La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1993 el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. En 2015, los Estados miembros de la ONU aprobaron 17 objetivos que apuntan a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas, en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta agenda tiene como supuesto objetivo lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, y el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados, en particular para niños y adultos en situación de vulnerabilidad.

La realidad está muy lejos de esos objetivos. Más de 2.000 millones de personas en el mundo viven sin acceso al agua potable, lo que equivale a un 26% de la población mundial. Esta cifra crece a 3.600 millones de personas si se toma en cuenta a las personas que no tienen acceso a un sistema de saneamiento y almacenamiento de agua eficaz.

Todos los estudios y proyecciones marcan que estos números van a aumentar en las próximas décadas, ya que en la actualidad incluso las poblaciones que tienen acceso al agua potable están atravesando períodos de mayor escasez, producto de la crisis climática y de las principales actividades económicas de los grupos capitalistas, como es el caso de las mineras, petroleras y el agro, que aceleran esa crisis.

La propia ONU, que considera el acceso al agua dulce y potable como un derecho humano, reconoce que de acá a 2050 serán 2400 millones de personas que no tendrán acceso a ese derecho, lo que implica un aumento del 150% con respecto al 2016, el año posterior al establecimiento de esos 17 objetivos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que “el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis”. Una de las consecuencias es que a nivel mundial mueren 300 mil niños y niñas menores de 5 años por enfermedades de este tipo. Vale destacar que el 80% de las aguas residuales retornan a su circulación sin ser tratadas, lo cual agrava este cuadro.

La crisis hídrica en Argentina

En nuestro país, el 25% de las personas no tiene acceso al agua potable y un 46% no lo tiene al saneamiento. Venimos de atravesar el verano más caluroso de nuestra historia. Mientras Milei y Espert niegan el cambio climático, estas olas de calor perjudican a los sectores más golpeados por el ajuste del gobierno nacional y los provinciales.

El 40% de los menores de 17 años no accede al agua potable. En las villas y barrios más empobrecidos del país solamente el 11,6% de las personas tiene acceso al agua, mientras que a los servicios de cloacas esta cifra baja al 2,5% de los habitantes. Son cifras alarmantes, tenemos más de 450 mil hogares sin agua y 700 mil la tienen sin un tratamiento y saneamiento correspondiente.

En esos barrios, la lucha por el acceso al agua potable es histórica, y ninguno de los gobiernos ofreció una respuesta, cómo son los casos de la Villa 21, 31 y 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata y Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, se movilizaron recientemente ante la tremenda escasez de agua que están atravesando.

En La Plata, bajo la consigna de “sin agua no se puede vivir”, los vecinos denuncian las pésimas condiciones del servicio. Mientras que en Echeverría desvían la llegada de agua mediante bombas para abastecer el consumo de los countrys de lujo de la zona.

El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, sintetiza la situación crítica que estamos atravesando. Es una de las zonas más contaminadas del continente, está rodeada de industrias petroquímicas, cementeras y curtiembres. Cientos de familias, privadas del acceso al agua potable, cloacas y redes pluviales seguras, se alimentan y beben agua con altísimos niveles de metano, arsénico, cromo y plomo, afectando la salud de miles de trabajadores.

Los habitantes de los barrios cercanos al Riachuelo, tanto en CABA como en el conurbano, denuncian que la limpieza y saneamiento son inexistentes. La agencia Acumar, encargada de esas tareas, no controla las descargas contaminantes de las grandes industrias. Al mismo tiempo, las muestras que toman para medir los niveles de contaminación del agua son superficiales, no se releva el fondo de la cuenca donde se encuentran las napas, lugar donde las personas de la rivera extraen el agua para su vida cotidiana.

En San Nicolás, el poder judicial de la Provincia tuvo que hacer lugar a un amparo presentado por vecinos y organizaciones ambientales contra la empresa Atanor SCA, responsable de verter ilegalmente una enorme cantidad de agroquímicos en el Río Paraná.

