Una vez más, los proyectos de Ley de Humedales han perdido estado parlamentario en el Congreso el 30 noviembre, lo que significa que toda nueva iniciativa deberá comenzar de cero su recorrido por las cámaras legislativas.

Esto sucede luego de que gran parte de los 14 proyectos presentados por estos años fueran unificados a fines de 2020 en un dictamen favorable de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación; entre ellos el del Frente de Izquierda. Ello, tras masivas movilizaciones en todo el país, con epicentro en Santa Fe donde la población expresó su hartazgo por las quemas en las islas del Delta del Paraná. El proyecto que aunaba presentaciones de oficialistas y opositores tenía asignado pasar por otras cuatro comisiones en la misma cámara baja, pero fue cajoneado por los bloques mayoritarios.

El reclamo por la sanción una Ley de Humedales tuvo una gran repercusión popular. Movilizaciones, caravanas náuticas, acciones en defensa de reservas naturales a lo largo y ancho del país, más de 650 mil firmas ciudadanas y el acompañamiento de decenas de organizaciones socioambientales. Los legisladores del Frente de Todos hacían demagogia con spots electorales pidiendo por la ley, los de Juntos por el Cambio reclamaron su tratamiento para la tribuna, pero unos y otros se encargaron de plancharla.

Estas dilaciones no se explican sino por el lobby del agronegocio, la especulación inmobiliaria y hasta las mineras, cuyos intereses promueve el gobierno nacional de Alberto Fernández en función de la recolección de divisas para el pago de la deuda externa. El propio secretario de Minería, Alberto Hensel, se pronunció contra el proyecto. Los desmontes y el envenenamiento con agrotóxicos para la expansión de la frontera agropecuaria arrasando humedales son un ejemplo palpable. Esta política se complementa con un fuerte recorte en el presupuesto para la protección de bosques nativos, que en muchos casos son reservorios de agua, o la poda en el Plan Nacional de Manejo del Fuego para combatir los incendios.

Frente a este panorama el movimiento ambiental tiene la tarea de relanzar un plan de lucha que revierta este retroceso momentáneo. Es la única manera de imponer este reclamo a los intereses de los capitalistas que depredan el ambiente, que dominan la agenda del Congreso. Solo una línea de acción va a arrancar la protección de estos ecosistemas, claves para la mitigación del cambio climático y las condiciones de vida de millones. Vamos por una nueva etapa que conquista la sanción de la Ley de Humedales y garantice su cumplimiento con la organización y control de los colectivos ambientales, la juventud y los trabajadores.