Luego de la difusión de la foto del encuentro que mantuvo en la Casa Rosada Alberto Fernández con la actriz Liz Solari y el titular de la Unión Vegana Argentina, Manuel Martí, en la que se ve al presidente con un cartel que cuestiona el acuerdo porcino con China, los funcionarios del gobierno salieron a refrendar las tratativas por la instalación de granjas industriales de cerdos y a pisar el acelerador para el desembarco de los capitales chinos.

Primero Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, se apuró a declarar ante los medios que “sigue en pie” la política oficial de avanzar en el acuerdo porcino. Luego, como representante de la embajada argentina en China, Sabino Vaca Narvaja se reunió con directivos de la empresa estatal China Animal Husbandry Group para acelerar el desembarco de las factorías en nuestro país.

Tras esa cita Vaca Narvaja salió a dar precisiones acerca del sistema de “granjas inteligentes”, presuntamente sustentable, de “alrededor de 10.000 madres cada una”. Independientemente del enorme impacto ambiental de estas megagranjas, es evidente que este tamaño, de gran escala para los campos argentinos, refuta cualquier “integración entre grandes y pequeños productores”, ya que solo será accesible para grandes capitales.

El esquema es que grandes empresarios del agro local se asocien a pulpos chinos como CAHG. Como con diez o doce granjas industriales de esa magnitud se duplicaría la producción de carne porcina en el país, es probable que no solo se destine a la exportación sino que parte de la producción termine desplazando a otros competidores menores del mercado interno. Es decir que parte de las consecuencias de la puesta en marcha de este acuerdo será la concentración del mercado… en manos de capitales chinos.

Otra impostura de la embajada argentina en el país asiático es la afirmación de que los estímulos que representarán estas granjas industriales a la producción de maíz, para alimentar a los cerdos, permitirán “reducir la tendencia hacia el monocultivo de la soja”. Es un fraude, porque en definitiva este acuerdo porcino no es más que otra de las garantías que se ofrecen en la mesa de negociación con el FMI para recaudar las divisas necesarias en función de cumplir con el repago de la deuda externa. En ese sentido, la soja sigue ocupando un lugar privilegiado en la política económica oficial, motivo por el cual Alberto Fernández en persona asistió a una planta del pulpo chino Syngenta para participar del anuncio de exportación de 1,2 millones de toneladas de porotos de la oleaginosa a China. En todo caso, los cultivos de maíz seguirán avanzando sobre la frontera agropecuaria, agravando la deforestación y las quemas.

Esa será otra de la consecuencias ambientales de la asociación entre grandes capitales agroganaderos. Como el maíz que se produce es crecientemente transgénico, se intensificará el uso de agrotóxicos de los Bayer-Monsanto y Syngenta que atentan tanto contra la productividad posterior de suelo como contra la salud de la población. No puede ser de otra manera, cuando toda la rama está dominada por el gran capital, es su mayoría extranjero. Hay un claro avance de las inversiones chinas en este terreno, ya que -mucho más que las porcinas y que Syngenta- Cofco se convirtió en 2019 en la mayor exportadora del país, con un 15% de las ventas agroindustriales al exterior. Si se cuenta además al puñado de pulpos yanquis y europeos, la proporción de la venta de la cosecha en manos de multinacionales asciende hasta cerca de los dos tercios.

No es un dato menor que los funcionarios hayan reaccionado enérgicamente ante el disgusto que generó la foto de Alberto Fernández, para evitar que entorpezca la relación exterior con el gobierno de Xi Jinping. Es que las tratativas por la exportación de carne de cerdo no son más que un capítulo de toda una relación comercial subordinada y deficitaria, en la que se exporta producción primaria y se importa maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas y productos químicos. Ahora el gobierno apuesta a incorporar a la Argentina en la Nueva Ruta de la Seda, con el objetivo primordial de sumar puntos para ligar créditos del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Como la guerra comercial enfrenta al gigante asiático con Estados Unidos, el gobierno compensa ello con nuevos gestos para congraciarse con el imperialismo yanqui, tal como reflejan las negociaciones con el Fondo y el acercamiento a Bolsonaro y Lacalle Pou. Es la antítesis de cualquier camino de independencia.

