“Apostamos a tener candidatos en la mayor parte de municipios y comunas de toda la provincia”, afirmó Pablo Riveros a fines de 2020 en ocasión del lanzamiento del “Movimiento Verde Cordobés”, una propuesta electoral para 2021. Riveros es intendente de la comuna Villa Ciudad Parque, con un partido vecinal totalmente integrado por sectores kirchneristas, como la Martín Fierro Córdoba o el diputado empresario Eduardo Fernández. El intendente se define peronista y explica que el tema de la defensa del ambiente hoy está en auge y que va a ser mucho más factible que en las 427 comunas de Córdoba haya representación de militancia socioambiental.

El primer interrogante que surge de este lanzamiento es si se trata de un armado para intervenir en la interna del PJ- kirchnerismo o si estamos en presencia de una presentación autónoma. Todo hace indicar que estamos en presencia de la primera hipótesis. El sector “critica” al gobierno de Juan Schiaretti por la cuestión de los incendios, pero se calla la boca en todo el desarrollo económico y ambiental en la provincia con la cual concuerdan gobierno nacional y provincial. No denuncian, por ejemplo, el acuerdo con China para instalar la megaindustria porcina. En Córdoba hubo en los últimos meses una destacada lucha por esta causa, pero los impulsores del “partido verde” no adhirieron salir a las calles bajo el mandato presidencial del “quedate en casa”. Tampoco salieron ni denunciaron al gobierno nacional ante la avanzada de explotación de la megaminería que genera intensas luchas en defensa del agua, como la de Chubut el último 4 de febrero, que también lleva el triunfo de un pueblo que se organiza. Por el contrario, sí apoyaron la limitada modificación de ley nacional impulsada por Máximo Kirchner, sobre el uso del suelo incendiado, donde se sigue sin dar voz y poder de veto a las comunidades afectadas.

La no delimitación ni el enfrentamiento con el gobierno nacional y su política capitalista de depredación ambiental en todos los terrenos nos hace concluir en que estamos en presencia de una farsa, o más bien una estafa, que tendría como objetivo levantar consignas o reclamos ambientales para luego llevarlos al carro de los gobiernos depredadores como es el de Alberto Fernández, o como fue el de Cristina Kirchner. En Córdoba, ya tenemos sobrados casos de este contrabando político. Quizás el más resonante sea el caso de Gastón Mazzalay actual intendente de Malvinas Argentinas por el PJ. Mazzalay integraba la asamblea “Malvinas lucha por la vida” que peleó contra la instalación de Monsanto en esa ciudad en contra de los gobiernos de José Manuel De la Sota y Cristina Kirchner. Luego, se sumó al PJ local y a toda su política capitalista y antiambiental. A fines de 2020, Mazzalay precarizó a decenas de trabajadores municipales pasándolos de planta permanente a monotributistas.

El planteo del “Partido Verde” deja la posibilidad, aunque poco probable, de una presentación autónoma. En todo caso se trataría de un armado que buscaría representar la causa ambiental con un programa pequeño burgués. A nivel internacional se vienen replicando iniciativas políticas de este contenido. En Ecuador acaba de suceder un hecho notable: el candidato ligado a la causa ambiental Yaku Pérez (Pachakutik) obtuvo el 20% de los votos en la elección presidencial, y fue desplazado del balotaje por un fraude. Más allá del programa de conciliación de clases que defiende Pachakutik, hay que decir que está ligado a la Conaies y al levantamiento popular ecuatoriano de 2019. El “Partido Verde” de Córdoba no impulsa la lucha ambiental, y mucho menos la social y política, esto por sus compromisos e integración al gobierno fondomonetarista de los Fernández.

Sembrar una esperanza de salida al conflicto ambiental por la vía electoral careciendo de una propuesta de programa anticapitalista es una impostura. Esquivar el debate de las contradicciones de la etapa en torno a quién controla el uso y disposición de materia, energía y comunicación en la compleja trama de los ecosistemas, presentando como salida una lavada de cara a partir de una Ley de Educación Ambiental o aumentando la responsabilidad individual con un punitivismo estatal, trata de encubrir la responsabilidad política de la situación. Las cosas son muy claras en la cuestión ambiental; existe un Estado capitalista y partidos patronales que defienden e impulsan la depredación ambiental. Esta es la base fundamental de una salida política a la cuestión de la crisis ambiental y el Partido Verde de Córdoba no solo no la tiene, sino que la impugna.

Desde Tribuna Ambiental desde hace años venimos participando activamente y llamando a la conformación de un frente en la defensa integral del ambiente, sin miramientos de qué gobierno de turno es el que aplica el programa saqueador del capitalismo. Desde el PO y el FIT-U más que nunca decimos que los procesos de participación no pueden ser un mero trámite administrativo, urge un ordenamiento territorial que impida seguir creando zonas de sacrificio, que la nacionalización y el control obrero de los recursos estratégicos, del suelo y el agua resultan clave en esta etapa de crisis ambiental irreversible a corto plazo. A la depreciación ambiental hagámosle frente con un programa de independencia política de las y los trabajadores y de la juventud. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. La lucha y las asambleas de base son el camino a seguir.

 

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