El presidente Alberto Fernández arribó a Glasgow para participar de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, llamada COP 26, reeditando una pose de defensor del ambiente. Sin embargo, el presunto plan oficial que contiene las nuevas metas de reducción de las emisiones de carbono no implica plan alguno, como reconocen los propios funcionarios argentinos, aunque sí cuela la política de incentivos a las petroleras para la producción de gas en Vaca Muerta. La única prioridad del gobierno en realidad se juega en Roma, donde quedaron tras la cumbre del G20 Martín Guzmán y Gustavo Béliz para seguir negociando con el FMI.

“Tanto el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 2030 como la Estrategia de Desarrollo Resiliente al 2050 se encuentran en constante y permanente elaboración. No existe tal cosa como un documento de Ambiente que se va a presentar en la COP 26”, declaró un funcionario del Ministerio de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Tornquist (Econojournal, 29/10). Es decir que no hay nada, ni habrá.

Dale gas

El motivo de tan evidente impostura es bastante claro. A tal punto que los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030” incluye un apartado titulado “gasificación” donde se fija que, “a través del desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera, Argentina buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global” (ídem). Así las cosas, la promesa es incentivar el fracking y la extracción de hidrocarburos, incluso sobre el mar -contra la voluntad popular, como puso de manifiesto la movilización de los vecinos de Mar del Plata contra la exploración sísmica en la zona. Es notorio que la delegación criolla haya dejado trascender que aprovecharán la estadía en la ciudad escocesa para reunirse con ejecutivos de multinacionales petroleras.

Por ese camino no solo se benefician los pulpos hidrocarburíferos -señalados como los grandes enemigos de la lucha contra el calentamiento global- y se incrementarán las emisiones de carbono y también metano, sino que a su vez se agravará la contaminación marina, cuando se estima que los océanos absorben una parte sustancial de los de gases de efecto invernadero y su acidificación les resta capacidad de absorción al tiempo que afecta la biodiversidad. Las promesas de que ello traerá desarrollo económico son refutadas por la población local, que apunta el daño que acarrearía para la pesca y el turismo, las dos principales actividades de toda la costa atlántica argentina.

Mientras el debate internacional ha puesto la mira sobre los ingentes subsidios estatales que se asignan a las empresas de combustibles fósiles, el gobierno argentino promete continuar con el sendero del Plan Gas que fija precios dolarizados para las petroleras y encarece toda la generación eléctrica. Producto de ello, si se cumple con la meta fijada en el Presupuesto 2022 de reducir el giro de fondos públicos al sector energético del 2,5 al 1,5% del PBI será a base de pasarle la factura a los usuarios con tarifazos, preservando los márgenes de ganancias de las empresas. Esto cuando gran parte de las inversiones en Vaca Muerta fueron costeadas gracias a las transferencias de fondos públicos: entre 2013 y 2019 Tecpetrol -la mayor productora de gas- recibió en subsidios más de el doble de lo que aportó entre Impuesto a las Ganancias y retenciones (Observatorio Petrolero del Sur, abril 2020).

Este esquema no solamente implica mayores emisiones sino graves pasivos ambientales. El caso de Vaca Muerta es demostrativo, especialmente por lo que sucede con el basurero a cielo abierto más grande de la Patagonia, donde se concentran los deshechos del fracking sin tratamiento ni control alguno. Hablamos de Comarsa, ubicada en Añelo sobre tierras fiscales -luego de las movilizaciones por el cierre de la planta Pino en un parque industrial en el oeste de la la capital neuquina, de la que aún no se efectivizó ningún plan para su cierre definitivo- donde se almacenan químicos, metales y hasta material radiactivo. La mayor parte de los líquidos son descartados en pozos sumideros que terminan contaminando las napas. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una demanda que estima los pasivos ambientales en 5.000 millones de pesos (Canal Abierto, 17/8). A ello se suman centenares de siniestros recurrentes como incendios, la generación de sismos y la utilización de millones de litros de agua extraídos de Río Neuquén que agravan el estrés hídrico que sufren las poblaciones de la zona.

