamente como el tiempo de clases”.
Así la duración de las carreras queda establecida de la siguiente manera:
- Carreras de Pregrado: 120 CRE y dos años mínimo de duración. Las horas de interacción pedagógica se establecen en un mínimo de 1.100 horas.
- Carreras de Grado: 240 CRE y cuatro años mínimo de duración. Las horas de interacción pedagógica se establecen en un mínimo de 2.200 horas.
Por ejemplo, el Plan de Estudio de la Licenciatura en Filosofía de la UNJu tiene una carga horaria total de 3.410 horas, que de aplicarse el nuevo sistema implicaría una reducción de 1.210 horas.
Al reducirse la carga horaria de las carreras, materias y del dictado, ¿se recortan las cátedras, o las dedicaciones de los docentes? ¿En qué van a consistir esas horas autónomas de trabajo?
El CRE incluye el tiempo de interacción docente-estudiantes y el trabajo autónomo de cualquier tipo. Es decir los planes de estudio deben diseñarse para tener un valor promedio anual de horas de trabajo total de interacción con el docente y autónomas.
Las horas de interacción docentes-estudiantes se pueden llevar adelante bajo cualquier plataforma. Y el tiempo de trabajo autónomo del estudiante, reconoce “otras trayectorias” con el objetivo de flexibilizar los planes de estudio y “lograr una mayor articulación entre programas e instituciones”.
De alcance nacional y de aplicación obligatoria, establece dos plazos para cumplir con su implementación: el primero previsto para el 1 de enero de 2027 y el segundo para el 1 de enero de 2029, remarcando que el incumplimiento implica la pérdida del reconocimiento oficial y la validez nacional de los títulos emitidos por cada institución.
¿Cuáles son los argumentos para impulsar esta reforma?
Tanto los documentos nacionales como los emitidos por la UNJu señalan que es una demanda del contexto, requerida por las profundas transformaciones sociales, el avance tecnológico, promover la calidad, equidad y la integración del sistema universitario, modelos curriculares más flexibles, reconocimiento de “otros trayectos estudiantiles” formativos, favorecer el intercambio y la movilidad de los estudiantes entre distintas carreras y universidades, etc.
Pero lo que tratan de presentar como algo novedoso es algo que ya se aplicó en otros lugares. Un formato similar al implementado en Europa y países de Latinoamérica en los años '90 como política fundamental de gobiernos neoliberales.
La Reforma de Bolonia, también conocida como el Proceso de Bolonia, es un conjunto de reformas a nivel europeo que buscaba la articulación de los sistemas de educación superior para facilitar la movilidad de estudiantes y profesores, como mejorar la calidad y competitividad. Se inició con la Declaración de Bolonia en 1999 donde se sostenían estos tres puntos fundamentales: “competitividad internacional”, “movilidad” y “empleabilidad”, y se impulsó el Sistema Europeo de Créditos Universitarios.
En América Latina durante las décadas de los '80 y '90 se impulsaron reformas universitarias bajo las mismas premisas. En Chile estas iniciativas quedaron plasmadas en las directivas presidenciales de 1979, la Constitución de 1980, la Ley de Educación Superior de 1981 y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza promulgada por Pinochet un día antes de abandonar el poder, el 10 de marzo de 1990.
En Colombia la Constitución de 1991 concibió la educación como un servicio, lo cual ha permitido descargar al Estado de su responsabilidad como proveedor y crear las condiciones institucionales necesarias para la adopción de medidas posteriores dirigidas a someter a la educación a las condiciones del mercado.
Allí la última reforma, desarrollada mediante sucesivos acuerdos del Consejo Superior Universitario durante 2004, 2005, 2007 y 2008, tuvo como objetivo de consolidar el funcionamiento de la institución educativa bajo los principios de calidad (medida por indicadores externos como exámenes nacionales, estándares de acreditación y ránkings de universidades), eficiencia (en términos del tiempo empleado por quienes se matriculan en graduarse) y cobertura real (dada por el aumento del índice de matriculados efectivamente graduados).
En México en 1989 se lanzó el Programa de Modernización de la Educación, una reforma de la educación en general y de la Educación Superior en particular. Si se analizan datos estadísticos del impacto de estas reformas en México el porcentaje de la población que accede a estudios superiores se redujo considerablemente: a diez años de su implementación “la población en edades de 20 a 24 años se calcula para el año 2.000 en 9.854.065 en el país. De ella, apenas 1.883.000 jóvenes (el 17%) tendrá acceso a la educación superior, lo que coloca a México entre los países que menos porcentaje de estudiantes de estas edades atiende en el nivel superior”. A su vez, si se analiza el financiamiento a la educación superior el porcentaje destinado a este fin se ha reducido en 10% en los últimos diez años.
Las consecuencias de estas reformas en todos los casos son similares, y no sólo tienen un impacto perjudicial en el sistema científico sino en el desarrollo de un país, en su población, en sus condiciones de vida.
