El lunes 14 se viralizó una foto del presidente Alberto Fernández con la actriz Liz Solari y el presidente de la Unión Vegana Argentina (UVA) Manuel Martí, en una reunión realizada el pasado 25 de noviembre en la que entregaron más de medio millón de firmas recolectadas contra el acuerdo que el gobierno nacional pretende sellar con China para instalar megagranjas industriales de cerdos.

Con esta foto, Alberto Fernández busca mostrarse receptivo ante los reclamos del movimiento ambiental. Sin embargo, al mismo tiempo que se difundía esa reunión la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones realizaba un acampe en la Plaza de Mayo exigiendo el tratamiento inmediato de la Iniciativa Popular 2020 en Chubut para frenar el avance megaminero, la sanción de la Ley de Humedales y el cese de los desmontes y las quemas, todas reivindicaciones que chocan con la orientación oficial y que son cajoneadas en las legislaturas y el Congreso.

En este contexto, resulta llamativo que la UVA publicite este encuentro en la Casa Rosada justo cuando ocurría una acción de lucha que además era replicada en distintos puntos del país, posicionando al presidente como un “aliado” en la lucha contra la depredación ambiental. Nada más lejos de la realidad.

El intento de establecer 25 megafactorías porcinas chinas en el país ha sido uno de los ejes que atravesaron la discusión político-ambiental durante los últimos seis meses. El memorándum con China sufrió un traspié con las grandes movilizaciones nacionales del 25 y 31 de agosto, y luego del 25 de septiembre en el marco de la huelga internacional por el clima. El canciller Felipe Solá comunicó la postergación de la firma, confesando que no estaba contemplado siquiera la realización de estudios de impacto ambiental ni el cumplimiento de las leyes nacionales.

Ante este rechazo popular, el gobierno nacional adoptó la estrategia de dejar el asunto en manos de los gobernadores, para que cada uno firme su propio convenio con el país asiático y así evitarse el costo político. El camino lo marcó el oficialista Jorge Capitanich, de Chaco, anunciando el acuerdo para instalar tres de estas megagranjas porcinas en la provincia.

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En la mencionada reunión, Fernández señaló que “no se iban a autorizar sistemas de producción basados en números desproporcionados de cerdas madres en las factorías, o que observen características contaminantes para el ambiente”. Pero esto no es lo que sucede en Chaco. La maniobra presidencial debe alertar a todas las organizaciones que luchan contra el acuerdo porcino y contra la destrucción ambiental de los agronegocios, la megaminería y el fracking, ramas que ocupan el corazón de la política económica del gobierno, como vía de recaudación de dólares para el repago de la deuda externa al FMI y los bonistas.

Estas actividades son el centro del sistema productivo argentino y son promovidas por todo el régimen político, es decir por todos los colores políticos de quienes nos gobernaron en las últimas décadas. Es una orientación desarrollada para el saqueo de los bienes comunes naturales por grandes pulpos, en su mayoría multinacionales, que solo dejan hambre y serias consecuencias sanitarias para la población.

Como hemos destacado en Prensa Obrera, el acuerdo porcino es un fiel reflejo del programa económico que ofrenda el gobierno de Alberto Fernández al FMI. Se materializa también en la aprobación del trigo transgénico HB4, el respaldo al avance megaminero en Chubut y Mendoza, en la continuidad de los desmontes y el bloqueo al tratamiento de una verdadera Ley de Humedales que tanto reclama la población en distintos puntos de país, es pecialmente desde los cortes del puente Rosario-Victoria.

Este programa fondomonetarista es parte de un ataque general contra las condiciones de vida de los trabajadores, que implica un ajuste brutal del gasto público, tarifazos, el robo a los jubilados,paritarias a la baja, y el reforzamiento del aparato represivo para hacer pasar todos estos ataques. Resulta entonces necesario establecer una agenda de lucha ambiental que defienda la independencia política de la Coordinadora BFS.

Desde Tribuna Ambiental llamamos a todos los luchadores socioambientales del país a rechazar esta maniobra del presidente y poner en pie un tercer plenario nacional de organizaciones ambientales, asambleas populares y activistas, para trazar un plan de acción que permita seguir poniendo en jaque los planes depredadores del gobierno nacional y los gobernadores.

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