Ambiente
27/10/2026
El Inta exoneró a Virginia Aparicio, perseguida por investigar la presencia de agrotóxicos en nuestra sangre
La directora del censurado Proyecto Sprint en Argentina fue sancionada para disciplinar la ciencia a los agronegocios.

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El Inta exoneró a Virginia Aparicio, una científica que investigó los efectos de los agroquímicos sobre las personas y los ecosistemas, lo que puso de manifiesto el enorme perjuicio que generan. Organizaciones científicas y ambientales denunciaron que se trata de un acto de censura y persecución, así como también de un nuevo ataque contra la ciencia pública.
Proyecto Sprint
Aparicio estuvo a la cabeza del Proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea y organizado por la holandesa Universidad de Wageningen. El Inta había aprobado en 2020 su participación en él. Al año siguiente, emprendieron una investigación en la que evaluaron más de 200 plaguicidas. Por la gravedad de los resultados, el Inta censuró la difusión de los datos y las conclusiones, y decidió retirar a la Argentina del proyecto.
Lo que trascendió, sin embargo, es tenebroso. Dectaron glifosato en el 86,1% de las muestras de orina de las personas analizadas y en el 100% de las muestras de materia fecal. En sangre, en tanto, se halló una combinación de múltiples plaguicidas (entre 2 y 10 tipos distintos) en la totalidad de las muestras. Si bien estos hallazgos no establecen por sí mismos una relación causal con enfermedades, existe evidencia científica que demuestra que el glifosato puede hasta provocar cáncer o alteraciones embrionarias.
Por otro lado, se encontró clorpirifós (insecticida) en el 37,7% de los participantes argentinos, mientras que en los europeos hallaron un 3,7% promedio; y entre 7 y 53 plaguicidas en el aire en Mar del Plata, Balcarce, Necochea y Tandil.
Las autoridades fundamentaron la exoneración en supuestas irregularidades financieras, en el envío de muestras al exterior y en el manejo de datos de carácter confidencial. Pero la financiación provenía de la UE, el envío de muestras al exterior estaba estipulado en el protocolo internacional y los datos de los participantes debían ser resguardados, según la defensa, que rechazó las acusaciones (Anred, 26/10).

Intereses sociales
Los ataques contra Virginia comenzaron hace tres años. La exoneración significa que no podrá ejercer nunca más en el Conicet ni en el empleo público nacional. Se trata de la sanción más grave que puede recibir un trabajador estatal en Argentina. Impera una política de censura que se ha visto también con la prohibición que dispuso el Inta sobre la utilización de conceptos como "agroecología", "cambio climático" y "biodiversidad".
Con todo, queda de manifiesto que la investigación científica está subordinada a la acumulación de capital y los intereses sociales de la clase dominante. Los datos que se difundieron dan cuenta del daño en muchos casos irreparable contra la salud y los ecosistemas que produce el uso de productos fitosanitarios. Estos son utilizados por los capitalistas del agro para aumentar la productividad de la tierra y obtener una rentabilidad extraordinaria. Es un negocio que envuelve también a empresas que producen herbicidas a base de glifosato como Bayer-Monsanto o Syngenta.
Esta confluencia entre el sistema científico del Estado y los capitalistas se vio también en la aprobación del trigo transgénico HB4 bajo el gobierno de Alberto Fernández, contra el rechazo masivo de investigadores e investigadoras, que fue suministrado a la empresa Bioceres.
Como parte de todo esto, la Legislatura misionera derogó a principios de septiembre la prohibición de glifosato en la producción de yerba mate. El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), más tarde, flexibilizó la autorización de distintos productos fitosanitarios.
Y como si fuera poco, en Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia anuló un fallo que protegía familias y escuelas rurales de las fumigaciones con agroquímicos. Ahora podrán realizar fumigaciones aéreas mucho más cerca de la población.
Milei busca reforzar la dominación de los capitalistas sobre el sistema científico argentino, con su privatización completa. En esta línea, ha venido avanzando en la aplicación de una política de recortes, despidos y destrucción salarial en el Conicet, así como también en el Inta. Y, además, reforzar el carácter primarizado de la economía argentina, aumentando su dependencia de las exportaciones y, por lo tanto, de una renta agraria obtenida sobre la base de métodos que entran en contradicción con la vida misma.
No a la exoneración
Abajo la persecución y la exoneración contra Virginia. Defendemos los puestos de trabajo en el Conicet y el Inta, y planteamos un sistema científico nacional controlado por los científicos y los trabajadores que contribuya al desarrollo de la técnica en beneficio del pueblo trabajador y a una verdadera transformación social.


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