La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, atacó al pueblo chubutense en una conferencia de prensa oficial. Luego de que una semana de movilizaciones populares en la provincia obligara al gobernador Mariano Arcioni y la Legislatura a dar marcha atrás en la zonificación minera, Cerruti declaró que “hubo muchas cosas que se dijeron en Chubut que no son ciertas. No es cierto por ejemplo que estuviera comprometido el tema del agua por la explotación de esta mina”.

La vocera oficial de Alberto Fernández buscó de esa forma desautorizar el categórico “No es No” que el pueblo de Chubut volvió a sostener en las calles de toda la provincia. Es una posición insostenible, cuando la ley sancionada, promulgada y luego derogada comprometía una inmensa extensión de la meseta chubutense que abarcaba una porción de la cuenca del Río Chubut, única fuente de agua dulce que gran parte de la provincia. Si bien sobre el mismo no podían radicarse emprendimientos, sí podrían extraer agua y verter residuos tóxicos.

Esto en una región patagónica que atraviesa una profunda crisis hídrica, con desaparición de lagos y ríos, especialmente en la meseta; y cuando nuevos incendios asolan los bosques andinos, ante la ausencia de respuesta estatal por el ajuste en la áreas de manejo del fuego y conservación de zonas protegidas. El Chubutazo, que no es sino un nuevo hito de un pueblo que desde hace décadas se impone sobre le poderoso lobby de multinacionales y los sucesivos gobiernos, tiene motivos de sobra.

Cerruti no hace más que insistir en una política muy definida del gobierno nacional, que incluyó un rol activo especialmente del presidente Alberto Fernández, quien llegó a reunir en persona a los bloques de la Legislatura chubutense para lubricar la aprobación de la zonificación minera. Más aún, el mismo día en que caía la ley el ministro Matías Kulfas estaba reunido con Funes de Rioja y la pata minera de la UIA para fomentar la actividad. La promoción a la megaminería forma parte de la agenda oficial en cada visita a San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y hasta cumbres internacionales.

Es un fraude que la vocera presidencial afirme que desde la Casa Rosada “tienen un compromiso ecológico y entienden que la lucha contra el cambio climático en países de renta media como el nuestro tiene que tener un tiempo de inversión y de transición hacia otros tipos de economía y hacia energías renovables”. La realidad es que si a pesar de la resistencia popular (también con rebeliones en Mendoza y Andalaglá) insisten en viabilizar y promover megaemprendimientos mineros como el que la Pan American Silver buscar explotar en Chubut, es porque la multiplicación de las exportaciones de minerales forma parte de las garantías que ofrece el gobierno para cerrar un acuerdo de repago al FMI. De hecho, entre los estímulos al sector les redujeron las retenciones del 12% al 8%, cuando pagan regalías irrisorias.

Nada le quedará a la Argentina de la megaminería más que pasivos ambientales. El Chubutazo es un golpe a una de las columnas de toda la política de entrega del gobierno nacional.

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