La devaluación de algunas carreras, la estructura de grados y másteres impuesta ha llevado a una equiparación de licenciaturas y diplomaturas, devaluando ciertas disciplinas, áreas, y la búsqueda de homogeneización aunque con el objetivo de facilitar la movilidad, llevó indefectiblemente a la perdida de especificad académica.
El recorte del financiamiento público ha reducido el acceso a la mayoría de la población, afectó críticamente a la investigación, especialmente en las áreas que no son consideradas prioritarias desde una perspectiva economicista.
Sobre la movilidad y reconocimiento de títulos aún existen problemas en la práctica, como la falta de transparencia y la complejidad de los procesos, lo que ha generado una mayor carga administrativa para las universidades y los estudiantes, con trámites y evaluaciones que fomentaron una burocracia que atenta con la libertad de cátedra.
En Argentina con la Ley de Educación Superior menemista, sancionada con represión el 20 de julio de 1995, se avanzó con el arancelamiento de los cursos de posgrado y la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) que tiene como función acreditar las carreras de grado y posgrado, estableciéndose los requisitos de contenidos curriculares básicos, cargas horarias, y formación práctica. Un plan que en la Argentina se impulsa desde 1989-1999 de la mano de organismos internacionales con diagnósticos e informes del Banco Mundial, FMI y el gobierno nacional en torno a la cuestión universitaria.
¿Por qué ahora?
El año pasado, ante la posibilidad concreta de no empezar el cuatrimestre por no poder afrontar los gastos de funcionamiento, el rechazo rotundo de la sociedad se expresó en una marcha histórica de un millón de personas el 23 de abril en defensa de las universidades, primera y única de estas características durante el gobierno de Milei, lo que desencadeno en meses de lucha, paros, movilizaciones, asambleas, clases públicas, toma de facultades, con la demanda central del aumento del presupuesto que viene congelado desde 2022 y la crisis salarial más grave de los últimos cuarenta años.
El gobierno acompañó estos ataques con una furiosa lucha ideológica y desprestigio contra las instituciones universitarias como un elemento deficitario del estado, ineficiente por su baja calidad y porcentaje de egresados, desigual e inequitativo donde los más pobres financian la educación de los más ricos o extranjeros, refiriéndose a las universidades como espacios o “cuevas” de adoctrinamiento y promoviendo la persecución de docentes e investigadores, y hasta con propaganda para niños en función de disuadir el acceso a estudios superiores.
Los niveles de endeudamiento y dependencia con organismos internacionales como el FMI, o el Banco Mundial, la reducción del gasto público, desregulación de la economía, llevaron en los '90 a cuestionar el esquema de financiamiento estatal de las universidades y a implementar convenios con sectores privados, empresas, ONG, con el fin de establecer un mecanismo de financiamiento mixto.
El sistema de créditos tiene el objetivo de lograr mayor autonomía financiera, generando sus propios ingresos y abriendo camino al arancelamiento parcial y luego total. En Argentina este último tiempo el debate giró en torno a los criterios de asignación del presupuesto universitario, modelo de distribución, si se financia la oferta o la demanda, bajo criterio de eficacia y correspondencia entre matricula y cantidad de egresados, partidas presupuestarias solicitadas o asignación por estudiante.
Algunas conclusiones
Efectivamente el Sacau no puede entenderse solo como un golpe más en la sucesión de ataques, sino que es la vía resolutiva para cerrar el conflicto universitario y darle el carácter definitivo al proyecto iniciado en los '90 con la LES. De ser así estamos ante la estocada final que cambiará por completo la universidad, la producción y reproducción de conocimiento, ciencia y técnica tal como la conocemos hasta ahora, y que por supuesto sus efectos impactaran en el devenir de la sociedad y el país.
La devaluación y degradación de la formación como vemos en las experiencias europeas y latinoamericana no son una consecuencia indirecta o una excepcionalidad de la mala ejecución, sino el objetivo mismo de la reforma: la devaluación de la fuerza de trabajo, como mecanismo para ampliar los márgenes de explotación, reducir costos de producción y mantener tasa de ganancia en una etapa de crisis capitalista, donde es incapaz de seguir reproduciendo fuerza de trabajo calificada, experta, idónea, con el inmediato correlato y promesa de brindar desarrollo o ascenso social. Síntoma evidente de su agotamiento.
Desde la Multicolor Jujuy venimos realizando reuniones y actividades en el marco del paro nacional universitario hemos solicitado nuevamente una asamblea a Adiunju para poner en discusión de todos los afiliados que se está iniciando un proceso de implementación de esta reforma. Queremos denunciar la falta de información y la urgencia de la deliberación conjunta en todos los lugares con docentes, investigadores, estudiantes para enfrentar y frenar la reforma regresiva y privatista de Milei, los rectores y el FMI.
