En el Día Mundial de los Humedales, volvió a resonar en nuestro país el extendido reclamo por la sanción de una norma que proteja a estos espacios vitales del avance de producciones agroganaderas e inmobiliarias, además de emprendimientos turísticos, portuarios o industriales. La preservación de los 600.000 kilómetros cuadrados de humedales que cubren más de un quinto del territorio nacional es una tarea de primer orden por sus beneficios ecosistémicos y su función sobre la biodiversidad, pero solo puede conquistarse mediante la lucha contra el Estado que actúa como garante de la depredación capitalista.

Durante el 2020 esta problemática dejó de ser un tema exclusivo de sectores interesados, como activistas y organizaciones socioambientales o las comunidades que residen en zonas de humedales, para convertirse en un tema de agenda nacional a partir de los devastadores incendios en el Delta del Paraná. Según información oficial relevada por el Ministerio de Ambiente, el año pasado se quemaron más de 1.150.000 hectáreas en casi todas las provincias, de las cuales una gran cantidad pertenece a humedales: solo en el Delta se incendiaron unas 329.000 hectáreas, una superficie equivalente a 16 veces la ciudad de Buenos Aires (La Nación, 2/2). En este cuadro, movilizaciones en todo el país reclamaron la sanción de una Ley de Humedales, con epicentro en los cortes del puente Rosario-Victoria.

Es una demanda largamente postergada, incluidos dos proyectos que fueron aprobados en el Senado pero cajoneados en Diputados en 2013 y 2016. Hoy existe en la cámara baja un proyecto unificado que cuenta con dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, pero tiene fijado aún un largo trayecto parlamentario. Sintomáticamente, fue excluido por el oficialismo del temario a tratar en las sesiones extraordinarias. La llave para destrabar esta situación pasa por la movilización popular, porque la preservación de los humedales solo puede garantizarse afectando fuertes intereses empresariales.

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios del 2020 fueron producto de la intervención de las personas, en su mayoría intencionales. Responde en primer lugar al avance de la frontera agrícola, incentivada además por una política económica que se circunscribe a la exportación de materias primas para recaudar divisas como garantía de repago de la deuda externa. Así es que, sea para destinar a cultivos o pastoreo del ganado, el capital agrario es uno de los sectores fuertemente involucrado en la ofensiva sobre los humedales en toda la Argentina. Esto deja en ridículo el supuesto compromiso que Alberto Fernández llevó a la cumbre por el clima, porque precisamente el cambio de uso de suelo del sector agrícola-ganadero explica un 37% de las emisiones nacionales.

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Pero hay además otros intereses. La especulación inmobiliaria, incluidos megaemprendimientos urbanísticos o comerciales, es otro de los factores que afectan fuertemente. En la cuenca baja del Río Luján que abarca los partidos de Tigre, Escobar y Pilar, “al menos 10.000 hectáreas de humedales sucumbieron al relleno en manos de los desarrolladores inmobiliarios”, según la organización Humedales en Red. Los municipios están a la cabeza de las rezonificaciones para avalar la construcción de barrios privados y otras actividades productivas, y la privatización de las costas. Como se ve, todos los niveles del Estado están implicados en el fomento de la depredación ambiental.

Luego pueden apuntarse también otros factores que afectan a los humedales, como la contaminación tanto por los deshechos industriales en los cursos de agua como por la acumulación de basura ante la desidia en el manejo de los residuos, o hasta por el uso de agrotóxicos.

A esto se suman nada menos que emplazamientos megamineros. Vale recordar que el secretario de Minería del gobierno nacional, Alberto Hensel, aprovechó su visita al Congreso a fines de noviembre para atacar explícitamente al proyecto de Ley de Humedales, objetando falsamente de que no contempla las diversidades ambientales en el territorio nacional y que bloquea actividades económicas. Su preocupación es que la sanción de la norma pueda trabar proyectos mineros en humedales cordilleranos, vegas o salares. No hay que olvidar que como funcionario sanjuanino participó de la ofensiva para dejar sin efecto la Ley de Glaciares en función de defender los negocios de la Barrick Gold en Veladero.

Así las cosas, la defensa de estos ecosistemas que brindan funciones esenciales como la mitigación del cambio climático por la absorción de carbono o la conservación de humedad, además de ser reservorios de una enorme biodiversidad, queda en manos de los trabajadores y la población en general. Fue el reclamo popular lo que logró un dictamen favorable que unifica una decena de proyectos en Diputados, con puntos progresivos como el establecimiento de una moratoria que prohíbe nuevas actividades hasta finalizado el ordenamiento territorial, o incluso la prohibición de arrojar residuos o sustancias contaminantes -incluido agrotóxicos.

Los puntos débiles del proyecto unificado son su bajísimo financiamiento, fijado en solo el 0,3% del presupuesto nacional para el Fondo Nacional de Humedales; las multas irrisorias para quienes violen las disposiciones, y que deja en manos de un consejo consultivo compuesto por funcionarios estatales el seguimiento de la implementación de la ley. Por el contrario, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda contemplaba la conformación de consejos autónomos compuestos por distintos representantes de las comunidades locales con poder de veto, para enfrentar los lazos entre el Estado y los capitalistas que terminan haciendo letra muerta de las normas ambientales (como sucede con la Ley de Bosques o la Ley de Glaciares). Para imponer la sanción de la mejor norma posible, es necesario redoblar la pelea en las calles.

De fondo, la protección real y definitiva de los humedales exige una reorganización productiva del país sobre nuevas bases sociales, quebrando el sometimiento colonial al FMI y los pulpos imperialistas como los de los agronegocios. La tarea es derrotar el rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández basado en los incentivos al complejo sojero, los subsidios al fracking, la avanzada megaminera, o iniciativas como el acuerdo con China para instalar factorías de cría industrial de cerdos; una política dictada por el capital financiero para asegurar el repago de la deuda externa. La salida es encarar un plan de desarrollo nacional debatido y dirigido por los trabajadores, en función de armonizar las necesidades sociales con el cuidado del ambiente y de la calidad de vida de la población. Esa es la perspectiva por la cual lucha Tribuna Ambiental.

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