Por otro lado, un estudio reciente de científicos de la Universidad Nacional del Litoral, demostró que los peces del tramo inferior del Río Salado y el Paraná, que van desde San Justo hasta la provincia de Santa Fe, están contaminados por insecticidas, herbicidas y fungicidas de uso masivo en cultivos transgénicos de la región) con índices récord a nivel mundial para organismos acuáticos.

Córdoba es una de las provincias más afectadas por la crisis hídrica. Mientras premian a las empresas con tarifazos, miles de vecinos no tienen agua y no se realizan obras de mantenimiento. Hay numerosas denuncias judiciales sobre el mal estado del Dique San Roque, que provee de agua a gran parte de la provincia.

En Río Negro, el gobierno habilita un emprendimiento privado de empresarios árabes en el nacimiento del Río Chubut. La privatización de estas nacientes significa que el control del flujo hídrico del cauce estará en manos de esos capitales extranjeros, quienes lo administrarán en beneficio propio, profundizando la crisis hídrica en toda la Patagonia.

Los responsables de este saqueo

La crisis hídrica es consecuencia de una política por parte de todos los gobiernos orientada a la especulación inmobiliaria, los emprendimientos mineros y petroleros, y el agronegocio. La clase capitalista contamina y derrocha millones de litros diarios de agua, mientras que avanzan en los desmontes y deforestación de bosques nativos en medio de una sequía histórica.

Las mineras utilizan enormes cantidades, mientras que son responsables por recurrentes derrames tóxicos, como ocurrió en el ultimo tiempo en San Juan, Rio Negro y Catamarca.

El fracking consume toda el agua de la región de Vaca Muerta, mientras los pueblos de la zona padecen por la falta de acceso a ella. El gobierno del Frente de Todos le entrega el Mar Argentino a las petroleras para realizar exploraciones off shore, con un grave impacto en la biodiversidad marina.

El capital agrario infesta con agroquímicos ríos y lagos que abastecen a amplias poblaciones del país. No es casual la designación de Antonio Aracre, exceo de Syngenta, como jefe de asesores del presidente. El Frente de Todos gobierna para el capital agrario y los Bayer-Monsanto, no para los pueblos fumigados.

Como si fuera poco, la respuesta de los gobiernos es reprimir y perseguir judicialmente a quienes se organizan en defensa del ambiente, como es el caso de Chubut y Catamarca, donde luchan desde hace décadas contra el avance de los emprendimientos mineros y por el acceso al agua. En la semana donde se cumplen 47 años del golpe de Estado genocida en nuestro país, todos los políticos capitalistas refuerzan la criminalización de la protesta.

Defendamos el agua

La defensa del agua requiere una lucha a fondo contra toda política económica ordenada por el FMI. Mientras la clase capitalista genera ganancias millonarias con sus negocios, quienes más sufren la crisis hídrica son los que también padecen la crisis habitacional, la desocupación o trabajos precarios, la falta de acceso a la salud y educación pública.

El punto de partida para desarrollar esa lucha es la organización independiente de todos los gobiernos, ya que para atacar nuestras condiciones de vida y el ambiente no hay grieta que valga. Hay que profundizar el camino de las movilizaciones populares de Chubut y Mendoza contra la megaminería, de Mar del Plata contra las petroleras, de la Asamblea del Paraná contra la contaminación industrial, las quemas y la especulación inmobiliaria, de los vecinos de las villas por la real urbanización de los barrios y el acceso al agua potable y cloacas. De los pueblos fumigados contra los agrotóxicos, de los pueblos originarios que resisten el avance sobre sus tierras. Por una ley de humedales y contra la creciente deforestación y los incendios.

Es la pelea que venimos llevando adelante desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero. Para garantizar el acceso universal al agua potable y ponerle un freno al saqueo y la depredación del ambiente, hay que echar a los políticos capitalistas con una izquierda que se plante y abra paso a una salida de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/ambiente/kicillof-un-lobbista-de-los-depredadores-del-mar-argentino