En la provincia de Buenos Aires han quedado expuestas las brutales consecuencias del glifosato y los agroquímicos en general en seres humanos y animales. Cáncer, malformaciones y muerte, como los pueblos fumigados vienen denunciando desde hace años. En sus diferentes producciones, Buenos Aires es la que mayor cantidad de agrotóxicos aplica en todo el país, cuando Argentina es la principal consumidora de glifosato del mundo.

La mayor parte de la agricultura funciona a base de agroquímicos y transgénicos, dominado por empresas como Monsanto y Syngenta que venden las semillas genéticamente modificadas con todo el paquete de insumos químicos como herbicidas e insecticidas. Son el primer eslabón de una cadena copada por las corporaciones del capital agrario, con los pooles de siembra y multinacionales que después exportan granos desde sus propios puertos privados.

El gobierno del Frente de Todos siguió promoviendo el uso de agrotóxicos y profundizando la expansión de la frontera agraria a costa de quemas de humedales, desmontes y desalojos de comunidades campesinas y originarias. A comienzos de año el presidente Alberto Fernández designó como su nuevo jefe de asesores a Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta. Este hecho generó rechazo en el movimiento ambiental, con movilizaciones y juntadas de firmas, ya que implica una continuación de la política prosojera que solo deja enfermedades en los pueblos fumigados. La orientación del gobierno profundiza el saqueo de las tierras de nuestro país solo para recaudar dólar con el objetivo de cumplir con el FMI. Lo demostraron con las superganancias del agro con el dólar soja, mientras se disparan los precios de los alimentos.

Luchando podemos frenarlo

En La Matanza, el partido bonaerense más poblado, venimos de una conquista muy importante. Desde la banca del concejal Juan Romero, del Partido Obrero en el FIT-U, y la Asamblea de Vecinxs Envenenadxs por Glifosato, se presentó un proyecto de ordenanza para regular el uso de agrotóxicos en el municipio, que fue redactado colectivamente en espacios asamblearios. El texto final que se aprobó en el Concejo Deliberante de La Matanza sostiene los aspectos centrales. Es un gran triunfo de quienes luchan por un ambiente sin agrotóxicos.

En la Provincia de Buenos Aires decenas de pueblos se han organizado en contra del uso de las semillas transgénicas y los agroquímicos contaminantes que se utilizan para la producción agrícola. La experiencia de La Matanza demuestra que movilizados y organizados podemos ponerle un límite a los agronegocios contaminantes, y también garantizar el cumplimiento efectivo de estas normas que defienden la salud y el ambiente. Eso porque es necesario torcerle el brazo a los intendentes subordinados al lobby agrario, como mostraron en los últimos años votaciones en el CD de Ayacucho que aprobó fumigar a 100 metros de las casas o el de Exaltación de la Cruz que rechazó una ordenanza para ampliar las restricciones que hoy se mantiene en 150 metros.

Lo mismo vale para los casos en que se consiguieron fallos que restringen las fumigaciones en zonas pobladas, como es el caso de Pergamino, donde la larga pelea encabezada por las Madres de Barrios Fumigados logró en 2019 una medida cautelar de la Justicia Federal que prohíbe las aplicaciones terrestres con agrotóxicos a menos de 1.095 metros de la planta urbana y de 3.000 metros para aspersiones aéreas.

Es en este sentido que el diputado Guillermo Kane, desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, presentó dos proyectos de ley vinculados a esta lucha. El primero de ellos establece una distancia prohibitiva para toda la provincia, para no dejarlo en manos de ordenanzas municipales que varían rápidamente. Plantea un radio de protección de 4.800 metros linderos a las zonas urbanas, que sería casi el 40% de la superficie de siembra actual. El proyecto también prevé una fuerte regulación a los envases de agrotóxicos.

A su vez, promueve el uso de otras formas de agricultura y restricciones progresivas hasta terminar completamente con el uso de productos agrícolas tóxicos para el ambiente y las personas en la provincia, destinando los recursos para esa transición, a costa de los grupos capitalistas del agro.

Por otro lado, presentó también un proyecto de ley para la prohibición del trigo transgénico HB4 desarrollada por Indear, sociedad del Grupo Bioceres con el Conicet. Este tipo de trigo fue presentado como una novedad por ser resistente a la sequía y a la salinidad, pero lo que les interesa es su resistencia al glufosinato de amonio. Este un agroquímico 15 veces más dañino que el glifosato, con enormes padecimientos en la población por las enfermedades derivadas de la contaminación del agua y de la tierra. Además, este transgénico tiene un alto nivel de peligro de contaminar el resto de las cosechas de trigo. por lo que esta variante genética y los restos de agroquímicos terminarán en toda la producción de alimentos hechos a base a trigo, como el pan y los fideos.

El gobierno provincial del Frente de Todos, con el gobernador Axel Kicillof a la cabeza, a pesar de la demagogia de pregonar un “ambientalismo popular”, es claro impulsor del agronegocio contaminante, al igual que los intendentes de Juntos de Cambio. Lo ha demostrado con la apelación de la cautelar contra el trigo HB4, y al no derogar la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos escrita por el exministro de Agroindustria de Vidal y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, que ahora vuelve a entrar en vigencia.

Ponemos estos proyectos a disposición de los movimientos de lucha contra los agrotóxicos de toda la provincia de Buenos Aires para impulsar una fuerte campaña y movilización por su aprobación.

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