Vaca Muerta no solo se convirtió en el principal yacimiento del país, sino que es el único que ha repuntado la producción. Es a su vez la destinataria del proyecto de Ley de Hidrocarburos con que el gobierno intenta tentar a nuevos pulpos petroleros. Sin embargo, la consultora G&G Energy, que actúa como portavoz de las patronales, consideró de todas maneras que los beneficios fiscales y la posibilidad de girar dividendos al exterior “no van a generar una corriente general de inversión” sino que solo “permitirán optimizar su actividad a quienes ya están invirtiendo”, máxime cuando exigen poder arrimar el precio interno con los internacionales en plena alza. La destrucción del poder adquisitivo, una inflación fuera de control y las presiones devaluatorias hacen que el tema sea explosivo; pero es indicativo de las contradicciones que plantea esta política.

Chevronización renovable

Este es el modelo de la supuesta transición energética que se viene, incluido para las fuentes renovables. Recientemente el presidente de la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) expresó en una entrevista al portal especializado EconoJorunal (21/10) que el proyecto de comenzar a producir hidrógeno verde a base de energía eólica “es similar a lo que sucedió con Vaca Muerta”, cuyo puntal fue el pacto secreto YPF-Chevron. Ahora el presidente anunció el desembarco de la australiana Fortescue con una megainversión en Río Negro para generar hidrógeno verde… con únicos fines de exportación (Ámbito Financiero, 1/11).

La comparación importa porque aquel acuerdo confidencial con la norteamericana Chevron, que puso la piedra fundacional de la industria de los hidrocarburos no convencionales, implicó que esta cobró a YPF una tasa de interés en dólares del 7% por el desembolso de capital, además de embolsar el 50% de las ganancias (pudiendo sortear el cepo cambiario). Como desde entonces todas las petroleras financiaron sus inversiones con préstamos -a menudos autopréstamos de sus propias compañías en paraísos fiscales- desde 2019 los egresos de divisas por pagos de intereses y capital ya superaba en casi 2.000 millones de dólares a los ingresos, según un informe de Ejes (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental). Un esquema leonino.

Lo dicho permite refutar el intento de emparentar el saqueo de Vaca Muerta con la lucha contra el calentamiento global. Lo único que interesa al gobierno es poder ofrecer garantías de repago para lograr cerrar un acuerdo con el Fondo, para lo cual necesita mostrar que convertirá el déficit energético en superávit. De ahí la promesa de concretar el gasoducto que permitiría exportar a Brasil. Que nada de esto traerá desarrollo lo confirmó nada menos que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien en la previa a la presentación del proyecto de Ley de Hidrocarburos había rechazado el planteo de que las provincias también redujeran sus impuestos al sector, alegando que ya fueron reducidos medio punto hasta el 3% la alícuota de Ingresos Brutos y que en Vaca Muerta pagan regalías de las más bajas del mundo (Diario Río Negro, 26/8).

El mismo carácter fraudulento vale para todo el discurso oficial. Dentro de la comitiva que acompañó al presidente se encuentra el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien viene de reunirse con Bayer-Monsanto preocupado por el declive de las plantaciones de soja y promover la utilización de sus paquetes tecnológicos, desde las semillas fiscalizadas a los agrotóxicos, con la mira puesta en la divisas del agro para pagar la deuda. Como denuncian las organizaciones ambientales, significa que seguirán también las quemas y la deforestación.

¿Cómo emprender entonces un rumbo real de transición energética y mitigación del cambio climático? La apertura de los libros de la industria energética permitiría revelar los costos reales de producción y fijar en base a ello precios y tarifas acordes a las necesidades del país, y plantearía de manera palpable la necesidad de nacionalizarla bajo control obrero para ponerla al servicio de una plan real de reconversión productiva. Es el paso clave para que el país se apropie de la renta petrolera que hoy se lleva el gran capital, para invertirla en una transición energética. En lugar de indemnizaciones millonarias como la que Cristina y Kicillof pagaron a Repsol, la expropiación a los pulpos petroleros debe gravarlos por los pasivos ambientales y la contratación de mano de obra en trabajos de remediación ambiental. Desde el vamos, es una perspectiva que se inscribe en la pelea por romper con el FMI y poner fin a un régimen de saqueo, incompatible con cualquier planificación de sustentabilidad ambiental ni económica.

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