Por todo eso, el acuerdo porcino con China no representa el más mínimo avance en dirección a la tan patrocinada soberanía alimentaria, ni aún al presunto desarrollo nacional que pregonan los funcionarios. En realidad, como es conocido, los capitales del país asiático no solo se trasladan a Argentina porque sus costos de producción se reducen a la mitad, sino por el desastre sanitario ocasionado por la Peste Porcina Africana que obligó a sacrificar a un millón de animales solo en 2019. Es por esta orientación de fondo que la puesta en marcha de este convenio acarreará gravísimas consecuencias ambientales.

La propagación fulminante de la PPA responde en forma directa a la escala de la granjas industriales, los molinos procesadores de piensos para animales y las plantas de procesamiento de carne, que hicieron inmanejable la contaminación y los riesgos de emergencia de enfermedades. Por ese motivo el brote fue incontenible, y derivó en la quiebra de 40 millones de pequeños productores chinos en los últimos años.

Los cerdos son particularmente propensos a los contagios de cepas virales. De hecho, fue por las condiciones de cría industrial de porcinos que se propagó el virus Influenza A que ocasionó la pandemia de la gripe H1N1 en 2009 y 2010, que llegara a infectar al 15% de la población global. Con estos antecedentes es que las organizaciones socioambientales sostienen que la política del gobierno redundará en una “fábrica de pandemias”. El riesgo sanitario, y el riesgo económico que conlleva, serían así asumidos en su totalidad por nuestro país; un botón de muestra de un rumbo colonial.

De hecho, es por esta propensión a la difusión de enfermedades en las granjas industriales de cerdos que este tipo de producción de carne insume una gran cantidad de antibióticos y antivirales. Esto lo que explica el interés del laboratorio de biogénesis Bagó en que se concrete este acuerdo; otro retrato de quiénes serán los beneficiarios reales y quiénes los perjudicados. Por otro lado, la instalación de estas granjas industriales generará un salto en la contaminación del aire, el suelo y el agua por el incremento de desechos, y además se estima que por cada kilo de carne de cerdo se consumirán 6.000 litros de agua. No hay nada de “sustentable”, pero la única sustentabilidad que preocupa al gobierno nacional es la de la deuda, o más bien la de los acreedores internacionales.

A partir de la difusión del rechazo a la instalación de estas megagranjas porcinas es que el gobierno nacional había resuelto que los primeros pasos de la puesta en marcha recaigan sobre convenios particulares de las provincias. El gobernador oficialista de Chaco, Jorge Capitanich, dio el puntapié al firmar con empresas chinas la apertura de tres de estos emprendimiento en la provincia. Es una vía factible, porque los gobernadores son los guardianes de los intereses de los pulpos de los agronegocios.

Fue el cuestionamiento popular al anuncio realizado a mediados de año por el canciller Felipe Solá, sobre las tratativas para firmar el memorándum de entendimiento con China, lo que retrasó su aplicación. Las movilizaciones nacionales de fines de agosto, y en septiembre en la huelga mundial por el clima, hicieron recular a la Cancillería que comunicó la postergación del acuerdo confesando que no estaba previsto el menor estudio de impacto ambiental, y ni siquiera mecanismo alguno para garantizar el cumplimeinto de la normas ambientales ya vigentes. En noviembre y diciembre nuevas acciones de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, incluyendo acampes y festivales en la Plaza de Mayo, mostraron la vitalidad de este movimiento y la voluntad de mantener el rechazo en las calles hasta derrotar esta política del gobierno. Allí es donde se definirá este partido.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero ligamos el rechazo al acuerdo porcino con un programa de reorganización productiva y social, que parte de la ruptura con el FMI y la reprimarización económica que es su consecuencia. Finalmente, para que el ingreso de divisas no redunde en una nueva fuga de capitales sino en un reinversión para favorecer un desarrollo nacional, es necesario nacionalizar el comercio exterior y dejar de pagar la deuda externa usuraria y fraudulenta. Con los resortes de la economía bajo control obrero y popular, será posible una planificación productiva que contemple las necesidades sociales a la par que las condiciones ambientales y sanitarias.

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