De nuestra consideración:

A lo largo de nuestra historia, la impunidad ha sido una constante que ha marcado la represión y los asesinatos por motivos políticos.

Desde la muerte nunca aclarada de numerosos próceres —Moreno, Castelli— hasta las innumerables masacres de éste y el pasado siglo, la justicia ha sido la gran ausente.

A partir de la dictadura militar de 1976/1983 —y del período inmediatamente anterior— crímenes aberrantes se contaron por decenas de miles, en un horror nunca antes vivido por nuestro pueblo.

También la impunidad se enseñoreó esta vez y, una vez más, se nos privó de la justicia.

Pero en esta oportunidad con un agravante: la impunidad se otorgó por ley. Las leyes Nº 23.492 llamada de “Punto Final” y Nº 23.521 llamada de “Obediencia Debida” impidieron el juzgamiento que, ante el desfile horripilante de testimonios en el juicio a los comandantes de las tres primeras Juntas Militares, había dispuesto la Cámara Federal en el artículo 30 de su sentencia (luego confirmada por la Suprema Corte de Justicia).

Muchos han sido los presuntos motivos para el dictado de estas leyes: el peligro de nuevos golpes militares, la “reconciliación nacional”, “hay que mirar para adelante”, “hay que cerrar las heridas”…

Pero uno sólo es el resultado de ellas: la repetición incesante de la impunidad. Porque el no juzgamiento de crímenes no sólo permite sino que incita a la repetición de los mismos.

La impunidad está instalada en nuestras instituciones.

Y no podía ser de otro modo.

730 represores fueron beneficiados por la ley de Punto Final; 379 por la Obediencia Debida y 43 desprocesados —en aplicación de estas leyes— por la Suprema Corte de Justicia.

De los que ha sido posible identificar, 301 pertenecían al Ejército, 295 a la Policía, 79 a la Armada, 45 a la Fuerza Aérea, 41 a la Gendarmería, 29 al Servicio Penitenciario, 25 a los Servicios de Inteligencia y 22 eran parapoliciales.

Ninguno de ellos ha sido separado de su cargo. Y, de no haber solicitado el retiro, permanecen en sus respectivas armas, no ya en sus puestos, sino en otros de mayor jerarquía.

Y desde allí delinquen, con el convencimiento que les da la impunidad de que gozan, sabiendo que —en estas circunstancias— la justicia difícilmente llegará para ellos.

Desde hace varios meses, a partir del asesinato de José Luis Cabezas, la ciudadanía ha dicho ¡Basta de impunidad! A una impunidad que impide el esclarecimiento de crímenes políticos, de los casos de “gatillo fácil”, de atentados terroristas como el de la AMIA y la Embajada de Israel, de casos como el de María Soledad Morales, en los que el Poder está implicado, y de los cada vez más frecuentes casos de corrupción.

Una sociedad no puede “ir para adelante” de esta manera.

Y la única manera de cortar de raíz con la impunidad es atacando sus raíces, las leyes que el Parlamento argentino votó.

Ningún legislador o candidato a serlo podrá hablar de justicia o criticar la impunidad mientras estas leyes no sean anuladas, y se pueda comenzar así a impartir justicia.

Es por ello que nos dirigimos a los partidos para solicitarles se expidan públicamente sobre su disposición a declarar esas leyes insanablemente nulas y a proceder a su anulación en cuanto estén dadas las condiciones numéricas en las Cámaras para llevar adelante esta voluntad política.

Asimismo les solicitamos una contestación a nuestra organización.

Los saludamos con nuestra consideración.

 

Por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.